Cuando hablamos de la sociedad de la información y el conocimiento no estamos utilizando una metáfora de mucho gancho mediático para referirnos a los tiempos actuales. Hace unos días supimos que REACH, la norma que aspira a regular el registro y uso de sustancias químicas en Europa, había sido el escenario de una gran batalla (algunos dicen que la mayor, hasta ahora) de lobbies para influir sobre los gobiernos y los parlamentarios. También se recuerdan las luchas a favor o en contra la de las leyes sobre propiedad intelectual y sobre patentes en software.

Tampoco olvidamos las muchas y variadas intoxicaciones informativas que hemos padecido y seguimos padeciendo en todos los asuntos relativos al cambio climático, los organismos genéticamente modificados o los riesgos medioambientales sobre la salud. No hace falta escribir un libro para afirmar que estamos delante de asuntos de mucha trascendencia política y enorme repercusión económica.


Basta con hojear el periódico o ver los noticiarios de televisión paras comprobar la relevancia creciente que están adquiriendo las noticias científicas. Detrás de ellas se están librando cruentas batallas que movilizan una variedad notable de actores. Ya hemos tratado varias veces estos asuntos por la importancia que tienen para la redefinición de un nuevo compromiso de la ciencia con la sociedad. No va a ser fácil, pero los científicos tendrán que hablar de estas cosas públicamente (y aquí) y tratar de consensuar una nueva cesta de valores que definan su conducta y el papel que quieren tener en nuestra sociedad.

Baste con considerar el último encontronazo del gobierno norteamericano con los investihgadores. Según Associated Press, la administración Bush ha exigido de los científicos del U.S. Geological Survey que sometan a revisión cualquier noticia que se origine por los descubrimientos que puedan realizar. La norma establece que la oficina de comunicación de la USGS debe ser avisada de cualquier “producto informativo que contenga asuntos altamente visibles o políticamente sensibles, [así como] de los hallazgos o datos que puedan ser especialmente noticiables, tener impacto sobre las políticas del gobierno o contradecir la previa comprensión pública para garantizar que sean los funcionarios adecuados los que desarrollen la estrategia de comunicación”. Y, claro, muchos científicos piensan que la palabra que describe esta nueva política es censura.

Sus promotores la defienden diciendo que de lo que se trata es de ampliar la noción de peer-review desde la comunicación entre académicos a los intercambios informátivos con la sociedad en su conjunto. Pero es que llueve sobre mojado, pues el control sobre las personas, se amplia a las bibliotecas: están desapareciendo de las web de otros organismos científicos públicos algunos informes contradictorios con la política oficial. Y sí, lamentablemente, es lo que parece. Las coincidencias, se mire como se mire, son clamorosas. Tanto que Paul Revere de Effect Mesure inicia su artículo con una sentencia vigorosa: “La Administración Bush odia la ciencia”.