A estas alturas ya todo el mundo sabe que Rusia ha clavado a 4000 metros de profundidad en el Artico una bandera para reclamar la propiedad de los tesoros (gas, petróleo y minerales) que se ocultan bajo el lecho marino. El hecho evoca otros dos gestos de no menor trascendencia; el primero es un acontecimiento concreto: el alunizaje norteamericano del Apolo XI en el verano de1969. El otro, en cambio es una secuencia interminable y secular de apropiaciones coloniales realizadas por los países del Norte entre los siglos XV al XX de territorios previamente poblados por comunidades incapaces de hacerles frente.


La prensa se ha apresurado a calificar esta operación, disfrazada de expedición científica y nuevo hito civilizatorio, de signo inequívoco de la voluntad rusa de recuperar su influencia en los asuntos internacionales. También es obvio que la puesta en escena de la noticia ha enfatizado la conexión existente entre nuevas tecnologías y expansión territorial. Una conexión tan antigua como el intento de usar estas exhibiciones de musculatura para exaltar sentimientos patrióticos. Así, las nuevas tecnologías y el calentamiento global han permitido este discutible alarde tecnomilitar.

Los rusos cuentan con el plácet implícito de Dinamarca, Canadá. Noruega y Estados Unidos, porque todos aspiran a repartirse el suculento pastel y destruir algo que todavía pertenece a todos y que podríamos a legar a las siguientes generaciones. Aspiran, en definitiva, a revalidar los viejos usos coloniales, ignorando la posibilidad de que estas apropiaciones puedan ser revocadas en el futuro. Lo peor es que este saqueo podría ser legal si se aplica a los fondos oceánicos del Ártico los mismos conceptos jurídicos que consagra la Ley de los Mares (Law of Sea, 1982).

Un poco de historia nos ayudará entender el problema. Es sabido que el Tratado de Tordesillas (1494) repartió el mundo en dos mitades, una para España y la otra para Portugal. Las potencias ibéricas quedaron tan satisfechas como hostiles a su causa quedó el resto de Europa. Los debates no cejaron hasta que se impuso el punto de vista de Grotius que, al considerar ingobernables los océanos debido a su enorme extensión, propuso que en vez de considerarlos res nullius (apropiables por el primero que los descubriera) fuesen integrados al ordenamiento jurídico internacional como res comunnis, es decir de todos y de nadie. Se creó así el primer procomún global (global common), pero, y aquí está el chiste, se asimiló la noción de procomún con la de open access, un bien que se quería neutral y, en consecuencia, abierto para todos. Todo el mundo lo aceptó, dado que entonces los océanos se veían como un bien inagotable y, a efectos prácticos, infinito.

El error no tiene nada de inocente. En primer lugar, porque había otros procomunes (pastos, bosques y pesquerías) que estaban severamente regulados. Más aún, disponemos de estudios que sostienen la tesis de que los bienes comunes no se basaban en privilegios concedidos por algún noble, sino que eran formas de organización del territorio y la vida en común previas al feudalismo. Grocius inventó la noción de bien inagotable y optó por una solución que beneficiaba claramente a las potencias que disponían de los medios técnicos para navegar los mares. Dio, por tanto, cobertura jurídica a un acto claro de rapiña perpetrado por algunos países de Europa contra el resto del mundo.

Pero es que además el bien no es infinito. En los Setenta del pasado siglo quedó claro que los barcos de pesca podían ser enormes factorías flotantes que amenazaban le biodiversidad marina y agostaban los caladeros de todo el planeta. Igualmente, las nuevas tecnologías permitían extraer de los fondos cercanos a la plataformas continentales sus riquezas y, así, comenzó un movimiento que aspiraba a ampliar la zona marítima de explotación exclusiva de cada país (hasta 200 millas). La negociación de una Ley de los Mares fue dura pero acabó consolidando la identificación entre bien global común y libre acceso. Lo que, obviamente, ratificó la filosofía de Grocius de que era sostenible defender que el el mundo debía ser pastoreado por Occidente, al frente del cual lógicamente estaban los países más cultos y civilizados.

La Ley de los Mares amplia el número de comensales invitados al banquete, pero no modifica el asunto de fondo: el mundo es para quien los toma.Conviene en este punto recordar a Garret Hardin y su tesis sobre la tragedia de los comunales. Harding sostiene que bienes comunes están condenados a su agostamiento porque siempre habrá alguien que intentará un uso más intensivo del bien, poniendo en peligro los equilibrios que los mantienen y regeneran. También Harding, como explicó Elinor Ostron en Reformuñlating the Commons, comete el mismo error de confundir procomún con libre acceso, como si las comunidades que los sostienen no dispusieran de códigos que regulan el uso y penalizan los abusos.

La bufonada rusa es tragicómica. Es ridículo porque a nadie engañan ya estas formas decimonónicas de hacerse presente en la escena internacional. Y es trágico porque hace muy evidente la fragilidad del mundo que habitamos. Tenemos acuerdos internacionales que convirtieron a las ballenas en un procomún global y, para evitar su extinción, se limitó su caza y se declaró una zona del planeta reserva mundial (Antartic Whale Sanctuary) .

Pero, lo explica impecablemente Kathryn Milun, las cosas no marchan. Para ganar tiempo se ha propuesto una moratoria que Japón y Noruega no honran. Los de Greepeace que les acosan son calificados de terroristas y los de la Sea Shepherd Conservation Society que les obtaculizan se han quedado sin bandera, teniendo que navegar como piratas. En pocas palabras, quienes defienden el ordenamiento internacional son tratados como criminales, mientras las grandes corporaciones pesqueras japonesas se enriquecen destruyendo (apropiándose) de un bien que nos pertenece a todos. Así que, además de ilegal, no tiene sentido.

La Antártida está regulada por un convenio firmado por doce países que se comprometen a reservarla para la investigación científica. Y, aunque hay algunos incidentes que reseñar, las cosas han ido bien hasta ahora. Pero la fusión de hielos producida por el cambio climático podría hacer muy atractiva la explotación de sus riquezas. ¿Por qué sólo doce países deciden? ¿Por qué no un gobierno mundial? O, en otros términos, todo apunta a que el derecho internacional no garantiza el mantenimiento del procomún y que, además, está construido para asegurar la hegemonía de los poderosos sobre los menos afortunados, el sometimiento del Sur al Norte.

No falta quien reconoce que estas desigualdades deben ser corregidas y apoyan iniciativas que ceden la explotación de los fondos oceánicos a quienes disponga de la tecnología apropiada a cambio de una especie de impuesto que sería distribuido entre el resto de los países. Pero este tipo de proyectos no garantizan a las generaciones futuras la recepción del patrimonio común.

La Luna, sobre la que también se plantó una bandera, está sometida a una Convención (Moon Treaty, 1979) que intenta preservar para todos el espacio exterior y que no ha sido sancionado por ninguno de los países que, por contar con los recursos, pueden implementar los negocios. De hecho, Estados Unidos querría que la Luna fuese considerada como una provincia de toda la humanidad (gestionada por un directorio o algo así, con capacidad para firmar acuerdos y contratos) y no como un bien común, apartado de las leyes del mercado y regulado por la economía del don.

El asunto entonces, como explica K. Milun en On the Commons, es explorar las posibilidades del invocar el Principio de Herencia Común (Common Heritage Principle) para regular su inserción en el ordenamiento jurídico internacional y, tras superar el vetusto principio del descubrimiento utilizado en la época de expansión colonial, encontrar la manera de evitar que la doctrina de Grocius del Mare Liberum siga siendo el paradigma conceptual con el que gestionamos los bienes comunes globales.