La antropología no es una ciencia de punta (rocket science), lo que no significa que estemos ante una práctica disciplinar en crisis o indolente ante los cambios que se suceden en nuestro mundo. Es verdad que las “guerras civiles” intracorporativas le han quitado el aura de ser un saber heroico, situado en la intersección entre la aventura, la ciencia y la filantropía. Hace mucho tiempo que está bajo sospecha, pero desde hace dos o tres décadas, hay numerosos historiadores, periodistas y exploradores que han denunciado las innegables, sutiles y múltiples formas de connivencia de los antropólogos con todas las formas de colonialismo.


No extraña entonces que sean las mismas organizaciones profesionales las que, ahora sensibles a errores pasados, estén vigilando las conductas individuales y corporativas de sus asociados. Pese a todo, nunca acaba esta disciplina de superar el pecado de origen: esa mezcla entre empatía y desdén por su objeto de estudio, fruto, quizás, de la tensión entre el, digamos, querer entenderlos y el querer salvarlos.

Franz Boas, uno de los presidentes de la American Anthropological Association, fue censurado en 1919 por la AAA, la organización que contribuyó a fundar, después de que criticara con severidad a los colegas que trabajaron como espías durante la I Guerra Mundial. Y la censura, pese a las muchas protestas, no ha sido levantada hasta hace poco (Uncensoring Boas). No es el único caso que podríamos citar. Entre los más recientes, dejando a un lado el escándalo de la biopiratería, es obligado citar las muchas tropelías contra los yanomamis perpetradas por Changnon y Neel y que denunciara Patrick Tierney en El saqueo de El Dorado (Grijalbo, 2002).

El caso es que la American Anthropological Association ha creado una comisión especial para explorar las consecuencias éticas que pudiera tener la colaboración y creciente demanda de antropólogos por parte del Pentágono y los servicios secretos norteamericanos. Y es que desde el 11/S son muchas las ocasiones en las que se está solicitando un dictamen que ayude a los jefes militares y políticos a enfrentar las encrucijadas de las llamadas luchas antiterroristas.

El problema es que muchas antropólogos han sido educados en la tradición de que su principal lealtad es con los pueblos primitivos y no con el estado. Por otra parte, la CIA exige el secreto para los informes que solicita. De forma que los antropólogos colaboracionistas (con su propio estado y, si se quiere, por razones de estado) incurren en dos fragantes irregularidades: actuar como políticos y practicar el secretismo. Pero, como tantas veces se ha dicho recordando la ciencia nazi y soviética, ¿no tenían los científicos que proteger la República de la Ciencia por encima de los intereses de la nación? Y, además, ¿es que ya no siguen vigentes los valores mertonianos de la transparencia, el desinterés y el comunitarismo?

Mucha gente no acepta este dilema y acusa a quienes sostienen su plena vigencia de ser elitistas, egoístas e insolidarios. Quienes opinan que los antropólogos, como cualquier otro científico o ciudadano, deben acudir a la llamada de sus legítimos representantes, se enfadan mucho cuando comprueban que los científicos (al menos, unos pocos) reclaman el derecho a decidir por ellos mismos cuándo y a quién entregar la información que poseen.

Creo que aciertan cuando exigen del gobierno (siempre dispuesto a enarbolar la razón de estado para autolegitimarse) transparencia con la información que reciben y garantías de que será utilizada para crear entornos de conocimiento más abiertos y sensibles a la diferencia. De otra manera, es prácticamente imposible distinguir entre un investigador y un espía.