El caso Hwang Woo-Suk, ver Framing Science, no deja de atraer la atención de quienes quieren explorar, no tanto lo que el coreano hizo contra la buena imagen de al ciencia, como lo que el nuevo mercantilismo científico le está haciendo a los científicos. Sabemos que la mayoría de los científicos no trucan los datos de su investigación, aunque las encuestas anónimas insisten en que al menos un tercio de los investigadores ha cedido alguna vez a la tentación. Y sí, entre las causas de esta inquietante realidad hay que mencionar el instinto de supervivencia (publicar o morir) o, como lo menciona Jacques Testart en Le Monde (4 de enero), la imparable deriva hacia la ciencia espectáculo.


Pero volvamos sobre el tema de la mercantilización de la ciencia y, en particular, sobre el impacto de las políticas de propiedad intelectual sobre la marcha de la ciencia. Cada día son más lo que opinan que hay que revisar la tesis de que los derechos de propiedad intelectual son la savia que alimenta la innovación científica. El último número de The Scientist (enero, 2006) se hace eco de estos debates, a la par que resume una encuesta realizada por un equipo dirigido John P. Walsh para la American Association for the Advancement of Science (AAAS).

La mencionada encuesta, realizada a finales de 2004, revela que sólo el 5% de los investigadores biomédicos que trabajan en centros académicos comprueba periódicamente si hay nuevas patentes en su campo de investigación. Un dato que sorprende, pues el sistema de patentes está afectando considerablemente la marcha de la investigación. Por ejemplo, la práctica del secreto se extiende imparable como mancha de aceite. Sabemos que el 19% de los investigadores tuvieron muy serias dificultades para acceder a datos o materiales procedentes de investigaciones que habían originado patentes.

Esta circunstancia no influyó en todos los investigadores por igual, sino que afectó más a los que trabajan en laboratorios privados (este impacto lo admitieron el 75% de los encuestados) que a los que lo hacen en instituciones públicas (35%). Entre los que admitieron interferencias, un 58% se quejaron de padecer retrasos, un 50% de tener que modificar su investigación y hasta un 28% reconoció que tuvo que abandonar su proyecto. La causa más común de tales dificultades se originó en las complejas negociaciones para obtener licencias sobre supuestos o reales derechos de propiedad intelectual.

El asunto es grave y motivo de preocupación y debate, ver nuestros anteriores post aquí y aquí. Según un informe, citado también en The Scientist, elaborado por el National Research Council de la National Academy of Sciences (NAS) las cosas podían empeorar si no se adoptan medidas urgentes. Entre las recomendaciones que la NAS propone al Congreso se pide un nuevo código que ayude a los científicos a sortear el proceloso mar de los obstáculos legales y, en particular, para que no infrinjan las leyes de propiedad intelectual las investigaciones que traten de desarrollar nuevas métodos de usar invenciones ya patentadas o que busquen alternativas a los métodos existentes. Por su parte, los National Institutes of Health viene exigiendo que los resultados obtenidos con sus fondos (es decir, fondos públicos) sean publicados en repositorios o bancos de datos de acceso libre y universal.

Poco a poco, crece el consenso de que la expansión de las leyes de la propiedad intelectual, que tanto han contribuido a canalizar cuantiosos fondos privados hacia la investigación biomédica (ayudando a muchos científicos se enriquecerse y ser estrellas mediaticas), también está produciendo abusos que amenazan gravemente la integridad de los científicos, cuando no la salud pública.