Hace un mes el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) hizo pública la versión 5.2 (pdf) del documento Horizon 2020 que describe, todavía provisionalmente, el plan estratégico de acción para la principal institución científica francesa. Lógicamente son muchos los asuntos abordados y entre ellos se describe un Objectif 8: le CNRS, acteur dans la societé que recomienda mayor apertura a la sociedad y su implicación “de forma significativa en la creación de espacios de debate, de intercambio y de información científica”. Hasta aquí todo es normal o, incluso, cansino.

Quien resista la tentación de abandonar la lectura de esta prosa gris, puede llevarse alguna sorpresa, pues los redactores quieren tomarse muy en serio dos recientes cambios en la relación ciencia/sociedad. El primero tiene que ver con la deriva de los científicos desde su tradicional función como productores del conocimiento a la nueva condición de (co)propietarios del saber. La segunda novedad tiene que ver con el hecho de que la población va perdiendo la fe ciega en el progreso y reclama mejores mecanismos de control y evaluación de las nuevas tecnologías, incluyendo su participación en la toma de decisiones.


Son varias las páginas dedicadas a estos asuntos, y muy delicados los equilibrios que buscan sus redactores. Queda claro en todo caso que “El desafío para el CNRS es ser capaz de poner su conocimiento (expertise, potencial de peritaje) a disposición del sistema social” (p. 32). No se dice, como vemos, estado o gobierno, lo que sigue siendo normal en nuestros días, sino que se alude indirectamente a la inclusión de otros actores sociales. Y para que quede claro de qué se está hablando añade dos líneas más abajo “si [el CNRS] quiere afirmar su función social, debe cuanto menos contribuir a democratizar el peritaje experto”. Sí, la palabra utilizada es democratizar.

No hace mucho un juez del Supremo en Estados Unidos admitió, ver Climate Justice, la existencia de una correlación entre salud medioambiental y emisiones de CO2. La noticia es de mucho interés porque significa que las disputas por el cambio climático llegaron a los tribunales y, en particular, ha sido recibida con mucha satisfacción por la comunidad inuit que lleva varios años planteando la viabilidad de un pleito contra los gobiernos de Canada y USA porque sus prácticas industriales contrarias al consenso científico y a las recomendaciones de varios organismos internacionales contribuyen de forma alarmante al calentamiento global y, en consecuencia, a la modificación del frágil ecosistema ártico del que dependen los 150.000 aborígenes que habitan en los extremos norte de Canadá, Rusia, Groenlandia y USA. Hay cierta expectación sobre lo que puedan deparar estos procesos que tratan de establecer vínculos entre derechos humanos y modelos de desarrollo, pues es cierto que de seguir así las cosas los inuit serán los primeros refugiados del cambio climático.

Todo este embrollo está lleno de matices que dan cuenta de las muchas complejidades del mundo en el que vivimos. El pleito, cualquiera que sea el resultado, no terminará con la sentencia, pues tendrá que afrontar el difícil conflicto de racionalidades que se está dando entre la forma en la que la comunidad indígena percibe los cambios y la previsible resistencia de los agentes judiciales a no admitir como pruebas más que las afirmaciones basadas en hipótesis y hechos admitidos por los científicos. Aún así, continuarán los problemas porque, como vemos todos los días, cualquier población aislada del mundo, como también una especie viva o un recóndito paisaje, puede atraer la atención de alguna organización con medios que haga de su problema o amenaza un objeto mediático y científico de tanta o mayor visibilidad que la lograda por la mayor parte de los políticos o intelectuales. Son muchos los casos de que disponemos y tendremos que ir acostumbrándonos a la posibilidad que otorga la red para crear opinión autorizada y reunir talento contrastado al margen de la academia con capacidad para plantar cara a los monopolios de la palabra que venían ejerciendo el estado y las grandes corporaciones.

Los dos casos tratados hacen evidente la importancia creciente del peritaje experto. Y lo lógico es que cuanto más presente se haga en la vida pública, más fácil será que sea objeto de contestación y debate. Disponemos de tantos ejemplos para ilustrar este problema que nos vamos a restringir al que se planteó hace dos años en Francia cuando, ver Le Monde del 15 de octubre, el presidente de la Agence Française de Ségurité Sanitaire et Environnementale (AFSSE) fue invitado a un coloquio en el Senado, organizado por la asociación Oreé y la revista Valeurs vertes, sobre el papel de los expertos y la calidad de sus dictámenes en la sociedad actual. Para sorpresa de cuantos le escuchaban, Guy Paillotin, declaró con una honestidad desconcertante que "los expertos de la AFSSE sobre la telefonía móvil nunca han seguido, ni de cerca ni de lejos, las reglas que la misma AFSSE se fijó; se trata de un peritaje (expertise) que califico, en tanto que Presidente del Consejo de Administración, de inexistente". Unas horas más tarde, la Directora General de la AFSSE, Michéle Froment-Vedrine, manifestó estar estupefacta (siderée) por las declaraciones de su presidente.

En fin, que este asesoramiento polifónico parece poner en cuestión la imparcialidad e independencia (que ahora pareciera monotonía o, tal vez, cacofonía) de la citada Agencia respecto a las presiones de las grandes corporaciones de las telecomunicaciones. Por si quedaran dudas, el mencionado Paillotin, declaró también que "el peritaje se parecerá cada vez más a la telerealidad (reality show, en español telebasura)".

Los hechos mencionados no son excepcionales. El problema es profundo y no acabará cuando se abstengan de intervenir los expertos con manifiesto conflicto de intereses. Podríamos llenar muchas páginas si quisiéramos explorar las mil y una formas de corrupción que se practican por investigadores y expertos que saben bien cómo disfrazarse y qué retórica elegir para intoxicar la opinión pública y manufacturar incertidumbre, una de las tácticas dilatorias que emplean para, aprovechándose de las inconsistencias del principio de precaución, seguir operando con las manos libres, sustituyendo la prudencia (regulación) por la imprudencia (desregulación) como forma de gestionar los asuntos públicos.

Nuestro tema, sin embargo, no son los excesos a los que nos van acostumbrando estos listillos disfrazados de científicos, sino el carácter irreductible que tienen los riesgos a los que nos enfrentamos. Tanto así, que ya son pocos los que hablan de sociedad del riesgo y adoptan la más apropiada noción de sociedad de la incertidumbre. Los hechos son irrevocables: no hay manera de identificar, cualificar y cuantificar las amenazas. Y si no podemos explorar/anticipar los mundos posibles, tenemos que admitir que el mundo de los expertos está en una doble situación de crisis: primero, porque siempre están demasiado cerca del poder y, segundo, porque su capacidad para prevenir no debe exagerarse.

¿Cómo podíamos saber que la alimentación de las vacas con piensos de origen animal acabaría desembocando en la crisis de las vacas locas? ¿Quién puede predecir las consecuencias que tendrá la generalización de cultivos transgénicos, o el impacto de las cien mil sustancias químicas nuevas que se utilizan en la cosmética, el textil, la alimentación o la agricultura? Lo normal es que cuando nos enteremos de los daños cuando sea demasiado tarde, justo cuando una comunidad de afectados haga oir su voz, como sucede con la ya mencionada de los inuit. De las biopolíticas gubernamentales pasaremos a las biosociabilidades (la identidad de cada grupo es definida por la molécula que caracteriza su mal o dependencia).

La incertidumbre se hace aún más estructural cuando reflexionamos sobre la forma en la que proceden los científicos. Una parte considerable de las razones de su éxito está conectada a la habilidad para modelizar y modularizar la realidad. Mediante ambas acciones se logra meter entre variables independientes y medibles todos los fenómenos para objetivarlos según procedimientos experimentales, lo que es tanto como decir mediante protocolos, máquinas y redes de distribución/validación del conocimiento. El asunto es que las afirmaciones científicas tienden a ser inapelables mientras están confinadas al recinto estricto del laboratorio, pero con frecuencia dejan de ser válidas (o se hacen crecientemente problemáticas) cuando se enfrentan a la singularidad que encierra cada cuerpo, pues no todos reaccionan igual y, en consecuencia, no todas las terapias son universalmente aplicables. 

Las luchas recientes por la tipificación patológica de la electrosensibilidad o las movilizaciones en la red de los enfermos mentales para exigir que sus padecimientos no sean tratados desde modelos excesivamente simplistas, recuerda otros movimientos de contestación que, como el de los afectados por el SIDA, agrupa a enfermos que han decidido tomar las riendas de su propia enfermedad y no aceptar como hicieron los afectados por miopatías en Francia, el diagnóstico médico como si se tratara de una sentencia inapelable o, peor aún, como si la condición de enfermo implicara la cancelación de los derechos y libertades constitucionales. Estas experiencias han probado que los enfermos, los afectados, han intervenido de forma satisfactoria en todas las fases del proceso cognitivo coproduciendo con los científicos el establecimiento del diagnóstico y la identificación de los síntomas, así como la determinación de las terapias o la cualificación de las distintas respuestas. Los ciudadanos dejan entonces de ser simples recipientarios del conocimiento y pasan a tener un rol activo que va más allá de la mera participación en alguno de los nuevos dispositivos de la democracia deliberativa. Michel Callon ha nombrado esta forma de participación ciudadana en ciencia investigación a pelo (chercheurs de plein air, research in the wild).

Recapitulemos brevemente. No es previsible que a medio plazo aminore la sucesión de crisis sanitarias, energéticas, alimentarias o medioambientales que sacuden los media cada día. Más bien parece lo contrario, lo que obliga a tomarse muy en serio la forma en la que podemos afrontar la gestión de estos experimentos globales (DDT, dioxinas, amianto, CFC, vacas locas, OGM, anisaquis, efecto invernadero o gripe aviar) en tiempo real y de escala planetaria en los que todos estamos inmersos.

Nuestro mundo es de la incertidumbre y todo apunta a que no puede ser confiado al cuidado de los expertos, debido al doble proceso de crisis de identidad que padecen: corporativización del saber y laboratorialización de la sociedad. El primero tiene que ver con la sospecha de que sus criterios pueden no ser independientes (un problema que, como vimos, el CNRS incluye en su agenda para el 2020) y, el segundo, con el hecho de que el laboratorio, ese lugar que dominan los investigadores y en dónde siempre se cumplen las leyes de la naturaleza, está siendo continuamente desbordado por problemas que no pueden ser confinados y que se expanden urbi et orbi, sea porque emergen nuevos actores antes invisibles (los inuit, por ejemplo) que aportan nuevas formas de racionalidad que no pueden ser ninguneadas por los modos occidentales, ya sea porque los públicos abandonan su rol de meros consumidores y se empeñan en comportarse como expertos en experiencia capacitados para asumir nuevas responsabilidades en la gestión de los público.

También debemos a M. Callon la noción de democracia técnica, un concepto que viene para ayudarnos a corregir el problema de la doble delegación y la subsiguiente crisis de representación que padecen nuestras sociedades. Pues al ya cuestionado modelo que sustituye tras la votación a los ciudadanos por sus representantes, hemos ahora de dar mayor relevancia al hecho de que la minoría los expertos actúa si tuviera la representación del conjunto de la población lega. La democracia técnica se plantea como una alternativa que adopta los modos de la democracia deliberativa, sin crear la excepción habitual que preserva a los detentadores del saber de tener que mezclarse con los profanos en la elaboración de sus dictámenes.

Los dispositivos de la democracia deliberativa (paneles ciudadanos, conferencias de consenso -también , comités para la Agenda 21) asumen que la existencia de conflictos y debates sobre qué hechos considerar relevantes y cómo jerarquizarlos, lejos de amenazar la democracia, la enriquecen. Y aunque los públicos dejan de ser tratados como un ente indiferenciado (abandonando la vieja tendencia a mirarlos como simples ignorantes prejuiciados), siguen siendo vistos como elementos muy eficaces en la tarea de limar asperezas y legitimar políticas, pero casi nunca como coproductores del conocimiento. En las instituciones características ya mencionadas de la democracia deliberativa sigue sin cuestionarse la naturaleza universal del conocimiento y se ignoran las variables locales o corporales, como también los potenciales conflictos de racionalidades.

En la democracia participativa la función que se asigna a los nuevos dispositivos sociales de deliberación sigue siendo la de evaluar riesgos, cuando, según Callon, lo que demanda nuestro mundo es implementar los procesos de aprendizaje colectivo, admitiendo que el saber profano, el que habilitan los expertos en experiencia, sirve para vascularizar el conocimiento tecnocientíficos. Y, mientras se produce el mencionado aprendizaje colectivo, se definen nuevas formas de sociabilidad y se construyen identidades no basadas vectores biológicos, sino en la resistencia a los dictámenes que demandan la escisión radical entre sabios y legos. Y como la crisis del modelo de los expertos acabarán amenazando a la misma ciencia, la democracia técnica no es sólo una buena noticia para los ciudadanos, sino que se hace imprescindible para la sostenibilidad de la empresa científica tal como la hemos conocido.

Pero hay más. Los públicos dejan de ser la abstracción fantasmagórica que responde a la paradoja, ya denunciada por Dewey y Habermas, de cuánto más visibles más inoperantes. Estratificados por comunidades de afectados o concernidos forman agrupaciones que no están vertebradas por valores o ideologías, sino que se configuran como comunidades de extraños que buscan soluciones políticas y cognitivas a un problema que les afecta (issue. como lo llama Noortje Marres) al margen de su poder adquisitivo, nivel cultural u otros determinantes sociales como la raza, el gen, la religión o la nacionalidad de origen. En su conjunto conforman una democracia de las minorías.

Las institución clave de la democracia técnica es el foro híbrido, un ámbito en el que se reúnen todos los concernidos (industriales, expertos, funcionarios, activistas) en perfecta igualdad de condiciones con la esperanza y la responsabilidad de encontrar respuestas desde las que construir un mundo habitable. Para los científicos -obligados a ser desde la Ilustración el otro de la gente, lo contrario de la ignorancia- hay un inmenso alivio en este nuevo gesto de modestia que se les reclama. Los foros híbridos, la institución clave para el aprendizaje colectivo, es también dispositivo con el que construir el procomún.