El concepto de ciencia normativa suele aplicarse, siguiendo la senda abierta por Charles S. Pierce, al derecho, la ética o la economía, pues se trata de saberes obligados a conectar explícitamente los fenómenos estudiados con los fines perseguidos. Hay, sin embargo, motivos suficientes para explorar hasta qué punto las ciencias - en particular, las medioambientales y sanitarias- también son normativas. Los recientes debates sobre el cambio climático o el diseño inteligente han puesto de actualidad la reflexión sobre dónde poner la divisoria entre lo que es y no es ciencia. Muchos científicos están alarmados por la contaminación de los debates científicos con consignas políticas.
El libro reciente de Cris C. Mooney ha proporcionado abundantes ejemplos de cómo el gobierno de Bush se ha entrometido en multitud de debates (calentamiento global, emisiones de CO2, contaminación química, evolucionismo, psicofármacos, aborto,...) disfrazando de científicos argumentos claramente políticos. Y es justo reconocer que, aunque deba hablarse de grados de corrupción o intolerancia, estamos tratando un asunto que afecta a izquierdas y derechas.

Ciencia normativa, como la define Robert T. Lackey, "es información que es desarrollada, presentada o interpretada a partir de la adopción de alguna preferencia, generalmente inestable, de alguna opción política". El problema está claro. Y la cuestión es saber cuánta política hay en la ciencia y cuánta ciencia hay en la política. Un asunto que queremos abordar al margen de otras viejos comercios de los científicos con el poder, del que, como sabemos, dependen para la obtención de los recursos.

Pongamos un ejemplo, siguiendo el razonamiento que hace Roger A. Pierce Jr. en Forests, Tornadoes, and Abortion: Thinking about Science, Politics, and Policy. Una comunidad cercana a un río se reúne para discutir sobre cómo oponerse a la construcción de diques que impiden la circulación de los salmones y que, en consecuencia, están destruyendo la cultura de la pesca y, afirman, viejos equilibrios ecológicos. En un momento de la discusión llega alguien que grita diciendo que se acerca un tornado y que debe abandonarse de inmediato el lugar de reunión. No todo el mundo, sin embargo, está de acuerdo en que la amenaza sea tan inminente y pide tiempo para acabar de discutir el primer tema que tenían que consensuar, y abordar el segundo asunto que les convocaba: decidir si la comunidad aceptará que en sus hospitales se practique libremente el aborto. La gentes se dividen entre quienes se oponen (pro-vida) y quienes lo apoyan (pro-libre elección). Aquí termina el experimento mental. Lo que hemos planteado son tres casos en los que la ciencia siempre está involucrada. ¿Cómo deben comportarse los científicos? ¿Qué esperan de ellos los políticos y los ciudadanos?

Está claro que en el caso del aborto la ciencia no tiene nada que decir. Más aún, sobran quienes dan a sus convicciones morales la apariencia de estar basadas en hechos científicos. En relación al tornado, también está claro que lo que se necesita para decidir es más información y lo razonable sería poner la radio para escuchar lo que está diciendo el servicio meteorológico. En este caso, entonces, la información científica desempeña una función crítica.

El asunto de los diques es más complicado, pues la defensa de los salmones puede enfrentar a los agricultores con los ecologistas, como también suele ser frecuente el desencuentro entre los distintos actores (políticos, científicos, activistas, expertos). Salvo que se crea que sólo la naturaleza primitiva está exenta de culpa y que, en consecuencia, es la única que debe restaurarse y preservarse hay que admitir que no toda intervención humana es para peor. En definitiva que muchos asuntos, en especial los medioambientales y sanitarios, no son tan fáciles de resolver como los ya mencionados del tornado y el aborto.

La información científica sirve para comprender los motivos y las consecuencias de cada una de las alternativas en litigio, pero también es verdad que, simultáneamente, cada una de las opciones posibles está construida alrededor de valores que sostienen una pluralidad de formas de ver el mundo. Y, en definitiva que la ciencia no puede automatizar las respuestas sin riesgo de destruir la trama de lo social.

Los científicos entonces deben extremar las precauciones para no mezclar los diferentes gestos posibles, lo que no quiere decir que para asegurar la neutralidad los científicos puedan (o tengan) que permanecer al margen de los valores. Sabemos que proliferan las declaraciones en las que se confiesan devotos de la neutralidad, pero no ignoramos que delante de asuntos complejos (complejos, que no difíciles!) no basta con tener buena voluntad. De hecho, los dos casos estudiados por Lackey (pesquerías) y Pielke (bosques) confirman que la ciencia sólo deja de ser normativa cuando las decisiones se toman en un contexto donde los consensos sociales sobre valores y prioridades son muy amplios.