El sábado 6 de enero de 2007, hace dos días, el Consejo de la American Historical Association, AHA (fundada en 1889) rechazó una resolución que unos días antes había aprobado la Asamblea General (Bussines Meeting) de la AHA reprochando a la administración Bush haber violado los principios de “libre expresión (free speech), transparencia en los debates (open debate) y acceso abierto (open access) a los registros gubernamentales” y que, en consecuencia, animaba a sus asociados, en tanto que ciudadanos, a emprender acciones públicas para defender el respeto a los valores inherentes a la práctica profesional y para apoyar una rápida conclusión de la guerra de Irak.


El Consejo adoptó la decisión tras comprobar que de los 4.800 asociados sólo habían asistido a la Asamblea (Bussines Meeting) unas 200 personas. Sí aprobó, sin embargo, otras resoluciones que fueron apoyadas en la Asamblea con un respaldo parecido. El problema entonces no era de quorum, sino la pertinencia de un dictamen que, según sus detractores, dividiría la AHA por ser un asunto más político que profesional (ver el relato en History News Network).

La propuesta fue promovida por Historians Against the War (HAW) y, según se argumentaba, era una respuesta adecuada al estado de permanente violación de las reglas que garantizan una investigación abierta, dado que

a) se ha impedido que reconocidos investigadores extranjeros entren al país;
b) se ha acusado de revisionistas a quienes han cuestionado la credibilidad de los servicios de inteligencia;
c) se han reclasificado documentos previamente desclasificados,
d) se ha suspendido el derecho de habeas corpus impidiendo que la defensa pudiera hacer el prescriptivo trabajo de investigación, y
e) se han utilizado técnicas de investigación (tortura y fabricación de pruebas, entre otros) contrarias a nuestra/la civilización y dignidad humana.

La resolución de AHA tiene como precedente otra contra la guerra del Vietnan (1969) y que también fue derrotada, una decisión que otros historiadores posteriormente valoraron muy negativamente por ser expresión del (confortable) aislamiento que practican los académicos respecto a los problemas que amenazan la vida en común.

Ya hemos tratado varias veces las tensiones creadas por la creciente politización de la ciencia durante la administración Bush (las llamadas guerra de la ciencia) en relación al evolucionismo o el cambio climático (y aquí). También hemos hablado de la mucha arrogancia con la que a veces se han comportado los científicos, ya sea desentendiéndose de las implicaciones de sus descubrimientos o apostando por la ciencia sexy (la que da publicaciones, fama y premios), ya sea involucrándose en asuntos turbios (antropología y arqueología basuras) o mezquinos (farmachifles, por ejemplo).

En todos los casos se ha producido una movilización de científicos (ver también aquí) en defensa de una forma de entender las prácticas científicas (ethos de la ciencia) que, como ocurre en nuestro caso, implica nuevas maneras de construir el compromiso entre ciencia y sociedad. No sólo es que los científicos deben dedicar más tiempo a pensar las consecuencias de lo que hacen, sino que esperamos su criterio profesional sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ya sea que hablemos de cómo reducir las emisiones de C0₂ o de los riesgos asociados al uso de transgénicos, ya sea que nos refiramos a las tensiones migratorias o a los horrores de la guerra.

En fin, la inquietud expresada por el Consejo de la AHA acerca de los peligros de mezclar los intereses ideológicos con los profesionales, tiene poco de académica y mucho de política. No se trata sólo de que la creencia en que son separables implica adscribirse a una epistemología simplista, sino que al sugerir como correcta la práctica de la no pronunciación se está apoyando (al menos tácitamente) un forma (ominosa) de gestionar asuntos públicos de muy amplias resonancias locales y globales.

Salir de la torre de marfíl en la que se refugiaron los científicos tras la Revolución francesa y las guerras napoleónicas no será fácil, ni estará exento de nuevas incertidumbre. Al fin y al cabo eso fue lo que hicieron en la Alemania de Hitler y en la Rusia soviética y fue un experimento desastroso, pero hoy quizás podamos reflexionar sobre aquella experiencia y estas urgencias para rehacer un nuevo pacto social por la ciencia, en la que los científicos recuperarán el prestigio social si actúan en defensa del procomún y no de intereses corporativos.