Google se propone subir a la red 30 millones de libros en los próximos ocho o diez años. Para ello está firmando acuerdos con grandes bibliotecas que le dejan copiar sus fondos a cambio de recibir una copia completa del trabajo. El coste total de la operación se calcula que pueda ascender a unos 800 millones de dólares. Y para hacernos una idea del ritmo de procesamiento, sabemos que en la Universidad de Michigan  se están escaneando unos diez mil volúmenes a la semana.  O sea que sí, que Google, según reza su propia filosofía corporativa, sigue empeñada en “...organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible para todos”.


La cuestión es que, como explica este mes Jeffrey Toobin en The New Yorker, los libros son también una mercancía regulada por leyes que protegen la propiedad intelectual. Se calcula que alrededor del 20% del material impreso pertenece al dominio público, incluyendo en este porcentaje las publicaciones del gobierno o todos los textos cuyo copyright ya expiró.  Y cuando Google dice estar organizando la información, lo que hace es tomarla de donde esté y servirla a través de su buscador.  No ofrece, sin embargo el libro completo, sino  frases que rodean la palabra que se busca en todos lo libros que ya estén en sus servidores. Para el usuario normal es como ir a la librería y andar hojeando cualquier cosa que le llame la atención.  No vamos a entrar en cómo se puede hacer negocios regalando servicios (ver aquí).

El asunto es que los autores y las editoriales quieren participar en el festín y cobrar un porcentaje en concepto de derechos. Su planteamiento es simple.  Si las palabras/ideas las encadenó alguien (el autor, author) y las empaquetó/difundió una empresa (el editor, publisher), cualquier producto derivado de esta mercancía que llamamos libro (como, por ejemplo un guión de cine) debe pagar derechos.  Y, en consecuencia, han colocado sendas demandas que según parece deben resolverse a lo largo de 2007.

La posición de Google es muy distinta. En primer lugar, sostiene que la información que ofrecen a los usuarios ayuda a los autores/editores a encontrar clientes y que, en todo caso, nunca dan el producto completo, sino una exhaustiva información contextual en respuesta a una pregunta concreta.  Pero hay más, pues mantienen también que el objeto que venden es un producto derivativo o, en otros términos, que cuando el libro es digitalizado e ingresa en sus servidores lo que resulta es una entidad completamente nueva, cuyo valor procede del algoritmo inventado por Google para indexar palabras y responder preguntas (Google Book Search). 

Igual que no pagan derechos los cocineros por usar recetas sacadas de un libro, ni los músicos por inspirarse en el folclore o los fotógrafos por disparar contra las estrellas (y estrellitas); por los mismos motivos que los ensayistas no adquieren deuda alguna con el director de Ciudadano Kane, el predicador en la misa dominical o el ejército americano  que lanzó la bomba sobre Hiroshima, tampoco deben pagar quienes, como Google, usan una lata de sopa de tomate o un urinal para hacer arte. Todos esperamos que John Cage no quiera patentar el silencio como composición musical, ni que tampoco genere derechos la interpretación por el personal de The Guardian de la composición 4'33''.

Y si un juez sentencia lo contrario, toda nuestra cultura, el mundo mismo que habitamos, sería sacudido por una ola de estupidez sin precedentes. Lo peor es que si existiera un tribunal tan contrario al sentido común (una hipótesis nada descabellada, si consideramos la certeza de Bush presidente)  y obligara a Google a pagar, las cosas empeorarían todavía más.  Serían muchos dólares, pero pagarían con publicidad, con OPAS hostiles o simplemente con dinero contante y sonante.  La inversión de Google sería impresionante, pero conseguiría  los derechos de todo y, desde luego, como explicó Lawrence Lessig, desanimaría a cualquier otra empresa que quisiera meterse en el mercado de las palabras. 

Los autores y editores, trafican mucho con Darwin, pero no lo han leído y, no saben  que el futuro no es de los más fuertes, ni de los más inteligentes, sino de quienes den la mejor respuesta a los cambios.  Justo lo contrario de lo que hacen, pues al parecer lo único que se les ocurre es presionar para que se hagan leyes que expandan abusivamente los derechos de propiedad intelectual y así repartirse unos recursos  (una especie de nuevo impuesto) con los que financiar el difícil (o puede que resistencialista) tránsito de las viejas empresas a las nuevas tecnologías.

Y quizás muchos pagaríamos para preservar empleo en el sector o su bella cara, pero que por favor no lo hagan por nuestro bien y mucho menos para salvar la cultura.