Las diferencias son
sostenibles cuando el estado garantiza que todos podamos disponer de las capacidades para alcanzar el pleno estatuto de ciudadanía, sin importar la religión, la raza, el sexo o si
tenemos o no alguna minusvalía.
Hace unos días estuvo
Manuel
Delgado en el
Laboratorio
del Procomún para explorar la distinción entre
lo
común y lo colectivo. Allí nos explicó su
conocida
tesis sobre la ciudad como el espacio de las diferencias, pues
sin este rasgo estructural sería imposible la vida en común
y de ahí el derecho a la indiferencia, una aspiración
que la aprendimos del
movimiento
gay francés de los años 1970 y cuya expresión
afortunada debemos a
Jean-Louis
Bory. Cansados de luchar por la afirmación de la
diferencia, era lógico que muchos pensaran en la posibilidad
de pasar desapercibidos o, en otros términos, en el derecho a
ser tratados como simples ciudadanos, sin referencia a ningún
rasgo identitario.
Me encanta la fórmula empleada por Manuel Delgado: los ciudadanos tienen derecho a la indiferencia
en un espacio respetuoso con las diferencias. En estos tiempos de
turbulencia y de avance de las expresiones xenófobas y
excluyentes, ya sea contra los venidos de otro país o los
creyentes en otra religión, ya sea contra cualquier otro rasgo
diferencial, proceda de una minusvalía o de diferencias en el
color de piel o de sexo (no me olvido tampoco de las que se inculcan
en cada comunidad autónoma), tiene mucha razón quien
reivindica el derecho a la indiferencia, pues todos deberíamos
compartir las calles y las leyes. Más aún, cuando
alguien pretenden exagerar las diferencias seguramente se está
destruyendo un bien común en beneficio de quienes logran la
prevalencia de los (impuestos) valores identitarios sobre los
ciudadanos.