Después de 10.000 años de agricultura en los fértiles valles de Mesopotamia, hoy Irak, parece que cultivar las semillas tradicionales va a ser ilegal. Cuando el administrador nortemaricano abandonó en junio de 2004 la tierra conquistada, la Coalition Provisional Administration, CPA dejó una herencia de 100 leyes con las que se pretendía reconstruir la maltrecha economía iraquí. Entre otras directivas, la Order 81 ("Patent, Industrial Design, Undisclosed Information, Integrated Circuits and Plant Variety") aspira a reglamentar todo el universo jurídico de la propiedad intelectual, modificando la precedente ley de patentes de 1970. El efecto de aquellas medidas ha sido muchas veces cuestionado y, más recientemente, el 30 de noviembre último, fue criticado por The Scientist.

La función de las nuevas leyes es preparar el terreno para la entrada a saco de las grandes corporaciones químicas, biotecnológicas y de las comunicaciones. El simple hecho de que las cuestiones de agrobotánica sean tratadas en la misma ordenanza que las relativas a desarrollo industrial es ya un ultraje a la historia milenaria de las gentes que habitaron el Mediterráneo y un insulto para quienes están preocupados por la crisis galopante que afecta a la biodiversidad del planeta.

La nueva ley exige que sólo puedan plantarse semillas protegidas mediante la Plan Variety Protection (PVP) patent. Y claro, los campesinos iraquíes, cuyos ancestros inventaron la agricultura, no pueden cumplir los requisitos y tendrán que comprar las semillas que que les ofrecen Monsanto, Syngenta, Bayer y Doe Chemical. Más aún, los ingenieros al servicio de las multinacionales están patentando especies que llevan cultivándose miles de años. En fin, que el saqueo de Irak no se limitará al petróleo, sino que mediante la biopiratería se extiende a las especies botánicas. Lo más increíble, ver Agir contre la Guerre, es que estas medidas son presentadas como un mecanismo de urgencia para sacar a Irak de la crisis agraria y de suministros que padece debido a la guerra.

El párrafo 66 impide a los campesinos guardar semillas y sólo les permite plantar las que autoricen los distribuidores acreditados. "A los agricultores les está prohibido reutilizar semillas de variedades protegidas o de cualquier variedad mencionada en los puntos 1 y 2 del párrafo C del artículo 14 de este capítulo". El mencionado artículo 14 autoriza el registro en cualquier país del mundo de toda variedad que sea diferente a cualquier otra conocida, convirtiéndose así en una variedad de semilla protegida, lo que significa que los campesinos ya no podrían almacenarla y/o reutilizarla en la siguiente cosecha. En fin, que no sólo era prohibida una práctica común hasta el año 2002, antes de la invasión, para el 97% de los agricultores, sino que, y esto es lo peor, se habilitaba un mecanismo para privatizar el fondo común de semillas de libre disposición que han creado los campesinos a lo largo de muchas generaciones de trabajo y hábil experimentación.

Así que estamos ante una operación que agrede, ver GRAIN, CETIM, de dos formas diferentes el bien común: primero, aplicando unas leyes de propiedad intelectual ampliamente contestadas y que conducirán a la privatización de conocimientos y tecnologías que históricamente siempre fueron de dominio público. Por otra parte, en segundo lugar, se crea un poderoso instrumento para introducir organismos genéticamente modificados que, según muchas movimientos medioambientalistas, estarían amenazando la biodiversidad.