Todos los días se hacen encuestas para saber cómo respira la gente y, en particular, cómo perciben el riesgo de introducir la nanotecnología en la vida cotidiana. Y, para sorpresa de los más, nos hemos enterado de que la gente tiene menos prevenciones que los expertos. Todo el mundo está de acuerdo en que hay un futuro nanotecnológico preñado de promesas de salud, progreso y bienestar, pero los investigadores quieren más cautela de la que se aplica cuando se menciona el impacto sobre el medioambiente. Curiosa situación, pues estamos en un escenario en el que los científicos se verían obligados a dar unas explicaciones que nadie pide.

Pero hay más. Hace unos días, ver nanowerk, se ha podido filmar la intromisión de nanotubos en el interior del núcleo de una célula, superando así una frontera natural que parecía suficiente aislante del entorno. Quienes están pidiendo más prevención usarán este descubrimiento para pedir más regulación y poner coto a las pretensiones neoliberales del laissez faire, laissez passer. Tenemos más casos. Cada día, por ejemplo, son más audibles los proyectos de geoingeniería, consistentes en modificar las condiciones de geofísicoquímicas del planeta para así combatir el cambio climático. Tenemos proyectos para injectar partículas de sulfuro en la estratosfera para que la luz solar sea reflejada de vuelta a la estrella y así evitar mediante ingeniería climática una parte estimable de la energía que nos calienta. Otras alternativas con las que ya se está experimentando es fertilizar los océanos con hierro para estimular la producción de fitoplancton, un gran reciclador natural del CO₂. Huelga decir que sabemos muy poco sobre las consecuencias a medio plazo de estos experimentos radicales extralaboratorio.

Podíamos seguir con nuevos ejemplos, procedentes de otros ámbito de la tecnociencia. Ya hemos hablado antes de salud mediomabiental o del reglamento REACH y siempre estamos bordeando el problema de la regulación o, en otros términos, la cuestión de si las administraciones hacen dejación de responsabilidades o si puede hablarse de un compromiso fuera de toda sospecha en defensa del bien común. Pero no es ese el tema del post, pues mi intención es explorar las relaciones entre ciencia académica (academic science) y ciencia regulatoria (regulatory science). Dos conceptos que remiten a prácticas gognitivas que responden a dos funciones sociales diferenciadas. Ambos colectivos profesionales, juristas y expertos, se manejan con hechos de muy distinta naturaleza: los hechos científicos y los hechos legales. Y mientras la ciencia es una empresa abierta en donde todo es provisional y sujeto a posteriores revisiones, la justicia está obligada a cerrar los expedientes y a estabilizar una forma de vida en común.

Si no hubiéramos leído a Bruno Latour diríamos que a los científicos les toca la tarea de fijar la naturaleza (una naturaleza objetiva y, en consecuencia, común para todos), mientras que a los juristas le asignamos el trabajo de estabilizar el orden social. Sin embargo, esta escisión entre hechos y valores está siendo justamente cuestionada desde muchos ámbitos. El mundo sería muy amable si siempre fuera posible remitirse a expertos que, basándose en experimentos y tradiciones contrastadas, cualificasen las incertidumbres hasta convertirlas en certezas antes las que nadie pudiera expresas reservas. Pero, ya lo sabemos, no es así como funcionan las cosas.

No hay dos orillas que comunicar con puentes. A un lado la naturaleza, los hechos y los científicos; al otro, la sociedad, los valores y los políticos. ¿Y en medio? La vida está en el agua. Corriente abajo, sin puentes, une ambas orillas tomando al vuelo de una y otra lo que el agetreo le permita y le sea útil. Quien baja en cano, atravesando a veces rápidos peligrosos, es que se ha metido en el lío de la regulación.


Para que algo sea legal, debe haber pasado múltiples y complejos trámites. Pero, en fin, acaba llegando al mercado y, a veces, siendo objeto de conflicto, ya sea porque tuvo efectos imprevistos, ya sea porque es insalubre o fue mal confeccionado. Y así, ante el juez, en la fase contradictoria del juício, expertos de uno u otro signo, algunos de la defensa y los otros de la acusación, presentan pruebas para desacreditarse entre sí. Las pruebas parecen disolverse como azucarillos en agua. La pretendida robustez de los hechos se diluye y el mundo deja de ser tan estable como creíamos. El argumento que manejo es simple. No necesitamos ser rebuscados para mantener la tesis de la incertidumbre estructural que caracteriza a los datos. No hay relativismo en decir que los hechos científicos son provisionales, precarios y consensuales. No son caprichosos, sino inestables.

Como afirma Sheila Jasanoff, no hay necesidad de mencionar el constructivismo, como tampoco la crisis de los expertos, dos estrategias discursivas que agregarían más peso al argumento que aquí estamos construyendo, podemos volver a hacernos la pregunta de cómo se construye certidumbre jurídica a partir de tanta incertidumbre científica o, dicho con otras palabras, cuál es la relación entre conocimiento normativo y conocimiento científico. O, como ya lo dijimos antes, entre hechos experimentales y hechos legales.

La respuesta hay que buscarla en dos ámbitos diferenciados: la sentencia judicial y la regulación jurídica. En el primero de los casos, explican Gutwirth y Desutter a propósito de La fabrique du droit de Latour, el eje de esa constelación de prácticas que llamamos juicio, es el dossier, el expediente que se instruye y en donde se acumulan elementos de muy distinta naturaleza: testimonios orales, peritajes expertos, objetos probatorios, sentencias previas, leyes promulgadas y, en medio de ese caos de papeles y actuaciones, también nos encontramos actores humanos (los testigos, los familiares, los peritos, los abogados, los culpables, las víctimas) y no humanos (protocolos de actuación, instrumentos forenses, recopilaciones legales, cuerpos profesionales y códigos éticos).

El cómo, quién, porqué, dónde y cuándo de cada pieza llegada al expediente son las preguntas clave del procedimiento. Lo que no llegue al expediente no existe y sólo vale aquello que siguió todos los trámites exigidos. Cuando llegue el veredicto, el juez tendrá que coser todos estos elementos dispersos y, a veces, disparatados para reconstruir el orden quebrado. La sentencia se hace consistente, ata lo minúsculo a lo trascendente, lo íntimo a lo institucional y lo incidental a la historia. Una buena sentencia, como explica Hildebrandt en la excelente web Imbroglio, restaura el sentido común o, mejor, el mundo común que habitamos. La decisión entraña mucho conocimiento, pero es superficial para poder ser consistente. A un juez le pedimos que impida la fragmentación del mundo y, en definitiva, que lo sostenga como un espacio de convivencia común. Los hechos legales se basan también en pruebas contrastadas, pero deben ser definitivos. La principal preocupación no es que sean objetivos, sino que además de (juridicamente) consistentes deben ser (socialmente) asimilables. En este punto, hay que reconocer en los actos jurídicos una modestia de la que no siempre hacen gala los expertos.

La regulación. argumenta convincentemente Alfons Bora, produce escenarios de intersección entre la ciencia y el derecho. Es un error decir que estamos ante dos ámbitos autónomos del conocimiento, uno conectado al mundo de lo académico y, el otro, al de lo normativo. Todo apunta a que uno y otro contienen elemento de ambos ámbitos. Pensemos en el peritaje. Ahí vamos a encontrarnos con científicos que en la práctica están sometidos a a una triple demanda. Primero, la más obvia y arquetípica: veracidad, lo que significa poder acreditar una buena posición en el mercado de la reputación (papers de impacto, puestos de prestigio, experiencia no cuestionada). Pero además de prestigio académico, cada día es más frecuente que los académicos estén sometidos a la exigencia de rentabilidad, lo que implica contratos con empresas, patentes aprobadas o asesorías externas. La tercera exigencia podemos describirla con la palabra legalidad, pues nadie puede investigar aquello que está prohibido o que es peligroso. La regulación entonces orienta la vida en el laboratorio, como también influyen las cotizaciones en bolsa, las prioridades políticas o las demandas sociales. Los expertos, y ahora sólo estamos pensando en los bienintencionados, viven en una encrucijada de intereses, requeridos por valores públicos y negocios privados, como también por su propia hambruna de reconocimiento y el inevitable sesgo característico de cada especialistas.

En tales circunstancias, nada hay más razonable que preguntarse cómo podríamos mejorar el peritaje experto, incluyendo formas de democratizarlo, lo que significa hacerlo más transparente y más participativo. Los motivos son obvios, pues hay que dar por hecho que en cada informe especializado hay siempre elementos típicamente normativos que se basan en una hibris entre hechos y valores. Ningún ejemplo es más claro que las dificultades habidas en las negociaciones entre entre UE y USA para adoptar una política común de OGM. El talante regulador europeo ha tenido que enfrentarse con la voluntad liberal norteamericana y, desde luego, cada parte implicada contaba con sus científicos, sus evidencias, sus hechos, sus papers, sus laboratorios y sus comités.

Conjuguemos ahora la ecuación desde el otro punto de vista, el que nos lleva desde lo normativo hasta lo cognitivo. Esta parte del argumento es más fácil de desarrollar, porque es obvia la influencia que las leyes de propiedad intelectual están teniendo en el incremento de capitales privados en los centros de investigación. Una revolución que explica el actual tránsito desde la Big Science a la Biz Science. Pero hay más, porque la definición de lo que es un transgénico, una minusvalía o un tóxico puede condicionar de forma inequívoca el tipo de ciencia que se realiza. La conclusión es la misma: las fronteras que separan los laboratorios de las audiencias, los tribunales de las plazas y las normas legales de los hechos naturales se hacen porosas y el contrabando más frecuente. Lo vemos todos los días: el conocimiento científico se transforma en legal, y viceversa. Pero, las sospechas saltan a internet. Y somos muchos los que queremos saber cómo se etiquetan las cosas y qué estándares gobiernan el mundo de la alimentación, de la salud o de las comunicaciones. Lo peor es que sabemos muy poco de cómo se hace lo que se hace.

La política del conocimiento debe ser reflexiva. De hecho ya lo está siendo, pues ¿no es ya la gobernanza una forma acordada de politizar el peritaje experto? En una sociedad tan compleja como la nuestra en la que cada día nos desayunamos con noticias que aluden a catástrofes medioambientales, crisis energéticas o colapsos sanitarios, necesitamos menos una demostración que una negociación. Las pautas que debería respetar este tránsito hacia la construcción de un mundo habitable se resumen con tres términos: participación, multinaturalismo e incertidumbre. Participación para reconocer la necesidad de nuevos actores en la dirección de una democracia deliberativa. Multinaturalismo para reclamar legitimidad para las distintas culturas epistémicas o, en otros términos, para reconocer que hay muchas maneras de producir conocimiento y autoridad en una democracia plural. Incertidumbre porque hemos de ponernos de acuerdo sobre cómo gestionar todo lo que no sabemos y tenemos que aprender antes de decidir en una democracia del riesgo.

Lo urgente es reconocer que hemos sido sorprendidos por la tenacidad e intensidad con la que emergen estos problemas y el drama es que tenemos urgencia de verdades que nos ayuden a enfrentar con garantías (con más regulación) los conflictos que se derivan del cambio climático, así como los que proceden de la expansión abusiva de los derechos de propiedad intelectual (con más investigación).