Cuando fallan las máquinas de
votar, nadie puede abrirlas para saber lo qué pasa y quien lo
averigüe sin autorización de la empresa que las fabricó
puede ser acusado de conducta criminal.
La expansión (abusiva) de los
derechos de propiedad intelectual acabará, como se explica en
Acronym
Required, conduciéndonos a situaciones tan irracionales
como la vivida por el profesor
Ed Felten (Princeton University), quien hace unos semanas recibió
un amenazador mensaje electrónico de la empresa Sequoia
Systems. El problema es que Felten quiso comprobar la
seguridad y funcionamiento de las máquinas de votar fabricadas
por la mencionada empresa y que fueron empleadas en las recientes
primarias en el estado de New Jersey.
El motivo que animaba la revisión
era doble, pues se utilizaron unas
10.000
máquinas que disponían del certificado estatal de
control, además de que
algunos
funcionarios creyeron notar irregularidades en su funcionamiento,
como
ya
sucedió antres en Ohio. El argumento de la mencionada
empresa era que hackear el dispositivo vulneraba sus derechos
exclusivos de propiedad. Y realmente tenían motivos para estar
preocupados porque, como se explica en
Freedom
to Tinker, hace un par de años que Felten había
demostrado que las máquinas de votar Diamond eran demasiado
vulnerables (hackeables en un sólo minuto) lo que, por el
momento, invalidaba el uso de estas urnas electrónicas en procesos electorales.
Que desistan los tecnócratas en
su pertinaz intento: el problema no es tecnológico o, en otros
términos, no se resuelve suponiendo que, tras ciertas
dificultades iniciales, acabaremos teniendo unas máquinas
funcionando sin fallos.
No nos detendremos en la crítica de
semejante mentalidad, baste con recordar que los hackers han
demostrado en reiteradas ocasiones que pueden penetrar los sistemas
más (aparentemente) seguros. Lo que aquí nos interesa
tiene con ver con el absurdo que representa que el estado no pueda
exigir la más completa transparencia en el código que
regula el funcionamiento de la máquina. Los hechos aquí
narrados son tan chuscos que, como se explica desde la
Electronic Frontier Foundation, por sí sólos justifican la reclamación de que sólo se permita
software abierto en cualquier dispositivo que sea clave para el
funcionamiento de la democracia.