Hace unos días que Kalpavrisksh, una de las principales ONG dedicadas a la defensa del medioambiente en la India, ha hecho público un amplio informe sobre la biodiversidad en el subcontinente indio que, junto al análisis y diagnóstico de la situación, incluía unas 300 medidas de carácter urgente. La noticia la hemos conocido vía SciDevNet, un magnífico buscador de noticias de ciencia y tecnología especializado en los países en desarrollo.

El informe forma parte del National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) que se obligaron a cumplimentar todos los países signatarios de la Convención sobre Biodiversidad de Naciones Unidas. Pero la India fue un poco más lejos y quiso que desde su puesta en marcha en 2002, la iniciativa se desarrollase de forma marcadamente participativa. Y así fue durante mucho tiempo, al extremo de que el gobierno, explica Science, se vanaglorió de su capacidad de diálogo. Y es que, en efecto, todo se gestionó ejemplarmente hasta que enero de 2004 cambió el ministro.

Kalpavrisksh actuó como coordinador de un proyecto de gran complejidad en el que participaron numerosas agencias públicas (estados, municipios, universidades, ejército), así como múltiples corporaciones (agricultores, médicos homeópatas y maestros, entre otras) y organizaciones ciudadanas (ONG, sindicatos o colectivos de mujeres). En total, explica The Hindu, han participado unas 50.000 personas, incluyendo las 2000 que fueron contratadas por el proyecto. Para su movilización se han realizado talleres, festivales, ferias, manifestaciones o concursos por todo el país, porque el trabajo implicó a 33 unidades territoriales, 74 bioregiones, 13 acciones temáticas y 20 lenguas diferentes.

Las conclusiones del estudio no son del agrado del gobierno y, tras demorar dos años la publicación del estudio, ha llegado incluso a prohibirla. Los activistas, sin embargo, piensan que semejante esfuerzo no puede ser silenciado y alegan (ver From Local to the Global. Developing the National Biodiversity Strategy and Action Plan) que el texto resultante ha salido del consenso entre todas las partes y que su contenido no puede calificarse de radical. La administración central, sin embargo, parece haber olvidado los buenos modales del comienzo, así como su compromiso con la gobernanza. En resumen, que actúa como si el medioambiente (y su conocimiento) fueran una propiedad gubernamental.