Las malas prácticas en ciencia son un objeto de preocupación creciente como corresponde a una sociedad que cada vez delega más en sus expertos. Disponer de buenos peritajes, separar las pruebas de los intereses, contar con hechos contrastados, son actividades que dejaron de ser de la incumbencia exclusiva de los científicos para tener muy amplias resonancias en los más diversos ámbitos de las políticas sanitarias, medioambientales, energéticas o agroalimentarias. Nadie discute la importancia de las buenas prácticas, pero los estudios con los que contamos arrojan conclusiones inquietantes. Según un reciente estudio publicado en Nature la punta del iceberg del fraude científico estaría rondando porcentajes cercanos al 9% de lo que se publica.


La Office of Research Integrity, responsable del estudio y organismo nacional creado en USA para investigar las sospechas de fraude científico, elabora cada año una media de 24 informes sobre casos sospechosos de research misconduct (practicas irregulares de investigación). Las actuaciones de la ORI se producen a petición de las instituciones académicas cada vez que alguno de sus miembros es acusado de una conducta irregular o, en otros términos, de haber ocultado, inventado, manipulado o copiado datos para favorecer las conclusiones que mejor se acomodan a sus intereses, incluido el de redondear los datos para que las conclusiones de su trabajo merezcan el favor de alguna revista de prestigio y así poder publicar un papers.

El estudio aludido afirma que la cifra de artículos sospechosos debe ser de unos 2325 casos, de los cuales cerca de 1000 pasan desapercibidos. En efecto, el problema tiene proporciones considerables, aún cuando la estimación ha sido prudente y muy por debajo de lo que seguramente está ocurriendo.

Los datos publicados son los siguientes: Se ha enviado una encuesta sobre el asunto a 4.298 científicos con financiación en 2006 de los National Institutes of Health pertenecientes a 605 instituciones diferentes. A la pregunta de si conocen casos de fraude en los últimos tres años (2002-05) que puedan pormenorizar han respondido 2.212 (el 51%). De ellos, 192 científicos (el 8,7%) han respondido afirmativamente y han descrito 265 incidentes. Tras ser investigados se ha concluido que hubo 164 científicos (7,4%) que perpetraron en total 201 casos de fraude, ya sea por falsificación de datos (60%), ya sea por plagio (36%). Al extrapolarse estos datos al conjunto (155.000 en total) de los científicos financiados por los NIH, siempre según hipótesis muy prudentes (very conservatively), resultan las cifras y porcentajes previamente comentados.

El informe difundido en Nature recuerda varias veces al lector que la realidad desvelada, la ciencia tramposa, no es más que la punta de un iceberg, que anida sobre todo en las ciencias biomédicas y cuyos principales grupos de afectados son los científicos postdoctorales y los seniors. Y es que, en efecto, el problema tiene unas dimensiones alarmantes (ver aquí, aquí y aquí). Para solucionarlo, se proponen algunas medias (ver editorial de Nature) entre las que destacan la recomendación de promover políticas de tolerancia cero, porque han comprobado que las instituciones tienden a ocultar, disfrazar o minimizar estas corruptelas por temor a que se deteriore la imagen de la institución y, como consecuencia, perder alumnos o recursos. De hecho, el 43% de quienes denunciaron la existencia de tramposos han declarado que se les presionó para que retiraran la acusación. El problema entonces es profundo y está bien arraigado en el limbo corporativista de la mayoría de las instituciones.