Una de las noticias que abrían el New York Times del 10 junio de 2005 se refería a la inoperancia de un organismo como la FDA para sacar de la circulación un medicamento, Propulsid, cuyos efectos secundarios son graves. En España, la Agencia Española del Medicamento prohibió la comercialización de la cisaprida (principio activo del Propulsid) a primeros de 2005, después de haber restringido notablemente su uso desde el 2000. Y su prohibición ha pasado sin pena ni gloria. Pero en otros casos, como el del Vioxx (New Target, Diario Médico, El País, Asociación afectados por Vioxx ), la alerta ha permeado todo el espectro social.

Definir qué es un medicamento y cuáles son los medicamentos indispensables, es algo que nos compete a todos. Por supuesto, el problema es bastante complejo, porque como ya decía Lee S. Simon, responsable del Dpto. de Analgésicos de la FDA, en 2002 : 1) los controles clínicos (RTC, random test control) son de poca relevancia cuando las enfermedades son crónicas; 2) el sistema americano (como el inglés, y el español) se basa en la comunicación espontánea de los efectos adversos de un medicamento, y estas comunicaciones son realmente escasas.  Para Simon, según parece, la farmacovigilancia debería mantenerse en manos de los médicos y las industrias farmacéuticas.

Sin embargo, de acuerdo con la Fundación Institut Català de Farmacologia, es difícil confiar en una industria cada vez más desvinculada de los valores morales que acompañan a la práctica médica, y en una práctica médica cada vez menos crítica con los medicamentos. Es esta situación de desajuste entre el consumo, la eficacia y la correcta aplicación del término medicamento lo que ha puesto en marcha un movimiento de vigilancia ciudadana sobre los medicamentos. Un movimiento que comenzó a cobrar visibilidad en 1998, cuando Social Audit inicia su campaña contra los antidepresivos, que le llevarían a una investigación sobre los procedimientos de autorización de fármacos en Gran Bretaña (ver Medicines out of control?).

Numerosas asociaciones han seguido esta senda de la denuncia. Y así la Health Action International, que federa a 150 asociaciones de 70 países y cuyo presupuesto ascendió en 2003 a 762.068?, se ha puesto en marcha para denunciar la falta de transparencia en la gestión de la investigación y el mercado farmacológicos. También la Canadian Health Coalition hace un seguimiento de la Big Pharma y del papel de las autoridades canadienses. Y recientemente la asociación ciudadana Public Citizen acaba de abrir una página web (Worstpills.org) destinada exclusivamente a prevenir contra el consumo de medicamentos cuyos efectos secundarios están demostrados o que, por el contrario, son ineficaces.

Por supuesto, la máquina farmacéutica no se para por ello, y cada día afrontamos con perplejidad noticias como la inminente aprobación de BiDil (FDA, New York Times), la primera droga diseñada para un grupo racial, el afro-americano. Una noticia que ha despertado las suspicacias de los expertos en derecho hacia las llamadas drogas étnicas y el de grupos de investigación como RaceSci, preocupados por seguir los usos científicos y tecnológicos del concepto de raza. En todo caso, hay algo refrescante en este movimiento. Se trata de hacer volver a la ciencia a sus originales cauces de bastión del bien común. El curso moral del conocimiento no se mantiene solo.

Son muchos los acuerdos internacionales que reconocen la profunda relación existente entre supervivencia y medioambiente. En consecuencia, no sorprende que la Declaración de Rio (1992, principio 10) y la World Summit on Sustainable Development Implementation Plan (Johanesburgo,2002, párrafo 26) impulsen la participación ciudadana en ciencia, pues, de una parte, el entorno ya es un problema político de primera magnitud y, de otra, las decisiones medioambientales son más eficaces cuanto mayor sea la implicación de los afectados.

La monitorización de medioambiente (environmental monitoring) por parte de todos los actores presentes (activistas, funcionarios, científicos, empresarios, lugareños) se ha manifestado como una iniciativa tan eficaz como gestionable. En Canada se cuenta actualmente, según Stewardship Canada, 221 iniciativas de monitorización del aire, las especies, las sostenibilidad o las aguas. Y todo indica que la cifra podría ser mucho más grande si se contabilizaran, por ejemplo, los grupos de observadores formados en las escuelas, un mecanismo muy popular, socorrido y novedoso de buscar alternativas al problema de las dos culturas (EMAN).

El asunto es que la gobernanza mediombiental ha abierto la puerta a dos tipos genéricos de implicación ciudadana. En la primera modalidad, los ciudadanos asumen el papel de científicos (citizen science) y tratan de producir y difundir forma independiente (aún cuando busquen el apoyo de científicos, generalmente procedentes del sector público) la información que necesitan. En la segunda alternativa, no son los ciudadanos los que viajan al país de la ciencia, sino que son los científicos los que se desplazan hacia el de la experiencia o, en otros términos, que los ciudadanos obligan a los expertos a no desdeñar sus conocimientos vernaculares sobre el entorno local (civic science).

Tal deriva puede representar un problema, pues no siempre las instituciones están preparadas para administrar formas tradicionales y contingentes del saber. Los protocolos expertos, con frecuencia, son demasiado rígidos y están pensados por gentes que hasta hace muy poco despreciaban cualquier información que no fuera producida con los instrumentos técnicos y conceptuales utilizados en el medio académico.

Pero los tiempos cambian deprisa. Todo parece indicar que las diferencias entre civic science y citizen science serán cada vez más imperceptibles. En la práctica, los debates mediomabientales, ya no escenifican conflictos entre científicos y legos, sino entre grupos de expertos diferentes. Y así, el mayor problema que enfrenta la implementación del sistema de la gobernanza no es el de cómo resolver las tensiones que se crean por la concurrencia de dos estilos de razonar, sino en cómo evitar el colapso de una sociedad en la que los expertos manifiestan profundos desacuerdos.