Hace unas semanas la ministra francesa de Educación Superior e Investigación publicó en Le Monde el artículo Avec la science, inventons l'avenir! para invitar a los científicos y a los ciudadanos a recuperar la confianza mutua en la capacidad de ambos de actuar en pro del bienestar común. A los científicos les recomendaba no ver en la sociedad un espacio hostil a sus modos de proceder, lo que implica admitir el derecho de la gente a expresar dudas sobre la energía nuclear, los transgénicos o los pesticidas. Los ciudadanos, por su parte, eran invitados a recuperar la tradicional admiración por el trabajo de investigación pues, decía Valérie Pécresse, “los desafíos a los que nos enfrentamos serán insuperables si nuestra sociedad no renueva la confianza que tradicionalmente tenía en sus científicos, porque es de ellos de dónde vendrán las respuestas que esperamos.”


La reacción no se ha hecho esperar y no son pocos los que acusan a la ministra de querer infantilizar a la opinión pública. Los argumentos son los de siempre. Más del 40% de los recursos que se invierten en ciencia se destinan a programas militares, nucleares y aeroespaciales. Por contra, no decae el déficit de investigación en campos como la salud medioambiental, la agricultura biológica, la toxicología o la química e ingeniería verdes. Y lo que sucede en Francia, podría generalizarse al resto del mundo, como lo prueba el reciente informe More Soldiers in the Laboratory realizado por C. Langley, S. Parkinson y P. Webber bajo el auspicio de Scientists for Global Responsability.

La respuesta más contundente llegó de Eric Gall y Jacques Testart, presidente de la Fondation Sciences Citoyennes, también en Le Monde. El texto es doblemente enfático: primero, en que la ciencia no deja de alejarse de lo que son las preocupaciones ciudadanas, ya sea por la falta de convicción con la que los agentes científicos se aplican en proyectos a favor de la sostenibilidad, ya sea por la facilidad con la que los investigadores y políticos de la ciencia actúan más como hooligans de las nuevas tecnologías, que como garantes del bien común.

El segundo punto que se subraya es la inquietante deriva de la ciencia hacia su conversión en un recurso y, en consecuencia, hacia su privatización. Es muy rara la idea de que la ciencia pueda ser un bien privado, pero las evidencias que confirman esta evolución no dejan aparecer en las revistas especializadas. Lo más raro es que todas las autoridades académicas y científicas son cómplices de estas políticas de partenariado con las corporaciones industriales. Más aún, vivimos un momento en el que cualquier otra narrativa, cualquier otra forma de entender la relación ciencia-sociedad que no consista en seducir a los empresarios para que inviertan en ciencia es considerada disruptiva, arcaica, tecnófoba y reaccionaria. En fin, todo funcionaría más o menos bien si los dispositivos de control habilitados (comités de ética, comisiones de impacto tecnológico, sanitario o medioambiental, paneles ciudadanos, conferencias de consenso,..) estuvieran rodados y cumplieran su cometido con independencia y transparencia. Pero la verdad es otra, pues mientras las corporaciones se mueven a velocidad ultrasónica, los gobiernos siguen desplazándose en carruajes de bueyes (a veces, de lujo).

Así las cosas, si la reputación de un investigador crece cuando logra patentes y/o atrae recursos privados para su institución, entonces se hace difícil admitir que la lógica del beneficio podría acabar dominando las decisiones en los claustros y en lo laboratorios. No me voy a entretener mucho en las consecuencias, pero hay que esperar que se declaren prioritarias las líneas de investigación más rentables en detrimento quizás de las más necesarias. O, en otros términos, que cada vez que un gobierno declare sus preferencias hay que husmear entre líneas para saber quienes son los verdaderos beneficiarios.

La ministra Pécresse tuvo el valor de adoptar un gesto reflexivo y no se dedicó, como hacen el resto de sus colegas europeos, a proclamar con la fe del carbonero su fe en la ciencia y su desprecio por los críticos. Pero tiene edad de saber que cada vez será más difícil separar los intereses privados de los públicos y que siempre necesitaremos alguien que quiera defender el bien común. En pocas palabras: un nuevo pacto social por la ciencia, un nuevo contrato ciencia-sociedad, no se logrará recordándole a todo el mundo la necesidad de ser buenos. Hace falta pensar en nuevos dispositivos y también en nuevos actores.

Claudia Neubauer (ver el vídeo) lo ha explicado con mucha claridad en el reciente Colloque Sciences en Societé au XXIème siècle: autres relations, autres pratiques (Strasbourg, 28-29/11/2007). Fortalecer las complicidades entre ciencia y ciudadanía implica dar reconocimiento a la existencia de un tercer sector científico (el primero sería el estado y, el segundo, la empresa) que estaría constituido por una amplia panoplia de agrupaciones sociales, desde las organizaciones medioambientales o las asociaciones afectados, hasta los sindicatos, las ONG o las agrupaciones de consumidores. Sus características más notables y diferenciadas serían que la investigación la hacen fuera de los centros públicos, que anteponen la voluntad de saber a la de poder o la del beneficio, que promueven formas alternativas de saber, que sus prácticas están muy condicionadas por demandas locales y que, por fin, convierten en inseparables la investigación de la acción.

El reconocimiento de este tercer sector debe llegar acompañado de otras medidas económicas y políticas, pues hace falta arbitrar mecanismos de participación en los comités que deciden las prioridades y en los que asignan los recursos. Neubauer hace la propuesta de que se cree un Agence National de la Recherche Citoyenne que financie proyectos que exijan el partenariado entre una organización ciudadana y una institución pública, y que entre sus objetivos estén la construcción de sistemas de alerta temprana sobre riesgos o la participación informada en los procesos de peritaje experto y de ciencia regulatoria. El objetivo final sería hacer entrar la ciencia en democracia (ver nuestro post I+D = Investigación + Democracia), aprovechar los recursos de la llamada inteligencia colectiva o de las masas. modular la influencia de las grandes corporaciones en la democracia técnica y, por último pero no en último lugar, fortalecer los vínculos de la ciudadanía con la ciencia. En definitiva, hacer de la sociedad civil el principal socio de la empresa científica.