El interés por los desastres seguramente irá aumentando. Hablar de ellos siempre fue tema de cenizos, aunque tal vez estén cambiando las cosas. En todo caso, aparentar que no nos preocupan o que son asunto del gobierno es un error que Dupuy, entre otros, viene denunciando desde hace tiempo. Las catástrofes son el mejor ejemplo entre los posibles de qué es lo que debe (quieran o no los funcionarios gubernamentales) pertenecer al sistema de la gobernanza, lo que implica políticas que favorezcan el acceso libre y gratuito a toda la información disponible.


El caso de la gripe aviar, si llegara a declararse la temida pandemia, hará evidente que estamos ante un problema que no puede resolver en la escala de lo estatal o regional. Son muchos los que están denunciando esta aparente pretensión de estatalizar el conflicto. Algunos incluso están denunciando la deriva hacia su militarización (social militarization, también aquí), como sucedió cuando el huracán Katrina azotó Nueva Orleans. Nadie pide que el estado se ausente, pero son muchas las voces que están reclamando mayor transparencia y, sobre todo, que se reconozca que este tipo de amenazas sólo podrán combatirse eficazmente si se involucra a las instituciones locales y a las comunidades ciudadanas.

El impacto del Katrina (Nueva Orleans) y el Prestige (Galicia), así como el del tsunami (Sudeste asiático) o el terremoto de Cachemira, prueban que nuestras sociedades, ricas o pobres, no está preparadas. Se dirá, quizás, que nadie puede estarlo. Pero quienes así hablan, lo que hacen es reconocer que las estructuras verticales, centralizadas, burocráticas y cerradas (como, por ejemplo, los estados) son incapaces de hacer frente a este tipo de problemas.

En situaciones extremas, normales en caso de catástrofes, las soluciones generales son insuficientes, pues las previsiones de los expertos son superadas por los acontecimientos. La gente entonces encuentra formas muy innovadoras de salir adelante y de luchar contra la adversidad. Sus soluciones, además de baratas son practicables, y conforman un fondo de experiencia humana que no debería se patrimonializada por ningún organismo, público o privado, y que merece ser compartido. En definitiva, deben ser accesible para todos.

En situaciones de emergencia, el intercambio de información fiable puede marcar la diferencia entre una catástrofe (material) y una tragedia (humana). Hacen muy bien los gobiernos (nacionales o transnacionales) en preparar planes, pero como al final es la gente la que tiene que afrontar los problemas, son ellos, los afectados, como se insiste desde el magnífico Effect Measure, quienes necesitan tener acceso a la información y a los instrumentos para combatir la desgracia.

Todo el mundo sabe que si hace frío lo mejor es una manta y que si se tiene sed o fiebre hay que beber agua o ingerir algún febrífugo. Pero lo cierto es que con frecuencia tales remedios quedan muy lejos o están agotados, y hay que improvisar. Más aún, los remedios en los que estamos pensando no son médicos, sino sanitarios. Tienen que ver con la sabiduría popular y la solidaridad ciudadana.  Y, así, mientras que las medicinas son necesarias, la medicalizacion sólo es una solución aparente.  De hecho, muchos expertos piensan que es un problema. De ahí la importancia, como ya discutimos aquí, que tiene crear bases de datos abiertas que todo el mundo pueda enriquecer y consultar, según el modelo de la Wikipedia.

Pero hay más, como se explica Peter Suber en Open Access News resumiendo un editorial del British Medical Journal (25.12.2005). Hay situaciones en las que, el más mínimo sentido humanitario, exige suspender ciertas prevenciones/obstáculos al libre intercambio de datos, ya sea por mor de las leyes de propiedad intelectual, ya sea por la no interoperabilidad de los formatos no estándar. Hay muchos profesionales cuyos papers o informes están publicados en lugares de acceso restringido. Algunos organismos, como Plos Medicine y BioMed Central ya han enviado toda la información de que disponen a Relief Web, una base de datos creada en 1996 por la ONU. Pero los gobiernos son perezosos y muchas revistas científicas insisten en defender sus derechos comerciales. Los científicos, no importa lo obsesionados que estén por su carrera, también deberían enviar los artículos que contengan información relevante para la salud pública a repositorios públicos.

El caso del Tamiflu parece un buen ejemplo, pues, de un lado, los laboratorios Roche parecen incapaces de producir todo el que previsiblemente se necesitará y, del otro, hay países que han depositado sus escasas reservas en manos del ejército. Dicen que es para distribuirlo mejor, pero su finalidad es asegurar el mantenimiento del orden público. Tampoco se nos dice qué hacer, cómo protegernos, por miedo a que cunda el pánico. Y , en fin, se nos niega hasta tres veces nuestro derecho a la salud: primero, protegiendo los derechos de propiedad intelectual de Roche por encima del bien común; segundo, considerando la pandemia un asunto de estado que ignora las administraciones locales y las organizaciones ciudadanas; y, tercero, ocultando información que debería ser discutida y contrastada públicamente.

Las catástrofes, como se dijo, son un buen argumento para comprobar la necesidad del open access, pues cuanto más obvia es la necesidad de conocimiento, más relevante o decisiva es la política de open access.