Asistimos a una proliferación de nuevos objetos científicos que demandan ingentes capacidades de computación. En todos los campos del saber, desde la genética a la economía, pasando por la física atómica, la biodiversidad y las neurociencias, se están abordando problemas que exigen el levantamiento de masas extraordinarias de datos, cuya gestión, ya sea que pensemos en la obtención, depuración, almacenamiento, consulta o venta, ya sea que imaginemos las herramientas para garantizar la accesibilidad, propiedad, vulnerabilidad o encriptación, se han convertido en un problema de amplias resonancias políticas, culturales y tecnológicas. Está claro que los movimientos de open source (OSS) y open science (OA) quedarán incompletos si no tienen prolongación en otro movimiento cuya finalidad tendría que ser el open data.

El conocimiento siempre fue un asunto que involucró la movilización de fuertes contingentes de herramientas, personas, recursos y datos. Tantos que nosotros hemos considerado razonable argumentar que el fenómeno conocido como Big Science no es una característica exclusiva del siglo XX, sino que hunde sus raíces cuanto menos en el siglo XVIII.

Baste aquí con pensar en la figura de la ciencia imperial y en su principal instrumento de expansión, las expediciones científicas, para confirmar lo que decimos. En el siglo XIX serían las ciudades y su reforma para convertirlas en máquinas al servicio de la industrialización las que vertebraron una amplia panoplia de saberes, desde la bacteriología al urbanismo, pasando por la ingeniería civil, le higiene pública y el derecho.

Lo que tienen en común los dos procesos aquí señalados es su capacidad para movilizar un conjunto de prácticas dispersas y diversas que hasta entonces tenían un carácter principalmente retórico y una importancia más bien periférica. En ambos casos también se puso a prueba la capacidad del gobierno para gestionar poblaciones, territorios y tecnologías. Son la biopolíticas de las que nos habló Foucault.

La última década del siglo XX, sin embargo, puso de manifiesto que, en lo sucesivo, los datos, así como la amenaza más que probable de que prosiga el proceso de concentración y monopolización de bases de datos a escala mundial, van a ser una circunstancia de fuerte incidencia sobre la autonomía política de los diferentes países, así como en la governaza, incluidas la escala europea e internacional.
Los estados tendrán que destinar crecientes esfuerzos a las políticas de gestión de datos y organizar, junto a las ya mencionadas biopolíticas, nuevas e inseparables estrategias en la dirección de las criptopolíticas.

El mundo cambia deprisa y la ciudadanía espera las mayores beneficios de la ciencia. Todos los días vemos instituciones que proclaman la importancia de la innovación tecnológica o exigir de los ciudadanos que el debate público se base en evidencias contrastadas. A nadie sorprenden ya las continuas referencias en los media al papel de la ciencia y la tecnología en la aceleración con la que se suceden los cambios culturales o políticos.

Lo sabemos. Siempre fue así, pero nunca fue un proceso tan intensivo ni popular. Todo el mundo habla de la emergencia o consolidación de la sociedad del conocimiento. Nadie niega la importancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y no falta quien se siente amenazado cada vez que alguien le habla de nuevas especies, nuevos materiales, nuevos alimentos o nuevas enfermedades.

Los objetos científicos ya no están bajo el control de los especialistas. La interdisciplinariedad, desideratum político de los 70, ha sido sustituida por la convergencia de tecnologías y la concurrencia de actores diversos. El cambio es profundo y por eso, en el sistema de la gobernanza, debemos hablar de un nuevo régimen de produccion distribuidad del conocimiento (Rammert, 2002), caracterizado por

• la diversidad de administraciones involucradas en la gestión y financiación de la ciencia;
• la complejidad adquirida por los nuevos objetos científicos que para ser abordados reclaman complejos procesos de modularización, simulación computacional y sincronización de culturas epistémicas (explícitas o tácitas) (Giere, 2002);
• las distintas funciones que le asignan a los agentes sociales: de las OPIS se espera que actúen como gestoras de patentes y suministradoras de conocimiento; las empresas son empujadas para incorporar estructuras académicas y acudir por fondos competitivos;
• el nuevo protagonismo adquirido por los movimientos ciudadanos que, al margen de los partidos políticos, reclaman participación en ciencia (Leach & Scoones, 2003) y mejor evaluación de los riesgos tecnológicos.

La consecuencia de cuanto decimos es que la producción del conocimiento se realiza en entornos donde interactúan una notable heterogeneidad de actores, lo que explica el continuo choques de pareceres y de agendas. Ninguna organización presente en la toma de decisiones puede hoy manejar eficientemente semejante pluralidad de culturas y diversidad de interlocutores. Ni siquiera el estado que debe renunciar a su tradicional hegemonía o, en otros términos, a su centralidad política.

La alternativa es muy esperanzadora: el estado debe involucrarse activamente en la articulación del sistema de la gobernanza. Nuestro momento es de grandes cambios, pero también de grandes oportunidades. Y creemos que todavía puede el estado desplegar su obligación de liderazgo, lo que en términos prácticos debe significar capacidad de convocatoria (es decir voluntad de preservar la diversidad) y capacidad de consenso (es decir habilidad para favorecer la confianza).

Si dividimos lo que las haciendas públicas de todo el mundo gastan en ciencia por el número de artículos, cada texto nos cuesta unos 400.000? ¿No es escandaloso entonces que los beneficios de este negocio sean para un puñado de cuasi monopolios editoriales que, además, han incrementado el precio de las subscripciones entre 1986 y 2002 cuatro veces por encima de la inflación? (Eisen, 2003) Pero la información, segun dijo Stewart Brand y reza uno de los principios de la cultura hackers, quiere ser libre. Y, si no cambian mucho las cosas, lo será.

En enero de 2004, la OCDE proclamó la necesidad de asegurar el libre acceso de la ciudadanía a la información científica. Una decisión que reforzaba las muchas adhesiones cosechadas por el movimiento open access. Asi, por ejemplo, son ya 33.826 los científicos procedentes de 180 países que han firmado una open letter coprometiendose a boicotear "las editoriales que restringen el acceso a sus fondos". La Declaración de Berlín (2003) es otro de los instrumentos de consenso que invitan a romper con la actual situación y que ha sido firmada, entre otras instituciones, por la Fundación Max Planck, el CNRS, la Academia China de Ciencias, la Academia India de Ciencias y el Wellcome Trust.

Los científicos, forzados al publicar o morir, tienen motivos para estar felices con esta deriva. Es un hecho que florecen las publicaciones open access y que además son un 89% más usadas que las difundidas por suscripción y que su impacto es 2,5 veces mayor, un factor decisivo a la hora de conseguir recursos para investigar (Harnad & Brody, 2004). Lo importante, en medio de tantas presiones productivistas, utilitarias y corporativas, es que los científicos tienen la oportunidad de confirmar que sigue vigente su compromiso con el universalismo y el bien común.

Las primeras revistas científicas, el Journal de Sçavants (1665) y las Philosophical Transactions (1666), nacieron de la necesidad de los académicos de, primero, compartir sus conocimientos y, después, reclamar la prioridad en los descubrimientos. Y así debería seguir siendo, porque cualquier impedimento al acceso de los ciudadanos a la información científica, ya sea por su condición de supuestos iletrados, ya sea porque su familia, institución o país no dispone de recursos suficientes, es una opción por completo inaceptable que retrasa el avance del saber y cuestiona los fundamentos mismos de la democracia.