Hoy nos enteramos, vía Terra, de que el Fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, admitió a trámite la querella presentada por dos vecinos de Majadahonda contra Iberdrola por la muerte desde 1984 de 43 personas (26 con cáncer y 17 por problemas cardiavasculares), todos vecinos cercanos a un transformador.

Los denunciantes forman parte de un creciente movimiento vecinal que atribuye graves efectos sobre la salud a las altas dosis de radiación electromagnética emitidas por algunas instalaciones industriales, como las subestaciones eléctricas, los tendidos de alta tensión, las antenas de telefonía móvil o el ya mencionado transformador. En este caso, lo que piden los afectados es que se realice un estudio epidemiológico que trate de aclarar la posible relación existente entre los dos fenómenos: el inexplicable aumento del índice de mortalidad en un enclave urbano y la existencia de una fuente emisora de ondas.

El tema no es nuevo. Ya en 1979, Nancy Wertheiler y de Leeper, mostraron que había cierta correlación entre leucemia y tendidos alta tensión. Y poco a poco la inquietud fue extendiéndose. Desde finales de la década de los ochenta las autoridades norteamericanas han arbitrado los conflictos reconociendo que, aún cuando falten pruebas incontestables, debía aplicarse el principio de precaución. En 1993, sin embargo, la gente estaba muy alarmada, como lo prueba la existencia de más de 250 asociaciones que se consideraban afectadas por los campos electromagnéticos (CEM, en inglés EMF).

Los litigios fueron el principal instrumento de participación de los activistas en la toma de decisiones. Pero, sin duda, fueron las páginas electrónicas las que dieron al movimiento una visibilidad inesperada. Desde entonces, muchos estudios científicos que alimentaban la sensación de desamparo público, fueron difundidos a través de Gauss Network (1993), (1994), MicrowaveNews (1995), PowerWatch, y > (1996), cerrada en 2003, pero todavía accesible y en parte continuada en Wave Guide. En la práctica, en 1993, el 63% de los norteamericanos declara (lo cuentan Sims & Dent) ser consciente del problema de los campos electromagnéticos, un porcentaje que duplicaba el de 1989 (31%). Más aún, casi el 50% respondieron que estaban extremadamente preocupados.

En España también parece prosperar la vía jurídica para forzar la aclaración de este inmenso embrollo. Entre los hitos, hay que recordar a la Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (ACAAT) que le ganó un pleito ante el Tribunal Supremo al gobierno de Cantabria por la instalación de la línea Soto de Ribera-Penagos de 400.000 voltios, una decisión que incumplía la directiva europea sobre Evaluación de Impacto Ambiental de 1997. No obstante, el mayor éxito que han logrado las asociaciones contra los CEM fue la Recomendación 7/1997 del Defensor del Pueblo que sobre líneas de alta tensión (LAT) presentó al Congreso de los Diputados porque se daba credibilidad a quienes afirmaban que las LAT tenían efectos biológicos, cuyos síntomas eran cefaleas, fatiga crónica, depresión y debilidad muscular.

El movimiento, pese a contar con poderosos enemigos, ha venido cosechando otros significativos éxitos. El 13 de febrero de 2001 la Audiencia Provincial de Murcia ratificó la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia Nº 6 contra Iberdrola -la primera en España y una de las primeras de la comunidad europea- obligándola a, por una parte, indemnizar a los vecinos de un inmueble y, de la otra, a reducir (de 1 a 0.3µT) la penetración de los CEM emanados de un transformador. La sentencia, como vemos, no se adentraba en el espinoso tema de los efectos (ficticios o no) de la radiación sobre la salud, sino que solamente se defendía el derecho de los consumidores a habitar un entorno no polucionado.

Desde 1992, año en el que supuestamente fue probada la influencia de la radiación en los niños, la discusión no ha perdido intensidad. Según el informe (2001) promovido por la International Comission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) era muy preocupante la carencia de modelos consensuados sobre los métodos y unidades de medida que debían conducir a determinar los umbrales tolerables de exposición. Otra revisión en el 2004 de la cuestión, también de la misma ICNIRP, concluye que no hay vínculos causales probados, pero la incertidumbre remanente impide elevar a definitiva una conclusión sobre la inocuidad de los campos electromagnéticos.  De hecho, estamos ante un campo nuevo de investigación que involucra numerosas ramas del saber, desde las neurociencias y la bioquímica, hasta la psicología, la física y el urbanismo. Más aún, hablamos de efectos, si los hubiera, a largo plazo y aún no ha transcurrido tiempo suficiente desde que, por ejemplo, se generalizó el uso de los móviles. Este y otros problemas (como, por ejemplo, los derivados de la proliferación y uso de substancias químicas en las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y textil) tiene algo compartido y difícil de manejar, pues en todos los casos aparece un sujeto que dice sentirse muy mal y que además atribuye a un agente exterior (químico o radioeléctrico) la causa de su padecimiento.

Aquí los juicios sumarios sobran. Hay varios aspectos del enredo imposibles de eludir, pues es imposible olvidar la desesperación de gentes que ante las cámaras afirman padecer graves alteraciones de sus ritmos vitales desde la instalación próxima a su vivienda de un nodo de antenas. Que no sean científicos, no implica que sean estúpidos. También es ineludible admitir que sufrimos un bombardeo de informaciones contradictorias tan intensivo que resulta casi imposible formarse criterio, incluyendo entre los afectados a los propios técnicos e investigadores. En 1999 se hizo un estudio en Inglaterra sobre las noticias aparecidas en los medios y las conclusiones, no por esperadas, fueron menos preocupantes, pues el 79 % insinuaba consecuencias adversas sobre la salud y sólo un 9% alegaban falta de evidencias contrastadas. Parece obvio que con las malas noticias se hacen grandes titulares.

En todo caso en este, como en otros problemas alimentarios y medioambientales, en los que los ciudadanos funcionamos como conejillos de Indias lo razonable es exigir que, si es inevitable que formemos parte del experimento, también participemos en su diseño, así como en la evaluación de los resultados. En todo caso, no parece razonable exigir a los afectados que sumen nuevas perplejidades a su situación, pues junto a la impotencia que experimentan por un padecimiento sin nombre y, por tanto, no reconocido e inexistente, la penitencia de tener que demostrar su enfermedad, es decir, que no están locos, ni han caído presos de una secta de sociopatas radicales.