Antes de que hubiera otros medios de transporte, la proximidad al agua garantizaba a una ciudad mayores posibilidades de desarrollo. Así pues, la decisión de instalar New Orleans en la cercanía de tres grandes nudos acuáticos (el lago, el río y el mar) responde al intento más que razonable de convertir la geografía en su principal fuente de riqueza.

Tras los años, y dado que con el tráfico de mercancías también se movilizan valores, la expansión de la ciudad aparea la emergencia de una cultura, un estilo de vida y, a la postre, una tradición y un patrimonio. Mantenerlo, en consecuencia, puede convertirse en una decisión menos económica que política, más humanitaria que estratégica.

El desarrollo tecnológico, por otra parte, puede acabar convirtiendo la inicial ventaja comparativa (el agua) en un problema cuya magnitud no ha dejado de crecer desde el siglo XVIII. En efecto, la ciudad fue expandiéndose por zonas que estaban más expuestas a la agitación de las aguas que la rodeaban. Para prevenir los males se levantaron diques, cuya construcción fue encomendada a los ingenieros del ejército. Es decir, que la decisión de levantarlos, como también la de financiar las obras, correría por cuenta del gobierno de la nación. Y así quedaron las cosas, pues el mantenimiento de las infraestructuras que protegían la ciudad contra las crecidas y huracanes pasó a ser una responsabilidad del la administración central. Los acontecimientos de los últimos días invitan a un reflexión que hemos aprendido de Lynne Kiesling a través de Knowledge Problem y que nos han dejado claro que hubo dejación de responsabilidades.

Muchas veces en la historia, en la remota y en la más reciente, se planteó la necesidad de retomar el tema de la seguridad de New Orleans, pero los proyectos quedaron aparcados porque siempre había otras prioridades. Pero, en fin, si aquí hablamos del Katrina, no es para cuestionar las políticas de la administración Busch, sino para plantear otro problema más antiguo y que tiene más que ver con los objetivos de este blog. De lo que queremos hablar, como ya hicimos al tratar los incendios de este verano el Portugal, es de la tragedia de la centralización.

Los estados modernos se han formado en gran medida por su habilidad para transformar los bienes comunes en bienes públicos. El desmantelamiento sistemático de los comunales se ha legitimado por la necesidad de crear una propiedad estatal a partir de la cual abordar las grandes inversiones necesarias en ámbitos como la educación, la sanidad, el transporte o la defensa.

No hay que negar la habilidad histórica del estado para vertebrar un país, en términos económicos, culturales y territoriales, para, al mismo tiempo (y sin menoscabo de lo ya dicho), reconocer su incapacidad para solucionar un sin fin de problemas, cuya gestión debiera regresar de nuevo al procomún. Casi seguro que New Orleans habría priorizado de otra manera sus riesgos, si el estado no hubiese gestionado a distancia los impuestos que recauda en la ciudad, acostumbrando, por otra parte, a los ciudadanos amenazados a pensar que la solución siempre es una subvención.

Los diques de New Orleans, como los bosques de Portugal o las aguas en España, debieran ser gestionados directamente por sus usuarios dado que la intervención del estado, lejos de resolver los problemas, parecería que contribuyó a empeorarlos.