En estos tiempos de marasmo político, mediático, social y judicial, en el que la actuación de determinados órganos de la Administración queda en entredicho por presuntas irregularidades, debido a la necesaria intervención de la Justicia, un breve post como este, que hace algunas semanas no hubiera sido tenido que leer con grandes precauciones, se hace necesario ahora dotarse de ellas para tal fin.

En primer lugar, no debe descontextualizarse el post. No se trata de suplantar a nada ni a nadie, ni de someter a crítica a ningún funcionamiento administrativo hasta ahora establecido. Hablaremos con toda objetividad y desprovistos de toda intencionalidad escondida de temas como “Actuación administrativa”, “carácter discrecional”, “intervención de los agentes públicos según sus capacidades, posibilidades y entendimiento”, etc.

Hechas estas salvedades, y desde un criterio lo más científico posible, pues adelante, veamos como los Sistemas Inteligentes (que no los “listos”) pueden acabar ayudando a los ciudadanos finalmente.

Resolver la adjudicación de un contrato, aprobar o denegar la concesión de una subvención, modificar un planeamiento urbanístico en un municipio, realizar un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de bienes inmuebles o resolver un concurso de traslado para funcionarios, son actos administrativos que la Administración diaria y ordinariamente viene haciendo. Con total naturalidad y dentro de un marco jurídico relativamente estable, cierto y que no tiene otra razón de ser que el interés general y el bien común. Garantía última para los ciudadanos, siempre estará además el Poder Judicial que, como interprete de las leyes, pondrá límite a una aplicación abusiva, arbitraria o equivocada de los reglamentos.

Pero si hemos de hacer una visión más apasionada del proceso, un tanto más heterodoxa e interdisciplinar, si se nos permite, acabaremos concluyendo cosas que se separan, aunque sea mínimamente, del estricto planteamiento jurídico de ciertas cuestiones. Siguiendo pues esta vía, investigando un poco y sin quedarnos exclusivamente con la patina legal, veremos que debajo de todo funcionamiento de la maquinaria administrativa, existen personas. Existen agentes, dotados de autoridad tal y como establecen las leyes y el ordenamiento, para que con arreglo a su experiencia, conocimientos, real saber y entender a la hora de aplicar las leyes y reglamentos, instruyan procedimientos reglados hasta el final.

Se da una circunstancia notable en la marcha de la Administración Pública, como es el volumen de trabajo y el número de asuntos sobre los que se deben emitir acuerdos y resoluciones. Las distintas leyes y ordenamientos han sido previsoras en este sentido. De este modo, muchas de ellas han contemplado la utilización de medios automatizados y telemáticos para el procesamiento y tratamiento de la información. De modo que el resolver los asuntos administrativos, y el funcionamiento de la Administración en sí, sea algo eficiente además de eficaz. Y no sólo esto, también la innovación y la transformación de la actividad pública no sólo ha tenido efecto en su funcionamiento interno. También se han habilitado nuevos canales de comunicación con los ciudadanos, lo cual ha redundado en una Administración más eficaz, más presente y más próxima al hacer uso de los últimos avances en el procesamiento y la transmisión de la información. Fenómenos como el desarrollo del eGovernment dan cuenta de este hecho. Incluso el marco legal se va haciendo más grande cada vez en este sentido, con la aprobación de nuevas disposiciones que facultan y habilitan para estos nuevos cauces.

Pero no es el objeto de este artículo el tratamiento dado a las cosas públicas por las últimas herramientas en procesamiento (“algorítmicamente”, en el sentido secuencial del término) y transmisión (fiable, segura y disponible) de la información. Ni tampoco los procesos de reorganización interna o externa que puedan derivarse de la adopción de soluciones de eGovernment.

Trataremos de otro asunto. Como hemos apuntado en un principio, son agentes públicos dotados de autoridad, seres humanos a fin de cuentas, quienes pueden o deben iniciar, impulsar, informar y terminar el procedimiento. Y ello gracias a sus conocimientos y real saber y entender a la hora de aplicar las diferentes normas fruto del desarrollo legislativo. Pues bien, dado el desarrollo actual de la técnica, nos vemos obligados a plantearnos hoy en día qué consideraciones deberíamos realizar si se decidiera reemplazar estos agentes públicos, humanos a la postre, por agentes automatizados, y si podría llegarse a predicar de estos últimos y en algún momento el carácter de “públicos”.

Surgen de manera natural dos cuestiones que se habrán de responder. Y puede ser el blog un buen punto de inicio para el debate. Cuestiones que opinamos son las más urgentes en este sentido. Sin embargo consideramos que puede haber análisis más profundos realizados por personas que conozcan con más profundidad todos los detalles que el Derecho Administrativo comporta. Pero creemos que estas dos cuestiones debe intentarse encontrar respuesta, y es obligado que desde la vertiente científica y técnica tratemos de avanzar nuestras primeras conclusiones, a lo cual os invitamos.

Primera.- Necesitamos saber si el ordenamiento jurídico actual contempla la posibilidad de la sustitución de Agentes Públicos “humanos” por Agentes Públicos “automatizados” en lo que es la resolución de expedientes administrativos o la intervención en alguno de sus trámites. La cuestión clave que radica en este asunto (y aquí cobran especial importancia las prevenciones iniciales, dada la actualidad rabiosa) es si el carácter puramente discrecional en la adopción de decisiones, y a priori, hemos de confiar, que sobradamente justificados por el interés general, sería si pueden reemplazarse los agentes humanos por sistemas inteligentes basados en sistemas expertos que adopten decisiones desde la más estricta objetividad. Creemos que examinado el marco jurídico actual en el que nuestra Administración Pública se mueve, no existe impedimento para ello. Cumpliendo, eso sí, ciertos requisitos de transparencia, garantía de derechos fundamentales, intervención de los interesados en el proceso, etc.

Segunda.- Debe determinarse si es plausible para la Administración, de entre todas las alternativas que el estado actual de la técnica le ofrece en cada momento, adoptar siempre la más avanzada. Es necesario saber si este criterio garantiza que nuestra Administración sea siempre más eficiente. El carácter innovador que ello comporta para una Administración Pública comprometida con la modernización, obliga no obstante a circunscribir dicha innovación a todo ello para lo que está facultada legalmente a la hora de actuar. Lo cual, en la terminología de Schumpeter nos llevaría a una innovación no disruptiva, sino más bien lineal. La innovación lineal ha de ser siempre previsible en sus resultados y debe además cumplir el requisito de poder conocer punto de vuelta atrás cuando así sea preciso (imaginemos la sentencia de un Tribunal que eche atrás una o muchas actuaciones administrativas basadas en un proceso innovador). No obstante, seamos valientes ¿puede alguien imaginar procesos de innovación “disruptiva” en el seno de la Administración Pública? ¿qué consecuencias tendría? El debate queda ahí.

Como consideración final de una hipotética situación futura de innovación efectiva y en el que los Sistemas Inteligentes son un elemento común en el proceder administrativo (estaríamos en el caso de haber respondido a las dos cuestiones anteriores afirmativamente), deberíamos ser capaces de realizar un esbozo sobre la situación en que queda el ciudadano. Si puede hacer valer efectivamente sus derechos bajo tales circunstancias, y si en caso de necesitarlo, los mecanismos de los que nos hemos dotado en nuestra realidad institucional, tales como los tribunales de justicia, podrán cumplir con su función sin complejidades añadidas, de salvaguardar el bien común y el interés general que a la postre es el fin de todo el ordenamiento administrativo. Y podría darse el caso extremo, propio de ciencia ficción pero no tan lejano ni técnica ni jurídicamente, dado que tanto la normativa administrativa así como la reciente Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos pueden facilitar, que un ciudadano acuda a los Tribunales para hacer valer sus pretensiones, asistido de un perito en fase de prueba de un Sistema Inteligente que le asesore, que sea además el mismo que se hizo servir o intervino en el proceso administrativo contra el que ahora recurre, pero eso sí, convenientemente parametrizado según sus intereses. ¿Puede imaginar alguien un escenario así? Queda la cuestión sobre la mesa. Ahora solo cabe esperar vuestra participación en un debate que se abre y se adentra en tierras del todo ignotas. Gracias a todos.

Serafín Casamayor.