Enviado el miércoles, 03 de octubre de 2007 4:16
Muchos científicos franceses están protestando por el uso que el gobierno francés quiere hacer de las pruebas genéticas para el control de la emigración. Sin estos movimientos de resistencia los genetistas se arriesgan a ser vistos como expertos que igual están para un roto que para un descosido.
Los emigrantes echan de menos a sus
parientes y tratan de atraerlos al país que les da
trabajo. Tanto es así que en Francia la reagrupación
familiar es hoy el principal vector de emigración. Pero el
gobierno no para de inventar triquiñuelas para dificultar
estos movimientos de población. La última trampa es el
proyecto
de ley presentado el 28 de septiembre último que promueve los
test de ADN para acreditar el parentesco.
El nuevo proyecto biopolítico se
justifica afirmando que hay un atasco de 23.000 demandas de
reagrupamiento pendientes y se legitima por el hecho de que es
voluntario y que, cuando sea positivo, será reembolsado por el
estado. Así de fácil (o de razonable). Los políticos, de acuerdo con
los científicos, vuelven a ensanchar sus dominios sobre lo
humano desarrollando nuevos procedimientos que aparentemente les
permiten gestionar asuntos tan delicados como el parentesco de los otros, los de
fuera.
La diferencia ahora es que el control
de lo humano se aplica a los emigrantes y adopta la forma de una
especie de xenofobia de estado.
Jean-Pierre
Le Goff está denunciando estas nuevas prácticas en
la Francia de Sarkozy, mostrándolas como signos inquietantes
del advenimiento de la cultura del manager que debe seguir al proceso de
desculturalización
de la sociedad. Y es que los legisladores no parecen percibir la
existencia de adopciones, segundos matrimonios y nuevos arreglos
familiares, por ejemplo, entre homosexuales. Tratar de resolver
semejantes complejidades con simples (y, seguramente, costosas)
pruebas genéticas equivale a negar que lo real pueda ser
legal. De hecho
el proyecto está encontrando dificultades entre algunos
diputados de la Unión por un Movimiento Popular (UMP)
del presidente.
Por otra parte, de aprobarse la reforma,
se estaría presionando a
las personas para que se sometieran a
una prueba con muy graves consecuencias
psicológicas y sociales, pues son muchas las estadísticas
que hablan de entre un 5%- 8% de la población que podría
ser adulterina o, en otrtas palabras, no ser
h
ijo de quien dice
su madre. Averiguar estas cosas puede
producir heridas difícilmente reparables.
Muchos científicos,
por otra parte, no comparten esta voluntad gubernamental de
implicarlos en políticas de exclusión
que eluden abordar los
problemas de fondo (pobreza, enfermedades y guerras) y, como se hace
desde
Sauvons
la Recherche, están solicitando firmas para manifestar su
rechazo.
Claude
Hurriet, presidente del Institut Curie y promotor de la ley
Huriet que protege a los ciudadanos del uso abusivo de los datos
biomédicos y, con otros
representantes
de organizaciones en defensa de los derechos humanos, hablan de
una inquietante
banalización del ADN.