La Comisión Europea, ver eurobserver, parece decidida a impulsar políticas de open acces. La posición de partida parece que incluirá la exigencia de que los artículos derivados de investigaciones financiadas con fondos europeos pasen a ser de dominio público a los seis meses de ser publicados. Así es como la CE quiere establecer un balance entre el interés común y los intereses privados, ya que la industria editorial científica europea mueve 3 mil millones de euros y da empleo a emplea a 42 mil personas.
Y es que, en efecto, no basta con que los fondos para investigar (Europa gastará 33 mil millones entre 2007 y 2013) se otorguen a los grupos que más lo merezcan o a los objetivos que mejor defiendan el bienestar público, tampoco es suficiente con evitar el despilfarro o con favorecer la cohesión en el espacio europeo. Defender el bien común implica poner fin a un negocio absurdo: el estado paga la investigación y los resultados (los artículos) son privatizados por las editoriales y luego vendidos a las bibliotecas de las mismas instituciones donde trabajan los científicos que produjeron aquellos resultados.

Los editores se están movilizando. Hasta ahora han invertido mucho dinero en campañas de prensa/intoxicación para sembrar dudas sobre si las políticas open access provocarían un descenso general de la calidad de los textos publicados, insinuando que sólo los agentes privados pueden asegurar la calidad del proceso de selección y depuración de los contenidos. Pero, al parecer, su inquietud va en aumento, como se cuenta en el blog de Peter Suber. y se comenta/debate en Slashdot. Y algunos ya empiezan a utilizar en su argumentación artillería pesada, ver el blog de Alicia López Medina.

Según Nature, algunas de las mayores empresas (Elsevier, Wiley and the American Chemical Society) han contratado a Eric Dezenhall, quien tiene una reputación discutible, para mejorar que les aconseje cómo mejorar su imagen e impedir lo inevitable. Y, aunque cueste creerlo, ha irrumpido en el debate con un eslogan tan agresivo como reaccionario: “Acceso público es lo mismo que censura gubernamental”. En fin, si esto es todo lo que tienen que aportar al debate los principales editores científicos, la pregunta es cómo los científicos llevan tanto tiempo confiando en ellos.

El problema se agrava cuando pensamos en científicos que no están vinculados a las grandes instituciones, las que cuentan con recursos para pagar la factura por las suscripciones. Y, desde luego, lo que vale para las instituciones pobres, se extiende para los países o los continentes pobres. Y es inaceptable este proceso de paulatina privatización del conocimiento que, además de excluir a los científicos pobres, también deja de lado al conjunto de la ciudadanía que para tener acceso a información de calidad tiene que hacerlo a través de una biblioteca especializada. Es absurdo que los ciudadanos que pagamos con nuestros impuestos la ciencia no podamos acceder a sus resultados.

El asunto tiene importancia porque si queremos mayor rigor en los debates sobre las alternativas, digamos, las políticas medioambientales, alimentarias o energéticas, también necesitamos incrementar la calidad de la información libremente accesible.