El último viernes 23 de junio, explica C/Net, el Consejo de Ministros de Bélgica adoptó la decisión de exigir que la documentación administrativa se archive y circule en un formato estándar (ver comunicado de prensa). En la práctica, tal decisión que será operativa a partir de septiembre de 2008, significa que cae la primera ficha de dominó en favor del formato ODF, Open Document Format. Sabemos que esta decisión estuvo precedida por la que acordó el estado de Massachusset, tras muy agrios debates con Microsoft.

La decisión pionera de entonces y la paradigmática de hoy tienen un alto valor simbólico y son de sentido común. No tardarán otros países en sumarse y, de hecho, todo apunta a que India será el siguiente (ver aquí un análisis que conecta soberanía con innovation en India) en apostar por formatos no propietarios, una vez que la International Standars Organization, ISO reconoció ODF como un estándar.


Ya lo hemos explicado anteriormente. El formato no es sólo la interface que nos permite personalizar los documentos, para hacerlos más agradables o más innovadores. Formatear no es sólo fabricar una apariencia. Implica también traducir a código binario todos los signos que incluye y formas que los muestran, y esa codificación puede hacerse con un software que permita que cualquier otro programa pueda leer el documeto (decodificar) sin pérdida de información. Pues bien, lo que ha hecho el gobierno belga es exigir este tipo de condición a todos los documentos que lleguen o circulen por cualquiera de sus servidores. Es de sentido común, porque lo que el gobierno está garantizando es la compatibilidad de todos programas y la interoperabilidad de todas las máquinas.

Los ciudadanos son libres de usar el software que quieran y de hacerlo con cualquiera de las máquinas existentes en el mercado. Incluso pueden seguir usando (contra toda lógica) los programas de Microsoft, la empresa que más ha combatido esta rara prueba de soberanía nacional intoxicando la opinión con “estudios” que acusaban a los gobiernos que dudaban de ignorantes e intervencionistas.

Lo que no podrá hacer ningún particular, como tampoco ninguna empresa o institución pública, es dirigirse al gobierno con un documento archivado en el formato .doc porque es un formato cerrado. Que sea cerrado quiere decir que nadie sabe, salvo que por ingeniería inversa alguien lo desencripte, cómo se fabrica el mencionado formato. Ahora las empresas de software tendrán que incorporar, como ya hizo Open Office, la posibilidad de archivar en formato .odf o, de otra manera, los servidores del gobierno rechazarán el documento.