El próximo 6 de agosto se cumplen 60 años desde la incineración de Hiroshima por el primer ingenio nuclear detonado contra una ciudad y sus habitantes. Las imágenes son contundentes. La Little Boy, así la nombró algún ingenioso, provocó una devastación sin precedentes: sus 4 toneladas de carga y 3 metros de longitud fueron estalladas a unos 600 de altitud, produciendo en tan sólo 3 décimas de segundo una bola de fuego cuyo diámetro era comparable al de dos campops de fútbol. La temperatura en la superficie, debajo del hipocentro, superó los 270 mil grados y la presión alcanzó cifras inimaginables de varios millones de kilogramos por metro cuadrado. Ni era chico el artefacto, ni tampoco fueron pequeños los daños, pues todo lo que estaba en un radio de 6 kilómetros se volatilizó, destruyendo el 60% de la ciudad y causando unas 70.000 víctimas al instante.

2005 es también en el año de la Física, en recuerdo del Annus Mirabilis de Albert Einstein. Pero también este año se cumplen 50 años desde la firma del Einstein-Russell Manifesto, un documento promovido por Beltrand Russell que, en plena Guerra Fría, reclama el desarme nuclear recordándole a los políticos y científicos (especialmente a los físicos) del mundo su primaria (y quizás ya precaria) condición humana, por encima de ideologías y nacionalidades: "recuerda tu humanidad y olvida lo demás", es la fórmula con la que concluye. Y es que, en efecto, los movimientos contrarios a la bomba fueron importantes desde el mismo momento de su explosión. En Junio, James Frank, Leo Szilard y Eugene Rabinovich enviaron al secretario de guerra norteamericano, H.L. Stinson, el The Franck Report, argumentando la urgente necesidad de medidas de control sobre cualquier uso potencial de la nueva fuente de energía, poder y destrucción.

Esta fue la primera vez que los científicos expresaron desconcierto por los efectos de su trabajo. Más aún, para muchos, ya entonces, era más que dudosa la necesidad delbombardeo, pues se sabía que Japón estaba cercano a la rendición. Hoy las cosas, lo resume The Scientist, parecen estar claras: Truman ordenó el bombardeo para amedrentar a los soviéticos y no para arrodillar a los japoneses. De nada sirvieron las protestas de entonces. Más aún, tardaron poco mucho en comprender que los gobiernos aliados estaban más cerca de considerarles traidores que portavoces de una nueva conciencia pública en defensa de la paz y del bien común. Antes de que terminara el año ya estaba en marcha el Bulletin of the Atomic Scientists y se organizaron varios grupos de acción que desembocarían en la todavía vigente Federación of American Scientist (FAS).

Tales movimientos tuvieron su primer éxito en enero de 1946 cuando la primera resolución de Naciones Unidas recogía un ferviente alegato por la paz. Son muchos los colectivos que merecerían ser citados, pero ninguno merece tanto nuestro homenaje como el movimiento Pugwash, otra iniciativa de científicos comprometidos, que comenzó en los cincuenta a reunir a investigadores de ambos lados del entonces llamado telón de acero para luchar contra el uso de armas nucleares. Y tras los físicos, también los médicos entraron en escena, creando, tras la pionera Physicians for Social Responsibility (PSR),la International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), con unos 200.000 miembros pertenecientes a 80 países y que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1985.

Para tecnocidanos este es un asunto importante, pues los movimientos antinucleares, muchas veces comparados a los contrarios a la esclavitud en el siglo XIX, fueron ganando presencia pública y, según es reconocido, influyendo decisivamente en la digamos disposición favorable de la URSS y EEUU a negociar tratados contrarios a los ensayos nucleares y a la proliferación nuclear. Dos libros han argumentado de forma muy convincente la decisiva influencia que, primero, los científicos en los años 50 y 60 y, luego, los ciudadanos desde finales de los 70 y en los 80, han tenido para impedir el holocausto nuclear: el voluminoso estudio de Lawrence S. Wittner en tres volúmenes Resisting the Bomb, cuyo tomo final Toward Nuclear Abolition: A History of the World Nuclear Disarmament Movement, 1971 to the Present (Stanford University Press, 2003) está dedicado al análisis pormenorizado y multinacional de las diferentes organizaciones que promovieron "el mayor movimiento de masas de la historia moderna" (pág. 485-7).

Y la obra de Jeffrey Knopf, Domestic Society and International Cooperation: The Impact of Protest on US Arms Control Policy (Cambridge University Press, 1998) en donde se argumenta que los gobiernos acabaron concluyendo que los movimientos de opinión pública antinucleares eran una amenaza para la seguridad nacional.  Y aunque trataron de sabotearlos de muy distintas maneras terminaron por admitir entre sus consejeros a funcionarios muy atentos a lo que sucedía en la calle y a las encuestas de opinión. Wittner llega a hablar de dos Reagan, el primero capaz de elevar el tono belicista del enfrentamiento retórico con la URSS mediante su propuesta de la Guerra de las Galaxias (Strategic Defense Initiative) y, el segundo, asustado por la envergadura de las manifestaciones callejeras (en especial, la que reunió un millón de pacifistas en New York en 1980) y los temores que habían anidado entre las capas populares a los hechos mostrados en la controvertida película de 1983 The Day After.

Muchos analistas coinciden en que la preocupación por la guerra nuclear ha decaido, siendo desplazada por otras inquietudes como el cambio climático o la defensa del medio ambiente. Nadie niega la importancia de estos asuntos, pero la mayor amenaza que se cierne sobre la humanidad sigue siendo nuclear. Más aún, la mayoría de los observadores creen que vivimos un momento particularmente  delicado, pues cada día es más frecuente que aparezcan noticias sobre el desarrollo de nuevos ingenios nucleares o sobre la deriva hacia una nueva carrera armamentista a la que se incorporarían nuevos países de Asia y Africa. En fin, hacen bien quienes utilizan otros medios, como el arte, para evitar el olvido.  también nos parece muy interesantes la distintas iniciativas promovidas por Conelrad para dar mayor popularidad a todas las cuestiones que, como la música, la publicidad o el cine, rodearon la destrucción de la vida en aquellas dos urbes del Japón.     

Los investigadores del área biosanitaria han logrado en los últimos meses avances significativos para conseguir que el conocimiento científico se reintegre de nuevo en la esfera de lo público, en el llamado procomún.  Todos esperábamos más de los gobiernos nortemaricano y británico, pero lo cierto es que las expectativas de los más ardientes defensores del Open Access quedaron parcialmente frustradas cuando los National Institutes of Health (NIH) hicieron publico el borrador de su propuesta de resolución el 3 de septiembre de 2004, proponiendo que todas las investigaciones financiadas con sus fondos (en total invierte 28 mil millones de dólares al año) fueran de libre acceso a los seis meses de su publicación a través del repositorio PubMed Central.

Posteriormente, esta prometedora cláusula fue rebajada en la decisión final del 3 de febrero de 2005 hasta la simple recomendación (sin penalización, en el supuesto del incumplimiento) de que cada científico alojara su respectivo preprint "tan pronto como fuera posible (y [en todo caso] en doce meses)" tras la publicación (ver el magnífico informe de Peter Suber, así como la noticia aparecida en The Scientist). Tal deriva, frustraba la esperanza de muchos y ponía a los científicos delante de los complejos problemas relacionados con los derechos de propiedad, además de crear la dificultad nueva de que estuvieran circulando dos versiones distintas del mismo artículo.

En Gran Bretaña el Research Councils UK (RCUK), organización que agrupa a las ocho principales agencias públicas de financiación de la ciencia, hizo publico el 28 de junio un borrador que se limita a recomendar a los científicos que envíen "lo más pronto que puedan" (at the earliest opportunity) su texto a un repositorio publico. Por su parte, la Wellcome Trust ha decidido una política más ambiciosa y exige que todos los textos que se deriven de los proyectos que financia sea públicos y gratuitos a los seis meses de su publicación. Las presiones de las empresas editoras han sido feroces, acusando a los gobiernos de estar interfiriendo gravemente en el libre mercado.

Una acusación cuanto menos curiosa, si tenemos en cuenta que, como dice Michael Seringhaus, los editoriales reciben gratis sus dos activos más valiosos (el material que publican y el arbitraje sobre su calidad), antes de empaquetarlo y luego vendérselo a los mismos (los científicos y sus instituciones) que la producen por una cifra que en términos generales ronda los 8.000 millones de dólares. En fin, nuevas acciones parecen necesarias, aunque no parezca que los gobiernos estén dispuestos a avanzar más deprisa sin recibir nuevas presiones de los cientificos (mandando sus artículos a las revistas de libre acceso) de y de los ciudadanos (exigiendo de las autoridades sanitarias el acceso gratuito a la información científica).