No hay día sin su afán. Llevamos cerca de tres años comentando algunas de las muchas inconsistencias sobre las que se apoya la práctica de la ciencia. Algunos amigos me dicen que no hacen falta más ejemplos para justificar una revisión en profundidad del papel de la ciencia en nuestro mundo. Y creo que tienen razón, aún cuando los más beatos afirman que todavía no hemos sobrepasado el nivel de lo que podríamos llamar simples excepciones a la regla. ¿Qué regla? Pues que la mayoría de los científicos adoptan actitudes impecables y que la ciencia, en tanto que institución, goza de muy buena salud. Pero no es verdad. Lamentablemente, no es correcto afirmar que las prácticas abusivas sean personales, mientras que las conductas honorables sean institucionales.


El caso de la centenaria American Chemical Society espanta por su grosería y prepotencia. Todo el mundo de la ciencia está migrando hacia el open access. Cada país, cada Universidad, cada sociedad profesional ha elegido su estrategia. Unos van más lentos y otros, sin embargo, han apostado por liderar esta deriva histórica, como es el caso de los National Institutes of Health, la Fundación Wellcome o las decenas de signatarios de la Declaración de Berlín.

La Unión Europea y la OCDE, entre muchas organizaciones, lo tienen claro: el conocimiento financiado con fondos púbicos debe ser de acceso libre, gratuito y por internet para todos los contribuyentes. Para los ciudadanos, semejante proceso de apertura es de sentido común y también de justicia, pues no sólo será más baja la factura que los estados pagarán por la información científica, sino que también se favorece la creatividad en los laboratorios y la calidad de nuestra democracia cuando aumenta la cantidad y calidad de la información circulante.

La American Chemical Society, sin embargo, lejos de sumarse a esta deriva histórica, ha adoptado una decisión histérica. Trataremos de explicar los hechos en pocas palabras. La ACS es una organización privada, cuyas publicaciones y bases de datos, ejercen un liderazgo indiscutible y hasta hace muy poco incontestado en el mundo de la química. Naturalmente está integrada por miembros de la comunidad química, desde los industriales a los profesores. Y, claro está, gran parte de las investigación que han hecho sus miembros se ha financiado, total o parcialmente, con recursos químicos. Pero, no. Quienes la gestionan, dicen que no al open access y que sus archivos son una propiedad exclusiva por la que se cobra a quien quiera usarlos.

La American Chemical Society cuenta con información, principalmente artículos publicados, sobre unas 100 millones de sustancias o secuencias químicas. Cada sustancia, como es de esperar, recibe un número que opera como su identificador universal, tanto en los intercambios profesionales como en los comerciales. En la comunicación química, como también sucede en la botánica o en la médica, nada es más necesario que unos nombres estándar que garanticen la fluidez de los intercambios. Sería increíble que dichos términos, cifras o acrásticos fueran propiedad de alguien. Es impensable que el nombre de los ríos, las estrellas, los santos o los héroes fuera una propiedad de los estados, los astrónomos, la Iglesia o la Academia de la Historia. Pues bien, en el caso de la química, por absurdo que parezca, eso es lo que ocurre.

Nos falta un matiz para que nuestra historia haga honor al rigor que pretendemos. Hay varios sistemas de denominación, pero el que conocemos como CAS numbers (Chemical Abstract Service) es el más amplio, completo y versátil de los existentes. Sólo es un número (la cafeína, por ejemplo, responde al algoritmo 58-08-2), un identificador abstracto, cuyas propiedades o especificaciones técnicas están contendidas en alguno de los papers publicados por la ACS. Y así las cosas, la ACS ha convertido esta información en un patrimonio con el que pretende enriquecerse. Si alguien quiere saber a qué corresponde y cuáles las propiedades de la sustancia 58-08-2 tiene que consultar sus bases de datos y pagar 6 dólares por el servicio. Lo peor no es la factura que cobran, sino la oposición a que estos descriptores puedan ser consultados automáticamente y utilizados en las ontologías químicas que harán que funcione la web semántica química, esa web que será navegable por robots.

Hay algunas herramientas que permiten hacer la conversión del identificador de unos sistemas de clasificación a otros. De hecho hay muchos intentos de hackear la química, pero no basta con tener la osadía y disponer de los conocimientos, porque, como explica Peter Murray-Rust, no siempre está claro que hay detrás de una denominación o, en otros términos, son frecuentes los casos de sinonimia o de polisemia. Y aún cuando las equivalencias entre las denominaciones y los diferentes sistemas de clasificación fueran biunívocas, la traducción sólo funcionaría cuando no hubiera problemas. Y así, siempre que algo suene raro o parezca que las cosas no encajan del todo, no hay más remedio que regresar al artículo original en la que fue inicialmente descrita la sustancia y por la que le fue asignado el descriptor que ha sido traducido o hackeado.

El nombre de las cosas tiene dueño y, en consecuencia, se puede limitar su uso. Hay inmensos intereses metidos en la producción, custodia y venta de datos. Quienes han invertido en conseguirlos es lógico que quieran comercializarlos. Lo que aquí cuestionamos es que la American Chemical Society pueda ser considerada propietaria exclusiva, cuando la inmensa mayoría de cuanto adquirido estuvo protegido por privilegios que sólo obtenían organizaciones que funcionaban sin fines de lucro y consagradas al saber: filantrópicas y filosóficas.

Para demostrar que su antipatía hacia la cultura abierta es firme, la SCS ha prohibido a Wikipedia utilizar en sus artículos una denominanción que les pertenece. Se calcula, se explica en ChemConnector, que Wikipedia hace referencia a unas 5000 sustancias (alrededor del 0,01 del total), pero si el pleito va adelante tendrá que sustituir el CAS number, llamado en ChemSpider, el número de teléfono en el mundo de la química, por el designador que le corresponda en la clasificación PubChem, la alternativa que como PubMed avanza el mundo de la ciencia abierta.

¿Es razonable que alguno de los jardines botánicos inaugurados durante la Ilustración o que alguno de los servicios meteorológicos abiertos en el siglo XIX quisieran apropiarse de los datos que custodian? Desde luego, sólo hay una respuesta posible: No, lo que implica una movilización para exigir de los químicos que dejen de usar la denominación privada que monopoliza la American Chemical Society y que organicen un boicot contra cualquier actividad promovida por esta organización antidiluviana. No soy el primero que lo lo ha propuesto, y no han faltado científicos que temen las represalias, porque igual que venden la información, también pueden vetar a quienes se muestren menos colaboradores de lo que esperan. A nadie le extrañará entonces que Glyn Moody haya escrito un vitriólico post en su magnífico Open... con el título The World's Leading Anti-Scientific Society (La Sociedad Anticientífica Lider Mundial).