La tradicional invisibilidad de los estándares podría tener sus días contados si se confirmara la tendencia a ingresar de lleno en la agenda política de los movimientos ciudadnos

Cada acción que emprendemos
necesita de un sin fin de convenciones que estabilizan el mundo que
habitamos. No importa lo que tengamos previsto decir. De nada
serviría, si antes no hemos acordado la lengua en la que
comunicarnos o la hora en la que se producirá el encuentro. Y
eso sin entrar en otros detalles como el uso horario al que remitimos
la cita o la ciudad en la que vamos a encontrarnos. Los ejemplos son
simples, pero no simplones y lo vamos a explicar. Sin esos y otros
muchos acuerdos tácitos no hay comunicación. Los
estándares están tan presentes como el aire que
respiramos o la urbe que habitamos y, como ellos, son tan ubicuos
como invisibles. Y si los estándares garantizan la
comunicación, habrá que admitir que es inviable una
comunidad que no se sustente sobre una constelación de
convenciones que no pertenecen a nadie y son de todos.
Estándares siempre hubo. Lo
estamos diciendo, pero no hay nada como querer darle escala a un
proyecto, ya sea un imperio, una iglesia, un negocio o cualquier otra
empresa, para que adquiera relevancia la necesidad de que la tarea
de recabar datos, celebrar ceremonias, impartir órdenes o
transmitir mensajes respeten ciertas pautas que no necesariamente
tienen que ser universales, ni verticales, ni sagradas, ni naturales.
Hay una manera funcional de acercarse a los estándares que no
quiere verlos como instrumentos coercitivos y/o impuestos, sino más
bien como arreglos de conveniencia entre las partes que sirven para
decidir quién cruza un puente, cuál es el ritual de la
boda o cuánta agua corresponde a cada regante.
Los estándares entonces
sostienen (y son sostenidos!) por una comunidad que se hace tanto más
estable cuanto mejor resueltos tenga las mil y una situaciones de
potencial conflicto. Estas pequeñas reglas sirven para atar
lo individual a lo colectivo y, desde luego, lo local a una cierta
noción de
res publica. Los estándares sirven
para vincular lo particular a lo abstracto y, tirando de ese hilo, a
lo global, a eso que antes nombrábamos muy pomposa y
ridículamente lo universal. Me doy cuenta de que estoy
utilizando palabras que aluden a sociedades preindustriales, cuando
ni siquiera todavía se usaba la noción misma de
estándar.
Es cierto que hay muchos libros de
historia que sólo mencionan la palabra estándar cuando
llegó la hora de la electrificación de las ciudades y
el mundo se vio abocado a un caos del que sólo una buen
catálogo de reglas podía redimirnos. Pero no es verdad.
El sistema de pesos y medidas se convirtió en una urgencia en
cuanto se ensancharon las posibilidades del mercado interior (el
colonial no planteaba estos problemas porque las metrópolis
impusieron la lengua, la fe y otros estándares menos píos
pero igualmente rentables). Antes de que se crearan esos consensos
económicos, fueron desarrollándose otras convenciones
sobre cómo describir plantas, producir mapas, nombrar
enfermedades o catalogar libros. La diferencia más importante
entre estas prácticas (las de los botánicos, los
geógrafos, los médicos o los bibliotecarios) y las que
condujeron al establecimiento del sistema de pesas y medidas, es que
las primeras surgen sin la intervención del estado y, las
segundas, aparentan ser menos dirigidas. Y esta parece ser la
práctica habitual: la gente, empresas económicas,
sociedades profesionales o comunidades locales, se organizan sin
pedirle permiso a nadie y adoptan sus convenciones en función
de su propia manera de ver las cosas.
Las cosas podrían estar
cambiando de forma acelerada y
la obsesión por las patentes
podría estar siendo compensada por la nueva manía por
los estándares. Y es que la globalización impone a las
empresas una economía de escala, a los gobiernos incrementar
los mecanismos de vigilancia, a los sindicatos y ONG defender la
noción de estándares sociales (convenciones contra el
trabajo esclavo o infantil) o la de estándares
medioambientales. Los países menos industrializados ven
también cómo los estándares operan en muchos
casos como nuevas barreras comerciales tan eficaces como las
arancelarias. Los debates son muy intensos. En la práctica hay
muchas organizaciones internacionales que promueven formas más
o menos convergentes de ciudadanía global o ciudadanía
medioambiental (
environmental
citizenship) que saquen a los gobiernos y a los
partidos políticos de esa mezcla inconsistente de vulgaridad,
ceguera y
realpolitik.
Ya hemos dichos muchas cosas sobre qué
significa producir un estándar. Puede que demasiadas. Lo
mejor será recapitular algunos de los rasgos que más
interesan para el argumento que aquí queremos desarrollar:
- invisibilidad. Los estándares
son tan ubicuos que tienden a hacerse invisibles.
- interoperabilidad. No hay
intercambio eficaz de palabras o mercancías sin estándares.
- urbanidad. Sin estándares
ninguna comunidad logra estabilizarse y ser habitable.
- mutualidad. La adopción y
producción de un estándar es voluntaria y consensuada.
La estandarización es a nuestro
mundo lo que la mecanización al siglo XIX. Nuestra vida pende
cada día más de máquinas abstractas
(miniaturizadas y virtuales) que, mediante protocolos estrictos,
interactúan con otras máquinas también
abstractas para producir algo. Ese algo al que nos referimos puede
ser muchas cosas, desde el control de la red eléctrica
nacional al ritmo de pulsación de una válvula
coronaria. No hay duda de que hay mucho poder detrás de estas
convenciones que no siempre son tan neutrales desde el punto de vista
ideológico o tecnológico. De forma que, en el extremo,
un estándar puede favorecer o afixiar la expansión de
una cultura o de una empresa.
Esto sucede con los formatos de
archivos digitales (por ejemplo, el
.doc) que MS utiliza por
defecto en su suite ofimática. Sabemos que el dominio
hegemónico de MS sobre el mercado ha convertido sus formatos
en una especie de estándar internacional que, en la práctica,
amenaza la interoperabilidad de los sistemas y cuestiona la soberanía
nacional de muchos estados. Tenemos más ejemplos de estándares
que no cumplen los dos requisitos mínimos de calidad y
compatabilidad (es decir, que son técnicamente discutibles y
socialmente disruptivos), pues necesitamos pocas palabras para
explicar que con frecuencia muchos estándares sólo son
obstáculos a la libre circulación de mercancías,
disfrazando con mucha verborrea técnica lo que no es más
que una burda defensa de privilegios abusivos e insostenibles.
No es extraño entonces que se
hable mucho de estándares y que los estados quieran estar
presentes en la toma de decisiones, aunque sólo sea porque los
gobiernos son profusos consumidores de estándares. Desde el
punto de vista de la administración pública
los
estándares deberían ingresar al sistema de la
gobernanza lo que implicaría caminar en la dirección
del
open standards (también la web
OpenStandards.net). No se niega entonces la importancia histórica
del sector privado o de la contribución de gente a la
producción de estándares, sino que se estimula un
diálogo menos local y más público. La ventaja de
incluir a todos los actores interesados en la creación de
normas es obvia, porque la incorporación de más puntos
de vista garantiza la operatividad de las redes, favorece la economía
de escala, evita la discriminación, corrige los
desequilibrios, mejora las garantías de los consumidores y
promueve la transparencia de los procesos.
Los estándares sin dejar de ser
meras convenciones alcanzan también la condición de
bien común que conecta los objetos producidos a las prácticas
que los producen, las usos locales con los mercados internacionales y
los intereses particulares con los valores globales. La salud, por
ejemplo, siempre es una circunstancia que hay que definir en un
cuerpo, una comunidad y un hospital concretos, pero el diagnóstico
y los cuidados que se le aplican, la historia clínica que se
elabora y los métodos con los que se archiva, forman parte de
una estrategia que implementan los productores de medicamentos, los
fabricantes de ordenadores, los administradores sanitarios, las
organizaciones sindicales, las instituciones científicas y los
organismos internacionales.
Todo el mundo quiere estar seguro de lo
que significan las palabras que describen una situación. Decir
que algunos protocolos valen en sitios muy distintos significa que
nos estamos refiriendo a
objetos móviles capaces de atravesar fronteras lingüísticas, políticas,
corporativas, jurídicas, disciplinarias y tecnológicas.
Son, en verdad, objetos muy especiales que sólo se desplazan
verdaderamente cuando viajan junto a las prácticas que los
cualifican y/o cuantifican o, en otros términos, que aseguran
todos los procesos de evaluación y/o certificación. Sin
tales protocolos y/o dispositivos los estándares dejan de ser
instrumentos de gobernanza y se convierten en meras imposiciones de
quienes detentan las tecnologías pertinentes. Hablar de
gestión responsable de los estándares también
implica habilitar mecanismos que aseguren el open access, el open
data y el open laboratory.
Tenemos un buen ejemplo para ilustrar
la complejidad que adquieren las iniciativas de open estándares (ver la web del
Open Standards International Symposium organizado por la Yale Law School a principios de este año).
Pocos temas son más relevantes para la defensa del procomún
que la biodiversidad, un patrimonio genético, ecológico
y cultural heredado y que debemos legar a las generaciones venideras.
Y no será fácil, pues son muchos los procesos en curso
que la amenazan, desde los asociados a la consideración del
medioambiente como un recurso hasta los derivados de la influencia
del cambio climático.

El mapa que mostramos demuestra que hay
una tremendo desequilibrio entre los lugares en donde se concentra la
biodiversidad y aquellos emplazamientos en donde están las
instituciones mejor preparadas para comprender las encrucijadas a las
que nos aboca su modificación, deterioro o abuso. Pero, lo
sabemos, no hay ninguna posibilidad de preservar este patrimonio
único sin un inventario eficaz de su riqueza, lo que equivale
a la construcción de inmensas bases de datos que alguien debe
archivar para que luego sean accesibles y usables para todos. Ya se
ve por donde vamos, pues estamos hablando de estándares
capaces de dar cuenta de la diversidad de objetos (genomas, especies
y ecosistemas) y tradiciones (formas de nombrar y usar) que se
movilizan cuando hablamos de biodiversidad.
La biodiversidad es una de esas nuevas
ciencias que dependen de un uso intensivo de datos y de
grandes infraestructuras de información. Vivimos en un mundo inmerso en
muchos océanos de datos. Pensemos en la infinidad de registros
que conservan nuestros movimientos por la ciudad o con el móvil
o alguna tarjeta de crédito, por no hablar del rastro que
dejan las búsquedas con Google o eBay. Los muchos proyectos de
genética popular apuntan en la dirección de que nada
quede fuera de control. Los proyectos que predican la defensa de la
biodiversidad también parecen converger hacia esta nueva
especie de
panóptico natural. Todo apunta en la dirección
de que el archivo es la forma que adopta un estado que si en el siglo
XVIII sembró la urbe de museos donde exhibir y socializar los
tesoros de la naturaleza (plantas y rocas, por ejemplo), hoy
parecería querer horadarla con una multitud de silos en donde
preservar sus registros. Y así, mientras la Ilustración
cultivó los muchos medios de hacer visible lo que había,
hoy estaríamos caminando en la dirección de hacerlos
accesibles: la accesibilidad sería entonces un nuevo paradigma
cognitivo que estaría sustituyendo a la visibilidad.
Los datos son un problema,
especialmente cuando son tantos y proceden de lugares tan distintos y
distantes. Las inversiones para recabarlos son gigantescas. Pero de
nada sirven sin los metadatos que los hacen accesibles. Y aquí
nos encontramos con los acuerdos para levantarlos, etiquetarlos,
almacenarlos y actualizarlos. Sin esas convenciones, las bases de
datos serían inútiles. Ocurre además que la
migración masiva del mundo desde el ámbito físico
al virtual acabará teniendo carácter performativo o,
en otros términos, que sólo existirá aquello que
esté catalogado y, más aún, el lugar donde esté
inscrita la existencia de una cosa (planta, sistema o proceso)
determinará su futuro.
Por eso es tan importante la
ornitología para los pájaros. Pronto, ninguno podrá
volar o trinar al margen de los que sucede en nuestros laboratorios o
consejos de ministros. El lugar que les asignemos en nuestras bases
de datos determinará su vida futura, pues todos serán
objeto de políticas que regularán su alimentación,
migraciones o ciclos reproductivos. Y lo que vale para las aves,
podemos extenderlo a las mariposas o los insectos, y pronto a las
bacterias, los hongos y las esporas.
La biodiversidad es entonces un
problema de datadiversidad (
cache). Una pluralidad de fuentes que no será
operativa hasta que sepamos catalogar ecosistemas y encontrar las
ontologías que no ignoren las prácticas locales, pues
no hay que olvidar que un árbol no es una cosa aislada sino
el nodo de una red que la vincula al suelo y al cielo, al aire, a la
historia y a las otras especies circundantes. Una especie es un
objeto material por la materia orgánica que contiene, e
inmaterial por las dependencias que mantiene respecto a su entorno
espacial y temporal. Los datos deben también ser capaces de
valer para la el intercambio entre humanos, tanto como para la
comunicación entre máquinas, pues por mucho que quieran
intervenir los administradores de los espacios naturales preservados,
nada podrán hacer si los datos no llegan a la terminal de
operaciones, o llegan en un formato que no respeta las tradiciones
locales.
Pensando en la biodiversidad hemos
tenido que hablar de máquinas, redes, ontologías y
tradiciones. Todo
un sistema sociotécnico que se construye alrededor de estánadares. Y es difícil exagerar la importancia de todos elementos en la vida futura de las hormigas, las selvas o el
polen. La naturaleza va a depender del concurso de muchos
naturalistas, biólogos y climatólogos, pero también
del concurso de un ejército de archiveros, programadores,
administradores de sistemas y, desde luego, campesinos, voluntarios y
hackers. Los hackers porque nadie mejor que ellos comprende los retos
del trabajo distribuido y horizontal. Los voluntarios porque la masa
de datos a recabar es tan ingente que hará falta, como ya está
sucediendo en Gran Bretaña o Canada, la contribución de
centenares de miles de recolectores. Y de los campesinos o pueblos
indígenas porque sus saber por la experiencia (que no por la
experimentación) es recipiendario del conocimiento acumulado
por tradiciones centenarias.
No todo el mundo comparte este entusiasmo por la participación y la posibilidad de abrir a la ciudadanía los espacios de toma de decisiones. Los hechos prueban, sin embargo, que quienes se oponen a esta deriva hacia los open standards no fundamentan sus recelos en argumentos basados en hechos o experiencias concretas, sino en prejuicios contra la capacidad de los (otros) nuevos actores para asumir responsabilidades colectivas.