Han pasado 25 años desde que se aprobó la Bayh-Dole Act (nos lo recuerda Promote the Progress) una ley que unificaba y reformaba el sistema de la propiedad intelectual en Estados Unidos. Estamos pues a punto de concluir el 25 aniversario de una ley que The Economist calificó en 2002 como "la pieza legislativa más inspirada aprobada en Estados Unidos en el último medio siglo [...] desbloqueó todos las invenciones y descubrimientos que se han hecho en los laboratorios de los Estados Unidos con la ayuda del dinero de los contribuyentes. Más que ninguna otra cosa, esta simple medida política ayudó a revertir el deslizamiento de America hacia la irrelevancia industrial". En fin, que estamos ante una iniciativa de enorme importancia que, sin embargo, también cuenta con muchos enemigos. Una medida que, según sus detractores, ha tenido demasiadas consecuencias imprevistas, especialmente en el campo de las biociencias.

La Bayh-Dole Act creó un novedoso y potente mecanismo para asegurar transferencias de propiedad intelectual entre los laboratorios de investigación, la administración pública y las empresas privadas. Para lograrlo no sólo autorizó a la Universidades a tener patentes, sino que al introducir la distinción entre producción humana y producción natural habilitó la patentabilidad de los organismos genéticamente modificados y, en consecuencia, abrió una autopista hacia la mercantilización de los descubrimientos científicos. La reforma del sistema de patentes no habría tenido consecuencias tan espectaculares de no haber resonado con la reforma del mercado de valores que en 1983 autorizó la cotización en NASDAQ de empresas cuyos activos no eran productos, sino conocimientos básicos, patentes que prometían medicamentos milagrosos o semillas sin fronteras.

Desde entonces, los defensores de la reforma, ver AUTM, tienen cifras que apabullan. Desde 1980 se han creado 4.543 empresas biotecnológicas en universidades, hospitales y centros de investigación (sobreviven más de dos tercios del total) que han introducido casi 500 productos de alta tecnología en el marcado. En 1980 las universidades tenían registradas menos menos de 250 patentes, y sólo en 2003 dicha cifra se acecó a las 4.000. En 1979 una investigación sobre el régimen de patentes americano probó que menos del 5% de los 28.000 descubrimientos reconocidos realizados con financiación pública (se calcula que consumieron unos 30 mil millones de dólares) habían derivado en productos comercializables. Los empresarios alegaron que el riesgo era muy grande, mientras que las garantías jurídicas muy bajas. De ahí la Bayh-Dole Act, una norma que, según los más entusiastas, ayudó a crear una industria que mueve al año 43 mil millones de dólares.

Pero no todo son bendiciones, y cada día crece el número de los críticos, gentes que lamentan el vertiginoso proceso de mercantilización de la ciencia y de corporativización de la biomediciona. Los detractores han sido recientemente espoleados por un excelente artículo de Clifton Leaf aparecido en Fortune, The Law of Unintended Consequences. También en este caso se presentan cifras escandalosas. Entre ellas, las más significativas tiene que ver con la emergencia en la ciencia de nuevos actores (los abogados y los brockers), así como de nuevas prácticas (la litigación y el mercadeo). Y es que entre 1992 y septiembre de 2003 las compañías farmacéuticas han presentado 494 pleitos por patentes, un número que supera a la suma total de los sostenidos por el conjunto de las industrias química, aeroespacial, de hardware y de defensa.

La Bayh-Dole Act posibilitó la creación de miles de nuevos monopolios privados que tuvieron que invertir miles de millones de dólares para defender sus derechos de propiedad que eran discutidos, allanados o robados por otras empresas. De hecho, muchos descubrimientos fueron patentados por si tenían alguna utilidad futura y/o por su carácter estratégico, de forma que las pequeñas empresas o laboratorios no se atreven a investigar en sectores ya colonizados por las grandes corporaciones, temerosos de entrar en pleitos que además de lentos y confusos, son extremadamente costosos. Hay quien habla de unos 200 millones de dólares en juicios y otros trámites administrativos. Y seguramente serán más.

En fin, la distinción entre privado y público o entre ciencia y negocios ha sido decisivamente horadada por la confusión que introdujo la Bayh-Dole Act entre descubrimiento e invención o la distinción entre producción natural y producción humana. Los escándalos de estos días con el caso del coreano Hwang y los de todos los meses sobre fraudes científicos de los que nunca se ausentan las compañías farmacéuticas que promueven el secretismo y la publicación rápida o que venden algunos productos que no necesitamos o que directamente son malignos. Todas estas prácticas y muchas más invitan a reflexionar sobre lo que está pasando en la ciencia.

Muchos opinan que la Bayh-Dole Act ha corrompido la práctica de la ciencia y los valores que daban a la comunidad científica un estatuto especial en la fábrica de lo social. Si los lugares de investigación son empujados hasta convertirse en centros de negocios (bussines science, biz. science en contraste con la precednte Big Science) que fichan a científicos estrella que valen más por lo cotizan en bolsa que por lo que hacen en la academia, no es extraño que pronto estemos preguntándonos por las viejas cautelas y por los valores que conectaban a los científicos con el procomún.

El carácter abierto de la ciencia, como explica Benjamin Coriat en Does biotech reflect a new science-based innovation regime?, está amenazado si continua la fuerte deriva inaugurada por las biociencias hacia la comercialización de los conocimientos básicos, una tendencia que, unida al avance imparable de los gastos en pleitos derivados del ensanchamiento de los derechos de propiedad intelectual, hacen que la ciencia puede estar convirtiéndose en una empresa que, además de insostenible, sea socialmente disruptiva.