Esta reflexión tiene una vez más sentido porque, como me dijo Julen Iturbe-Ormaetxe y se explica en Joho the Blog, un grupo de miembros de la American Anthropological Association, se han movilizado porque la AAA obstaculiza el libre acceso de todo el mundo a la información que produce.

En este caso, el argumento para no abrazar un política abiertamente favorable al open access es que las publicaciones que deberían engrosar el dominio público son la principal fuente de ingresos de la AAA. Sí, sí, como suena. Lo repetimos: la AAA vive de vender (a la gente) una información que ha sido producida con recursos provenientes de las arcas públicas, las que se llenan con los impuestos (de la gente). Un sólo comentario: eso de que los organismos sin fines de lucro (la AAA se postula, sin serlo, como una ONG) privaticen recursos públicos es otra de las dejaciones de responsabilidad a las que nos están acostumbrando las autoridades públicas y que ya hemos denunciado aquí en varias ocasiones. Ver, por ejemplo, el artículo la canibalización del procomún.

Hace unos días también nos contaban en GOLEM blog otro caso que, no sólo vuelve a ejemplificar esta práctica absurda de que una institución pública,como lo es el Instituto Nacional de Meteorología, se apropie de una información que si pagamos entre todos debería también pertenecer a todos. Pero, no. El INM es una máquina bien engrasada en el arte de producir una ginkana de dificultades que debe dar mucha vidilla a sus funcionarios y que desespera a los investigadores y a los defensores del bien común.

Para acceder a los datos que poseen sólo les falta pedir el certificado de penales, como se hacía durante los años del franquismo. Y la verdad es que casi lo hace, pues al final de la larga lista de condiciones que ponen estos supuestos servidores públicos (tan reñidos con el sentido común como verdugos del dominio público), obligan al sufrido y potencial usuario a comprometerse a “No formular declaraciones en relación con la información recibida del INM que puedan comprometer a éste o a su imagen pública”. O sea que el INM parece que quiere limitar la libertad de expresión, uno de nuestros derechos constitucionales, impidiendo que podamos criticarles si, como es el caso, se lo merecen.

Lo mejor de todo es que si, aburridos de tanto papeleo y semejante abuso de autoridad, uno quiere los datos, entonces lo que debe hacer es dirigirse a las webs de Climate Research Unit, WorldClim, o Tyndall Centre for Climate Change Research y bajarse gratuitamente coberturas climáticas del mundo entero con una resolución de 1 km.

Este asunto me trae a la memoria un post de González Barahona en Tribuna Libre sobre la diferente actitud en la Unión Europea y en USA respecto a la liberación de los datos geográficos. Los norteamericanos actúan desde la convicción de que al hacer libres los datos, además de hacerse justicia, se crean las circunstancias adecuadas para la creación de nuevos negocios basados en la creación de valor añadido y no en la producción de escasez.

La alternativa a esta mentalidad favorable al open data es, como sucede en la AAA y en el INM, el mantenimiento de una burocracia que sólo puede sobrevivir practicando las políticas del cerramiento de los bienes comunes.