La American Association for the Advancement of Science, AAAS, acaba de publicar un informe en donde se advierte de la deriva contraria al procomún de la biomedicina. [Antonio Lafuente]
El desarrollo de la ciencia moderna se ha basado en un modelo de comunicación abierto y desinteresado, cuyos principales mecanismos de difusión han sido los artículos, los congresos y las conferencias. Tal dinámica proporcionaba poco o ningún beneficio económico a los científicos, pero ayudaba a que otros pudieran mejorar, modificar o ampliar sus propias investigaciones. El sistema académico de recompensas, basado en el reconocimiento de la autoría y prioridad de los descubrimientos, contribuía a mantener la ilusión (o la esperanza) de que la ciencia era (o debía ser) una empresa internacional, comunitaria, desinteresada y meritocrática.
Hoy, sin embargo, la expansión sin precedentes en las dos últimas décadas de las leyes que regulan la propiedad intelectual está modificando la concepción misma de lo que entendemos por ciencia, así como la imagen que los científicos tiene de su identidad profesional. Y, en efecto, son muchos los que están hablando de un
efecto anticommons, la tragedia de los anticomunes, al tratar de la actual biomedicina, pues la deriva hacia la privatización (y
corporativización de la ciencia) estaría imponiendo a la ciencia alejada de los circuitos comerciales la necesidad de complejas negociaciones (y costoso pago de licencias) para conseguir datos que han adquirido la condición de bienes popietarios, ya sea en manos de la industria, ya sea en manos de instituciones académicas.
Este es el argumento del informe preparado por S. Hansen, A. Brewster y J. Asher,
Intellectual Property in the AAAS Scientific Community: A descriptive analysis of the results of a pilot survey on the effects of patenting on science, (American Association for the Advancement of Science, octubre de 2005;
resumen ejecutivo. Basado en una encuesta realizada a comienzos de este año en el marco del proyecto Science & Intellectual Property in the Public Interest (SIPPI), su lectura no tiene desperdicio.
Veamos algunos datos: el 24% de los encuestados declararon que realizaban investigaciones para las que tuvieron que adquirir tecnología patentada. Entre ellos, el 40% reconocieron que sus trabajos fueron afectados por la dificultad para conseguir alguna tecnología ya patentada. De este 40%, el 58% dijeron que las gestiones retrasaron el curso de las investigaciones y, entre los científicos que se vieron obligados a modificar su proyecto (el 50%), hay un 28% que acabaron abandonándolo, en ambos casos para no tener que embarcarse en las muy complejas negociaciones relacionadas con la cesión de los derechos de propiedad.
Quienes no se resignaron, y se metieron en el laberinto jurídico que conlleva manejar datos o métodos de trabajo propietarios, aprendieron que cuando obtuvieron la tecnología que necesitaban, tuvieron que admitir clausulas de excepción que permitían al detentador de la patente seguir sus propias investigaciones lo que desanimó a muchos de continuar por una camino que a medio plazo les enfrentaría a pleitos por el control de los derechos de propiedad que pudieran derivarse de los nuevos descubrimientos. En fin, entre quienes decidieron no difundir sus hallazgos, hay un 65% que dice estar intentando producir una patente, y otro 40% reconoce haberla retrasado porque planeaban seguir trabajando con los mismos métodos en el futuro.
La tragedia de los anticommons describe una situación en la que el conocimiento necesario para producir nuevas investigaciones está protegido por varias patentes diferentes. Los costes de transacción para poder adquirir y coordinar todas las posibles licencias afectadas son extremadamente altos, lo que desemboca en acuerdos de cesión difíciles de concluir y de precisar. El resultado es que
la nueva información biotecnológica, o la que conforma el
ciberespacio, no puede usarse por las instituciones, los agentes y mediante los valores y conductas asociados a la comunidad científica tradicional.
El asunto parece claro. Sabemos que la industria ha privatizado ciertos sectores del conocimiento, principalmente innovaciones o invenciones técnicas, pero ahora que ha irrumpido en la marcha de la ciencia el uso cada vez más abusivo de los derechos de propiedad intelectual, nos encontramos que muchas decisiones científicas se están tomando en espacios no académicos (la Bolsa y el Juzgado), una deriva que pone a los científicos ante encrucijadas inesperadas y dramáticas. Y son muchos los que, al igual que la mayoría de los ciudadanos, no saben cómo interpretar lo que está pasando.