El último número del International Journal of Occupational and Environmental Health (volumen 2, número 4) se dedica por entero a un tema de creciente interés: Corporate Corruption of Science. Los editores, David Egilman y Susanna Rankin Bohme, abren la colección de artículos con un párrafo que resume el contenido: "Aunque las enfermedades laborales y medioambientales suelen ser vistas como fracasos raros y aislados de la ciencia, el gobierno o la industria en la protección del interés público, en la práctica son la consecuencia de un sistema corporativo que pervierte la forma en la que se establecen prioridades y se toman decisiones. Tal sistema produce enfermedades porque nuestras normas políticas, económicas, jurídicas e ideológicas priorizan la riqueza y el beneficio sobre la salud y el bienestar medioambiental".

En los tiempos que corren, una afirmación como la anterior parecería ingenua y bienintencionada, si no fuera porque, a continuación, se presentan un puñado de artículos que lo demuestran. Por sus páginas van pasando los casos más conocidos de los asbestos, el tabaco, las gasolinas, pesticidas o la fluorina, junto con la descripción de los muchos modos empleados por las corporaciones para externalizar los costes del los riesgos que producen, intoxicar la opinión con informaciones manipuladas, falsificar datos en favor de sus posiciones, comprar científicos que avalen sus mercancías o pleitear sin desmayo hasta aburrir al contrario o para ganar tiempo. Pero litigando tuvieron que pagar un precio: abrir una parte de sus archivos y mostrar unos manejos que ahora, junto con otra documentación, son estudiados por los sociólogos, historiadores, epidemiólogos y toxicólogos que firman las diferentes contribuciones a la revista.

Todos los textos tiene interés, pero el que más nos ha impresionado es el que abre la colección: Maximizing Profit and Endangering Health: Corporate Strategies to Avoid Litigation and Regulation [pdf], de S.R. Bohme, J. Zorabedian y D.S. Egilman, un texto luminoso que explica cómo las corporaciones usan los laboratorios científicos, las agencias de publicidad y los bufetes de abogados para, primero, asegurarse el entorno menos restrictivo posible para su actividad y, segundo, evitar sanciones por los daños que puedan ocasionar a los trabajadores y a los consumidores.

El triunvirato mencionado (laboratorios, agencias, bufetes) usa todos los medios imaginables a su alcance para fabricar dudas y producir ciencia a la carta. Lo que hacen entonces es montar programas de blanqueo de ciencia, creando fundaciones (ver la base de datos de Integrity in Science) con apariencia de científicas pero que sirven intereses corporativos, contratando "negros" que escriban al dictado, financiando proyectos cuyos beneficiarios dulcifican las conclusiones, difundiendo noticias que desacreditan a los adversarios o tratan de ridiculizar sus posiciones o inventando "terceros actores" que desplacen las disputas focalizadas en las fraudulentas conductas empresariales hacia complejos e ininteligibles asuntos de carácter técnico o científico. Desde luego, también se mencionan tácticas más groseras como prometer contratos de publicidad con los media que defiendan sus puntos de vista, ya sea difundiendo supuestos informes que son basura científica, ya sea fabricando debates en dónde la posición de la empresa es presentada como razonable aunque enfrentada a otras alternativas más radicales, menos equilibradas, o directamente irresponsables.