Los universidades y, en general, las instituciones dedicadas a la investigación siempre fueron instituciones públicas. Profesores e investigadores siempre se consideraron miembros de esa República de las Ciencias (ver el texto original de Polanyi) consagrada al conocimiento y el bien común y, en consecuencia, productores y defensores de bienes cuya naturaleza sólo podía ser pública. Las cosas, sin embargo, han cambiado mucho en las últimas décadas.

Habitamos hoy una cultura que tiene extraordinarias dificultades para distinguir entre lo privado y lo público, pues las agencias de financiación y los propios organismos académicos favorecen la confusión. Se alega además que no hay alternativa y se aboga por incrementar este matrimonio que comenzó siendo de conveniencias y que para muchos ya es una verdadera relación de amor. No obstante es muy importante que nos demos cuenta de que esta deriva tiene su origen (es decir, es histórica) y que además está teniendo graves consecuencias sobre lo que entendemos por ciencia.

No hace falta ser un lince (de aquellos pioneros que integraron la Accademia dei Lincei) para percibir que la privatización del conocimiento conduce también a una privatización de las instituciones científicas. Se trata de dos movimientos que se refuerzan y aceleran mutuamente. Y no es difícil explicarlo, pues la transformación del conocimiento desde su condición de un bien compartido a la de un recurso en venta, empuja a las instituciones a entrar en el mercado de las patentes y ha formalizar sus relaciones con las empresas en términos de contratos que obligan a cuantificar el valor (a cambio de contrapartidas) que tiene la cesión de personal, laboratorios y conocimientos.

La consecuencias son obvias como explica Claire Polster en The Forum on Privatization and Public Domain:

• Aumentan los costes de la investigación, debido a la necesidad de mantener complejos servicios jurídicos y administrativos de transferencia de recursos a la sociedad.


• Disminuyen los apoyos a los programas menos rentables o, en otros términos, a las iniciativas que no sean rentables por no desembocar en en patentes u otras partidas comercializables.


• Se favorecen ciertas prácticas científicas (secretismo u ocultación de datos, retraso en la publicación, conflictos de intereses) que son contrarias a los valores que deben regir el día a día de la ciencia.


• Se crean las condiciones para que las viejas disputas por la prioridad de los descubrimientos (entre científicos) se transformen en pleitos por la propiedad del descubrimiento (entre empresas, los centros académicos entre ellos). Las Universidades se van transformando en vendedoras de servicios, más que en servicios públicos.

Globalmente lo que estamos haciendo es potenciar un gran mecanismo de transferencia de recursos desde el sector público al privado, empezando por el conocimiento mismo. Lo peor de todo es que los responsables de la política científica (no importa si en la escala de lo local, lo nacional o lo europeo) se comportan como si no hubiera alternativa. ¿La hay?


La respuesta no es fácil, aunque lo que aquí nos proponemos es darle una oportunidad a que esta problemática aflore. O, en otros términos, a que sea posible un debate abierto. ¿Hay alguna posibilidad de que los organismos públicos de investigación recuperen su condición de baluartes del procomún? Todas las alternativas son imposibles si de partida no admitimos la necesidad de establecer fronteras claras entre los intereses privados y las responsabilidades públicas.


Por supuesto, hay soluciones radicales, como prohibir cualquier tipo deriva comercial en los entes públicos. Las soluciones drásticas, sin embargo, tiene el problema de que no logran atraer al problema a todos los colectivos potencialmente interesados en participar en una coalición que presione a las autoridades académicas y políticas para que detengan el proceso de permanente degradación del conocimiento y la universidad. O lo que igual que impidan la permanente erosión del bien común.

En principio todos los ciudadanos deberíamos sentirnos afectados por esta deriva desnaturalizadora del conocimiento y de las instituciones académicas. Pero lo más probable es que los primeros aliados de la coalición que aquí se postula esté conformada por los colectivos de estudiantes, investigadores y artistas más jóvenes, los activistas del medioambiente y los que luchan por la recuperación de la urbe como espacio público. Colectivos a los que se agregarían muchos profesionales sanitarios, las ONG que estén trabajando por los derechos de los pueblos primitivos, o las que se movilizan contra el abuso de los derechos de propiedad intelectual, los movimientos hackers y favorables a la cultura de la transparencia (openness). También son probables aliados los colectivos en proceso de precarización laboral y los del movimiento altermundista.

Y sí algo hay que hacer. Habría que empezar por explorar cuatro tipos diferentes de medidas que nos ayuden a recuperar el rumbo:

• Impedir la deriva hacia las prácticas que antes denunciábamos (secreto, retraso, ocultación de datos). Y, para ello, exigir que los profesores/investigadores declaren fehacientemente que no hay conflicto de intereses en su conducta.


• Obligar a que los administradores de la política científica den prioridad a lo público frente a lo privado.


• Crear cuerpos independientes que vigilen la desviación de recursos/conocimientos desde lo público a lo privado.


• Explorar la posibilidad de nuevos regímenes de propiedad intelectual que se basen en el principio de que todo el conocimiento producido total o parcialmente con fondos públicos nunca deje de ser público y que, cuando sea cedido a una empresa privada, lo sea en términos de usufructo por la menos cantidad posible de tiempo.