litigación

interoperabilidad, innovación y soberanía

Antonio Lafuente — Sat, 15 Mar 2008 14:20:00 GMT

Microsoft parece haber entendido el mensaje que le llega desde las instituciones públcas y los movimientos ciudadanos: rechazamos sus prácticas monopolísticas, es decir contrarias a la innovación y a la soberanía.

El caso de Microsoft parece dar la razón a quienes vienen defendiendo que la transparencia cotiza al alza y es el eje al que inevitablemente deben engancharse las organizaciones que quieran sobrevivir al embate de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de sociabilidad. Contar los hechos, ver Ars Technica, no es fácil, pues son muchas las querellas contra las prácticas monopolísticas del gigante informático. Aunque ha perdido ya varios pleitos a ambos lados del Atlántico, hace lo posible para retrasar la aplicación de las sentencias. Así las cosas, el pasado día 21 la empresa hizo públicos cuatro documentos en cuyo título se hablaba de cambio de estrategia, apertura, portabilidad de datos e interoperabilidad.

deprimente control de los antidepresivos

Antonio Lafuente — Wed, 23 Jan 2008 12:01:00 GMT

Una década de malas prácticas bastan para asegurar que la regulación no obstaculiza la innovación, sino que debería garantizar la salud pública. Hablamos otra vez de las farmacéuticas.

Las farmacéuticas publican los datos que les convienen. Nuevamente, casi como todos los años, acabamos de enterarnos, vía New England Journal of Medicine (NEJM), (17 de enero), que en Estados Unidos se sigue practicando la publicación selectiva de los datos que favorecen los puntos de vista de las corporaciones. El estudio da publicidad a un escándalo, o mejor aún, como se explica en The Wall Street Journal, a otro de los muchos escándalos que persiguen a este sector de la investigación y la industria en el mundo.

ciencia reguladora y mundo común

Antonio Lafuente — Wed, 28 Nov 2007 15:15:00 GMT

La relación entre ciencia y derecho es cada día más intensa y también debería ser más visible y abierta

Todos los días se hacen encuestas para saber cómo respira la gente y, en particular, cómo perciben el riesgo de introducir la nanotecnología en la vida cotidiana. Y, para sorpresa de los más, nos hemos enterado de que la gente tiene menos prevenciones que los expertos. Todo el mundo está de acuerdo en que hay un futuro nanotecnológico preñado de promesas de salud, progreso y bienestar, pero los investigadores quieren más cautela de la que se aplica cuando se menciona el impacto sobre el medioambiente. Curiosa situación, pues estamos en un escenario en el que los científicos se verían obligados a dar unas explicaciones que nadie pide.

peer review en los tribunales de justicia

Antonio Lafuente — Sat, 07 Jul 2007 12:25:00 GMT

Algunas sentencias judiciales basadas en peritajes científicos han suscitado un conflicto de interpretaciones entre estadísticos.

El 24 de marzo de 2003, Lucia de Berk fue condenada por un tribunal de La Haya por haber asesinado o intentado asesinar a varios pacientes en dos hospitales en los que había trabajado, el Juliana Kinderziekenhuis y el Rode Kruis Ziekenhuis. Pero, la sentencia no dejó satisfechos a varios profesores de matemáticas holandeses, pues aseguran que, como se explica en Bad Science, se basa en un razonamiento estadístico viciado y vulgar.

manufacturar incertidumbre

Antonio Lafuente — Fri, 17 Feb 2006 09:14:00 GMT

David Michaels acaba de ser premiado por la AAAS por haber sabido defender la integridad del trabajo científico contra las presiones del gobierno y de las grandes corporaciones. [Antonio Lafuente]

La organización científica más grande del mundo (262 sociedades afiliadas que agrupan a 10 millones de individuos), la American Asociation for the Advancement of Science (AAAS), editora de la revista Science (1 millón de lectores), celebra estos sus días su congreso anual en Saint Louis (Missouri).

Como todos los años otorga un puñado de premios en varias especialidades. El que aquí queremos recordar es el Award for Scientific Freedom and Responsibility otorgado a David Michaels, profesor en el Departamento de Salud Ocupacional y Medioambiental de la Universidad de Washington. Su mérito es doble: probar que legal no es lo mismo que seguro y explicar que las convicciones científicas se alcanzan por consenso.

Harvard premia a Erin Brockovich

Antonio Lafuente — Tue, 18 Oct 2005 01:14:00 GMT

Harvard reconoce que la litigación es una forma legítima de participación ciudadana en ciencia. [Antonio Lafuente]

Harvard School of Public Health (HSPH) ha concedido su más alto galardón, el Julius Richmond Award, a Erin Borockovich, la californiana que inspiró la película que, tras la espléndida interpretación de Julia Roberts, no sólo la catapultó a la fama, sino que la convirtió en un icono de las luchas ciudadanas en defensa de la salud y el medioambiente.

Quienes vieron la película, supuestamente "basada en un hecho real", recordarán que Brockovich/Roberts le ganó un pleito a la Pacific Gas and Electricity por haber contaminado el agua potable de la ciudad de Hinkley (California) con cromo 6, una sustancia cancerígena. La sentencia implicó una indemnización para los afectados de 333 millones de dólares, una prima de otros 2 milllones para la luchadora y, lo más importante, fue una de las primeras class action, un juicio en el que los grupos de consumidores o afectados pueden querellarse colectivamente alegando prácticas abusivas de alguna empresa.

El galardón se entrega hoy 18 de octubre y ha provocado un alud de manifestaciones de protesta. La presidenta del American Council on Science and Health, un think tank de orientación conservadora radicado en New York, ha lanzado sobre Harvard los calificativos más duros, hablando de que la verdad ha muerto al premiarse a un personaje que nada sabe de bioquímica o medicina y que sólo vale para un poster que anuncie la ciencia basura (junk science). Entre otras, se hace la siguiente reflexión: "Llevo mucho tiempo afirmando que la salud pública no es una ciencia, ni una discplina seria. Es un movimiento ideológicamente impulsado, que desdeña la ciencia y los hechos. El así llamado "movimiento por la salud pública" tiene poca, si alguna, relación con proteger la salud y mucho con atacar la rentabilidad del sistema, la libre empresa y los valores tradicionales, usando los tribunales para manipular y redistribuir la riqueza".

Está claro que la ACSH no está de broma y ha emprendido una campaña (apoyada por Spiked y otros medios) para desprestigiar a la Brockovich y, de paso, cuestionar la legitimidad de la ligitación como una de las formas de participación ciudadana en ciencia. Michael Fumento explica que la sentencia se pronunció sin pruebas y presenta muchos datos de gran interés. Concluye que este tipo de batallas deben resolverse con más ciencia y menos presión mediática.

Lo que ha hecho Harvard, dicen sus muy enfadados críticos, es desacreditase de forma irreparable y dar aliento a los muchos carroñeros (de la ley, de la ciencia y de la prensa) que viven del bullicio y se aprovechan del miedo. Una polémica interesante que, cuando baje el tono agrio que todavía tiene, tal vez nos permita discutir con serenidad el nuevo papel de los abogados, los legisladores, los media, los activistas y los jurados en la resolución de debates científicos.

¡demuestre que está enfermo!

Antonio Lafuente — Fri, 26 Aug 2005 03:49:00 GMT

La relación entre exposición a campos electromagnéticos y salud vuelve a la actualidad y, aunque los científicos e ingenieros siguen disputando sobre la pertinencia de este vínculo causal, lo cierto es que hay mucha gente prisionera de una enfermedad inexistente. [Antonio Lafuente]

Hoy nos enteramos, vía Terra, de que el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, admitió a trámite la querella presentada por dos vecinos de Majadahonda contra Iberdrola por la muerte desde 1984 de 43 personas (26 con cáncer y 17 por problemas cardiavasculares), todos vecinos cercanos a un transformador.

Los denunciantes forman parte de un creciente movimiento vecinal que atribuye graves efectos sobre la salud a las altas dosis de radiación electromagnética emitidas por algunas instalaciones industriales, como las subestaciones eléctricas, los tendidos de alta tensión, las antenas de telefonía móvil o el ya mencionado transformador. En este caso, lo que piden los afectados es que se realice un estudio epidemiológico que trate de aclarar la posible relación existente entre los dos fenómenos: el inexplicable aumento del índice de mortalidad en un enclave urbano y la existencia de una fuente emisora de ondas.

El tema no es nuevo. Ya en 1979, Nancy Wertheiler y de Leeper, mostraron que había cierta correlación entre leucemia y tendidos alta tensión. Y poco a poco la inquietud fue extendiéndose. Desde finales de la década de los ochenta las autoridades norteamericanas han arbitrado los conflictos reconociendo que, aún cuando falten pruebas incontestables, debía aplicarse el principio de precaución. En 1993, sin embargo, la gente estaba muy alarmada, como lo prueba la existencia de más de 250 asociaciones que se consideraban afectadas por los campos electromagnéticos (CEM, en inglés EMF).

Los litigios fueron el principal instrumento de participación de los activistas en la toma de decisiones. Pero, sin duda, fueron las páginas electrónicas las que dieron al movimiento una visibilidad inesperada. Desde entonces, muchos estudios científicos que alimentaban la sensación de desamparo público, fueron difundidos a través de Gauss Network (1993), (1994), MicrowaveNews (1995), PowerWatch, y > (1996), cerrada en 2003, pero todavía accesible y en parte continuada en Wave Guide. En la práctica, en 1993, el 63% de los norteamericanos declara (lo cuentan Sims & Dent) ser consciente del problema de los campos electromagnéticos, un porcentaje que duplicaba el de 1989 (31%). Más aún, casi el 50% respondieron que estaban extremadamente preocupados.

En España también parece prosperar la vía jurídica para forzar la aclaración de este inmenso embrollo. Entre los hitos, hay que recordar a la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (ACAAT) que le ganó un pleito ante el Tribunal Supremo al gobierno de Cantabria por la instalación de la línea Soto de Ribera-Penagos de 400.000 voltios, una decisión que incumplía la directiva europea sobre Evaluación de Impacto Ambiental de 1997. No obstante, el mayor éxito que han logrado las asociaciones contra los CEM fue la Recomendación 7/1997 del Defensor del Pueblo que sobre líneas de alta tensión (LAT) presentó al Congreso de los Diputados porque se daba credibilidad a quienes afirmaban que las LAT tenían efectos biológicos, cuyos síntomas eran cefaleas, fatiga crónica, depresión y debilidad muscular.

El movimiento, pese a contar con poderosos enemigos, ha venido cosechando otros significativos éxitos. El 13 de febrero de 2001 la Audiencia Provincial de Murcia ratificó la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia Nº 6 contra Iberdrola -la primera en España y una de las primeras de la comunidad europea- obligándola a, por una parte, indemnizar a los vecinos de un inmueble y, de la otra, a reducir (de 1 a 0.3µT) la penetración de los CEM emanados de un transformador. La sentencia, como vemos, no se adentraba en el espinoso tema de los efectos (ficticios o no) de la radiación sobre la salud, sino que solamente se defendía el derecho de los consumidores a habitar un entorno no polucionado.

Desde 1992, año en el que supuestamente fue probada la influencia de la radiación en los niños, la discusión no ha perdido intensidad. Según el informe (2001) promovido por la International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) era muy preocupante la carencia de modelos consensuados sobre los métodos y unidades de medida que debían conducir a determinar los umbrales tolerables de exposición. Otra revisión en el 2004 de la cuestión, también de la misma ICNIRP, concluye que no hay vínculos causales probados, pero la incertidumbre remanente impide elevar a definitiva una conclusión sobre la inocuidad de los campos electromagnéticos. De hecho, estamos ante un campo nuevo de investigación que involucra numerosas ramas del saber, desde las neurociencias y la bioquímica, hasta la psicología, la física y el urbanismo. Más aún, hablamos de efectos, si los hubiera, a largo plazo y aún no ha transcurrido tiempo suficiente desde que, por ejemplo, se generalizó el uso de los móviles. Este y otros problemas (como, por ejemplo, los derivados de la proliferación y uso de substancias químicas en las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y textil) tiene algo compartido y difícil de manejar, pues en todos los casos aparece un sujeto que dice sentirse muy mal y que además atribuye a un agente exterior (químico o radioeléctrico) la causa de su padecimiento.

Aquí los juicios sumarios sobran. Hay varios aspectos del enredo imposibles de eludir, pues es imposible olvidar la desesperación de gentes que ante las cámaras afirman padecer graves alteraciones de sus ritmos vitales desde la instalación próxima a su vivienda de un nodo de antenas. Que no sean científicos, no implica que sean estúpidos. También es ineludible admitir que sufrimos un bombardeo de informaciones contradictorias tan intensivo que resulta casi imposible formarse criterio, incluyendo entre los afectados a los propios técnicos e investigadores. En 1999 se hizo un estudio en Inglaterra sobre las noticias aparecidas en los medios y las conclusiones, no por esperadas, fueron menos preocupantes, pues el 79 % insinuaba consecuencias adversas sobre la salud y sólo un 9% alegaban falta de evidencias contrastadas. Parece obvio que con las malas noticias se hacen grandes titulares.

En todo caso en este, como en otros problemas alimentarios y medioambientales, en los que los ciudadanos funcionamos como conejillos de Indias lo razonable es exigir que, si es inevitable que formemos parte del experimento, también participemos en su diseño, así como en la evaluación de los resultados. En todo caso, no parece razonable exigir a los afectados que sumen nuevas perplejidades a su situación, pues junto a la impotencia que experimentan por un padecimiento sin nombre y, por tanto, no reconocido e inexistente, la penitencia de tener que demostrar su enfermedad, es decir, que no están locos, ni han caído presos de una secta de sociopatas radicales.

tecnocidanos

Antonio Lafuente — Fri, 08 Apr 2005 01:49:00 GMT

tecnocidanos es un neologismo que se forma de la hibridación entre tecnociencia y ciudadanos. Los tecnocidanos son todos esos ciudadanos expertos que proliferan en esta era tecnocientífica.

No es sencillo conceptualizarlos, aunque sea muy fácil visualizarlos. Son tecnocidanos, entre otros, los miles de hackers que dominan las TIC, como también todos los ciudadanos cuyas preocupaciones medioambientalistas o sanitarias les han conducido hasta la lectura y discusión competente de temas especializados y hasta muy recientemente reservados al mundo académico.

Siempre hubo gentes con una enorme afición por la astronomía, la ornitología o la arqueología, por sólo citar algunos ejemplos muy conocidos. Sabemos que estos colectivos son muy diversos, además de celosos defensores de su identidad amateurs, lo que no impide que podamos decir que su contribución a la expansión de la ciencia ha sido más decisiva de lo que los historiadores les han reconocido.

Durante las primeras fases del desarrollo de la radio, la electricidad o el teléfono, aparecieron numerosos grupos de ciudadanos que lucharon para impedir que el desarrollo de estas tecnologías derivase hacia su monopolización financiera, centralización administrativa y privatización tecnológica. Sus luchas de entonces nos recuerdan las batallas más recientes a favor del software libre, el copyleft y el wireless.

También tenemos otras lecciones que aprender de los movimientos antinucleares de la década de los 60 o de los afectados por el SIDA en los 80. En ambos casos, surgieron ciudadanos que no aceptaron dejar en manos de los expertos asuntos de tanta trascendencia política y social. Aparecieron colectivos que lograron apropiarse del lenguaje técnico y expresar sus inquietudes en unos términos que no pudieran ser ignorados por los propios ingenieros o médicos. Y así es como algunos ciudadanos trataron de compatibilizar la necesidad del rigor con la voluntad de ser solidarios.

Pero hay más. Todos los días brota en la red una nueva página que vertebra a familias afectadas por una enfermedad calificada de incurable. El origen de estos grupos de afectados es muy parecido. Siempre hay una primera persona que no acepta el ultimátum de un diagnóstico fatal y que acude a Internet buscando información para alimentar su esperanza. Nunca falta tampoco quien, emulando la deriva emprendida en la década de los ochenta por los enfermos del SIDA, pierde el miedo al lenguaje y decide profundizar en las bases de datos médicas. Y como el interés agudiza el ingenio y espolea la voluntad, el amateur se convierte en experto y así comienza a discutir con científicos sus propias hipótesis sobre la enfermedad.

¿De qué hablamos? De la citizen science, de las sciences citoyennes, de un cataclismo que está socavando las estructuras del saber y que, en definitiva, anuncia un mundo en el que ya no tendrá cobijo la vieja imagen de la ciencia que creaba barreras infranqueables entre los sabios y los legos o entre la academia y la urbe.

De todos los nuevos mecanismos de participación ciudadana en ciencia, ninguno es más espectacular, ni cuestiona con mayor fuerza el dominio sobre el saber de las corporaciones, académicas o empresariales -si es que todavía pueden hacerse estas discriminaciones tan características del siglo pasado-, que el movimiento vinculado al open source, el open content y al Open Access.

Mucho se discute acerca de si estas iniciativas son el germen de un nuevo contrato social, basado en ideales comunitaristas, filantrópicos, descentralizados, horizontales, abiertos, como los únicos valores capaces de restaurar en toda su amplitud las nociones de bien común, libre acceso al conocimiento, y gestión coparticipativa en los proyectos.

En fin, tecnocidanos nace para darle importancia a estos procesos y con la clara voluntad de convertirse en una referencia en lengua castellana para quienes estén interesados en los distintos movimientos que reclaman mayor participación ciudadana en ciencia.