Ganar la condición de Patrimonio de la Humanidad es un logro que llena de orgullo a los habitantes de cualquier ciudad. La documentación que hay que presentar involucra un sin fin de instituciones que deben probar que la decisión está justificada por sus riquezas arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas. Pero lo que se premia no es una colección de monumentos dispersa en el espacio de la ciudad, sino una manera inteligente de convertir la historia en un activo cultural y económico. Por eso, los promotores de un proyecto de esta naturaleza necesitan la complicidad de los ciudadanos, pues condicionará las formas de habitar (es decir, pensar, pasear y usar) la ciudad.


Toledo, sin embargo, parece estar arrepentida y ha aprobado planes de urbanización de la Vega Baja (plano) que ponen en peligro su rol como Patrimonio de la Humanidad. El asunto es polémico y bochornoso, pues el ayuntamiento ha modificado sus planes de urbanismo y ha vendido parcelas a constructoras y cooperativas que han respetado las reglas y ahora esperan hacer negocios o, simplemente, obtener su vivienda (ver khman). Hay muchos problemas, pues el asunto ha sido proceloso y, pese al consenso actual de los grupos municipales, está muy politizado.

Pero el tema de este post es la forma en que el boom inmobiliario ha creado una urgencia de arqueólogos que desemboca en una arqueología de urgencia.

El asunto se explica rápido. Cuando se abren zanjas se pueden encontrar restos arqueológicos que deben ser evaluados para conocer su valor y la, en consecuencia, viabilidad de la obra en cuestión. Y, como son muchas las obras, no para de crecer el número de arqueólogos. El problema se acentúa cuando, como es el caso de Toledo y otras muchas ciudades españolas, las excavadoras operan en centros históricos.

La urgencia de arqueólogos ha provocado el auge de la arqueología de urgencia, un trámite administrativo relacionado con la obtención de la licencia urbanística. Este sería otro nuevo escenario de riesgo: el riego de expertos. La figura clave ahora, según nos cuenta Jesús Carrobles Santos en El País (25.11.2006), es el promotor que “...se ha convertido en el personaje clave que dicta las prioridades y que selecciona y contrata al arqueólogo encargado de hacer unos informes que, en buena medida, determinan la posibilidad de llevar a cabo su proyecto”. En fin, lo que se insinúa es que unos profesionales formados para cualificar y defender el patrimonio, podrían estar contribuyendo a su destrucción.

En tales circunstancias, los arqueólogos, contratados para excavar y no para investigar, tienen que firmar cláusulas de confidencialidad que, como ya vimos en otros casos aquí tratados (aquí también, y aquí), destruyen valores conectados a la noción de bien común y al ethos mertoniano de la ciencia (desinterés, cosmopolitismo, neutralidad, transparencia) a los que nuestra sociedad no puede ni debe renunciar.

Todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos más dineros para la ciencia, dando por hecho que el conocimiento generado redundará en beneficio de todos, lo que parecería no ser cierto con esta nueva especie de arqueología de urgencia que deberíamos llamar, como ya hicimos con cierto tipo de antropología, arqueología basura.