Barbara Clarck, enfermera de 49 años diagnosticada con cáncer de mama, acaba de ganar una batalla contra el sistema de salud británico. Los hechos, contados ayer por The Guardian, se explican rápido. Herceptin es un medicamento que la seguridad social sólo prescribe para enfermos en fase avanzada debido a que, además de muy caro (los tratamientos privados cobran unos 60 mil euros al año), todavía no han concluido los estudios sobre sus potenciales efectos secundarios.

Los pacientes, sin embargo, se impacientan con la lentitud de las pruebas y han comenzado a movilizarse. Barbara Clarck y el grupo Fighting for Herceptin reunieron 34.000 firmas para exigir que se prescribiera de inmediato el fármaco a todas las enfermas que correspondiese, la quinta parte de las 10.000 mujeres que padecen cáncer de mama en el Reino Unido. El dato concreto es que las autoridades sanitarias han bajado la guardia y admitido que la señora Clark debe recibir el tratamiento, alegando circunstancias personales excepcionales.

Las asociaciones de enfermos creen que la decisión acabará ampliándose y están felices.  Son muchos los que están entusiasmados por la creciente influencia, patient power, de los afectados sobre las estructuras médicas y sanitarias. Los activistas creen que ha sido muy convincente la amenaza de llevar el conflicto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una iniciativa que habría dado demasiada publicidad a un movimiento todavía pequeño.

Pero la noticia también tiene su perfil negativo o, cuanto menos, inquietante. No falta quien opina que la victoria de una, Barbara, puede implicar la derrota de todos. El problema, según Spiked, es que los únicos estudios que prueban la eficacia del medicamento han sido realizados por Roche, el mismo laboratorio que lo comercializa. Los enfermos entonces habrían forzado, según BBC, una medida acertada, pero que prueba la fragilidad de los protocolos involucrados en decisiones tan delicadas como las permiten que un paciente reciba o no un determinado tratamiento. El asunto es grave y pone en riesgo, insiste Spiked, el sistema de control de calidad, así como el de control del gasto, en la sanidad británica.