Mucho hemos hablado aquí de la necesidad de gestionar las incertidumbres que se derivan de la implantación de las nuevas tecnologías. No importa a dónde miremos, tanto si se trata de un sector productivo como si pensamos en cualquiera de las áreas del conocimiento, hemos de admitir que la circulación descontrolada de dispositivos técnicos, materiales o virtuales, maquínicos o conceptuales, puede crear problemas irreversibles o de muy difícil gestión. Los ejemplos sacados de la genética o la física atómica (OGM, bioterrorismo, residuos y proliferación nuclear) son los más socorridos, pues hay un consenso que invita a tomarse en serio las consecuencias de un uso irresponsable de estos poderosos recursos creados en el laboratorio.


No se trata de culpabilizar a nadie, pero es lógico que muchos científicos y algunos organismos públicos de investigación quieran contribuir a encontrar la mejor manera de cualificar los problemas y de contrastar las soluciones, bien entendido que la agenda disciplinaria que marca las prioridades en un laboratorio, debe ahora ampliarse para incluir los puntos de vista de quienes se han entrenado para entender cómo funcionan las comunidades o los mercados, cómo conceptualizar la tecnociencia, el republicanismo cívico o el capital postfordista y, por citar sólo un ejemplo más, cómo diseñar dispositivos sociales que eviten la exclusión, el despilfarro, la escasez y la desestructuración. Me encuentro entre quienes piensan que caminamos hacia una nueva edad de oro de las humanidades, pues cada vez será más difícil separar los objetos tecnocientíficos de sus implicaciones socioculturales.

También estoy convencido de la imposibilidad de afrontar las grandes encrucijadas a las que nos enfrentamos, ya sean energéticas o climáticas, ya estén relacionadas con la justicia alimentaria o la salud mediambiental, con la simple concurso de los expertos. Desde luego son necesarios, más aún imprescindibles, pero nada podrán lograr sin la complicidad de la ciudadanía. No podemos seguir comportándonos como si las soluciones fueran estrictamente tecnocráticas. Si las hay, han de ser políticas y, muchas, además de democráticas, tienen que ser globales.

Y aquí llegamos al punto de este post. La habitabilidad del mundo está conectada a la preservación de algunos bienes como un bien común y no simplemente como un recurso a disposición del que desarrolle la mejor tecnología para privatizar el genoma, la biodiversidad, la lengua, el patrimonio o el aire que respiramos. No se trata de promover un discurso anticapitalista, sino de poner freno a los furores expansionistas de quienes no ven límite a los negocios, porque esperan que un descubrimiento solucione los problemas y nos devuelva los campos descontaminados, la biodiversidad destruida, el aire mercantilizado o el espacio militarizado.

Se trata de asuntos de una gran complejidad que demandan mucha investigación y mucha movilización. Por eso el CSIC, y en particular su actual presidente Carlos Martinez, consciente de la importancia de los asuntos aquí abordados, pensó en un plan para estudiar el papel de la mayor institución científica española en la defensa del procomún. En fin, me pidió que le ayudara a diseñarlo. El vídeo que aquí presentamos se hizo para explicar a los miembros de la institución y a los ciudadanos el nivel de implicación que el CSIC quería tener en estos problemas. Hasta el día de hoy que lo publicito aquí hemos desarrollado otras iniciativas, como publicar un artículo en El PAIS o presentarlo con cierta solemnidad en un muy concurrido IV Congreso sobre Comunicación Social de la Ciencia (Madrid) ante varios centenares de expertos en el nuevo campo emergente de los estudios sobre la cultura científica. También hay un texto más pormenorizado (Laboratorio del procomún: nuevos equilibrios, otros patrimonios) que se puede encontrar en el recientemente inaugurado repositorio público  Digital.CSIC.