El actual proceso de expansión de los derechos de propiedad plantea no pocos interrogantes. Y pocos casos son más elocuentes que el de la escasez de Tamiflu para entender una de las nuevas encrucijadas a las que nos enfrentamos. Al parecer, Tamiflu es el único medicamento más o menos eficaz contra el virus H5N1 de la gripe aviar, pero no habrá para todos. No es sólo que sea muy caro (en Estados Unidos una caja con 10 cápsulas cuesta unos 85$), sino que la demanda ha crecido tanto que los laboratorios Roche han anunciado que no tienen capacidad para atender, ver FuturePundit, la creciente demanda internacional.

El laboratorio hindú, Cipla, anunció hace un par de semanas que se disponía a fabricarlo como genérico, en un gesto que recuerda al adoptado por Sudáfrica y la misma India en relación al SIDA. No obstante, la comparación entre ambas enfermedades podría escatimar la importancia del problema, pues ni es igual la velocidad de transmisión de ambas, ni tampoco es comparable la urgencia con la que los pacientes deben ser medicados. Ahora, tras la presión mediática, la compañía Roche anuncia que para atender la demanda está dispuesta a ceder derechos de fabricación a otras plantas que demuestren competencia técnica. Y, en fin, todo indica que la empresa podría renunciar a parte de unos derechos que le pertenecen en exclusividad hasta 2016.

El asunto es que la decisión ha tardado demasiado y no son pocos los que han planteado abiertamente, ver Tyler Cowen en su Marginal Revolution, la conveniencia de confiscar los derechos de propiedad, dado que es la salud de toda la población mundial lo que está en juego. Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, ha sido uno de los que han especulado con esta solución.

Roche, sin embargo, declara, ver ABC News, que tal alternativa no es legal ni tampoco realista, aunque sólo sea porque la producción de Tamiflu (basada en un tipo de compuesto químico llamado ácido shikimico) es demasiado compleja, al extremo de que una nueva fábrica requeriría entre dos y tres años para comenzar la producción efectiva. Este argumento no parece muy convincente, pues Cipla ha necesitado dos semanas de ingeniería inversa para afirmar que en enero estarán sus píldoras en el mercado. Por otra parte, Tamiflu podría también hacerse a partir de especie de anis estrellado que sólo crece en cuatro provincias de China y que se cosecha entre marzo y mayo.

Max Speak ha construido un argumento muy convincente para cuestionar la necesidad de mantener los derechos de propiedad intelectual. Estados Unidos tiene previsto gastar 224 mil millones de dólares en medicamentos durante 2005, pero si fueran adquiridos en un mercado competitivo, el precio se reduciría en un 70%, lo que supondría un ahorro de 150 mil millones de dólares al año. De esta cuenta se deriva una conclusión sorprendente: cada ciudadano norteamericano paga de su bolsillo alrededor de 10$ por cada dólar que gasta el gobierno en las investigaciones que desembocan en fármacos, luego protegidos por las leyes de propiedad intelectual.

Pero sabemos que las compañías farmacéuticas despilfarran enormes sumas en campañas de marketing o en convencer a los médicos (los farmachifles) para que receten sus mercancías. Sabemos también que se pierde mucho dinero en pleitos, o en publicar investigaciones fraudulentas o en mantener secretos los hallazgos. Todo esto conduce a Max Speak a proponer que el país gaste 30 mil millones más al año, una cantidad extra equivalente a lo que hasta ahora gastan en investigación los NIH. Los fondos nuevos serían proporcionados por la Free Market Drug Act (FMDA), una propuesta reciente presentada por el congresista Dennis Kucinch. El objetivo sería fundar 10 corporaciones públicas competitivas, dotadas con 3 mil millones de dólares cada una, para que trabajen en el desarrollo de nuevos fármacos que no estarían sometidos al costoso y despilfarrador régimen de derechos de propiedad intelectual.

Si el argumento anterior recorre la senda de la eficacia económica, hay quienes prefieren hablar de la dignidad ética en política. Lo curioso es que los dos caminos conducen al mismo sitio, aunque sea manejando ideas diferentes. Los conceptos clave ahora son confiscación, emergencia y bien común. Confiscar los derechos, dicen lo contrarios a esta sensibilidad, implica que las empresas farmacéuticas podrían revisar su política de inversiones en I+D, y que, en la práctica, acabarían abandonando la búsqueda de fármacos en sectores amenazados con futuras crisis y, por tanto, confiscaciones.

Quienes piden que los gobiernos sean menos complacientes con las grandes corporaciones hablan de beneficios colosales. Más aún, su principal argumento tiene que ver con la necesidad de limitar la producción de escasez, pues, en efecto, los derechos de propiedad intelectual funcionan como un mecanismo que restringe la circulación de un bien abundante, la información, y sobre tal escasez opera una ley que protege la formación de un monopolio.