Estamos inmersos en un debate ya crónico sobre la crisis de credibilidad de la Salud Pública, que suele arreciar con la aparición de alertas como las que vivió (y sufrió) este país en los últimos años (meningitis, legionellosis, “vacas locas”, “neumonía asiática”, gripe aviar, etc.) Esta sensación de que la población desconfía de las “autoridades” que dirigen la Administración de Salud Pública y de sus mensajes en caso de crisis epidémicas, intenta ser analizada y solucionada desde diferentes perspectivas y posicionamientos.

Algunos lo consideran un mero problema “técnico” de comunicación con la población, que se podría resolver si incorporásemos instrumentos mediáticos que tradujeran mejor nuestro mensaje. Desde esta perspectiva apenas se pone en cuestión el mensaje emitido en estas crisis, ni se hace una valoración crítica de la actuación de la Administración.

En otras ocasiones, se considera que la credibilidad mejoraría con una reestructuración administrativa que separase las funciones de autoridad sanitaria de las de evaluación científica-técnica. Esta parece ser la opción asumida hace unos años en la Comunidad de Madrid, creando el Instituto de Salud Pública, separado de la Dirección General de Salud Pública, experiencia que no ha debido ser evaluada positivamente, pues desde el inicio de esta legislatura, que en unos meses se acaba, se está en un proceso de “refusión” de lo anteriormente separado.

Sin embargo, cualquier medida que se tome, debe partir del análisis de lo sucedido en  estas últimas crisis, donde la desconfianza de la población se ganó a pulso. Los reformadores  deben plantearse si sus medidas realmente afrontan los problemas de fondo de la Salud Pública que dieron lugar a estas situaciones y deben asegurarse que, por el contrario, no creen otros problemas nuevos.

¿Cuales son estos problemas desde mi punto de vista?  Intentaré resumirlos en tres: el problema de la identidad profesional y la imagen social, el problema del objeto y campo de trabajo y finalmente el problema de la frontera entre lo técnico y político.

Vayamos con el primero. Los profesionales que trabajamos en Salud Pública tenemos serias dificultades para explicar a nuestros padres o a nuestros hijos qué hacemos en el trabajo y quienes somos cómo profesionales. Necesitamos más palabras y tiempo de lo que requieren, por ejemplo, nuestros colegas médicos que atienden pacientes en un centro de salud u hospital. Falta una imagen social de nuestra práctica profesional. Tal vez haría falta una serie de TV cómo la que logró hace unos años representar, con mayor o menor fortuna, la labor de los trabajadores sociales, o la que más recientemente ha presentado en sociedad a los MIR. Es cierto, que hay algunas áreas de la Salud Pública más explicables que otras: por ejemplo, el que trabaja con vacunas o el epidemiólogo. Este último es identificado mas fácilmente a partir de películas y novelas sobre los héroes que se enfrentan a brotes epidémicos por terribles virus y toxinas.

Esta falta de imagen social refleja en parte las dificultades internas que tenemos los profesionales que trabajamos en esta área de identificarnos desde lo que nos une y no a partir de nuestras diversas formaciones de procedencia. Tanto para nosotros, como para la población pesan apreciablemente las asociaciones mentales con las prácticas “clásicas”: por ejemplo, el médico o el profesional de enfermería con la clínica, el fonendoscopio o la jeringa; el farmacéutico con la oficina de farmacia y el laboratorio y el veterinario con los animales. Otros profesionales de la salud (sociólogos, antropólogos, psicólogos, etc), ni siquiera son asociados con la Salud Pública. Solo cuando resolvamos esta identidad común seremos capaces de proyectarla en la sociedad y, entre otras cosas, de reformar la formación pre y postgraduada de los futuros salubristas. La presencia de este nuevo significante social  favorecerá que, en caso de crisis de salud pública, la población sepa que tiene a su servicio otros profesionales, además de su médico o pediatra de cabecera.

Un segundo problema a resolver se refiere a nuestro objeto de trabajo, especialmente a la distancia existente entre sobre lo que deberíamos trabajar y  sobre lo que trabajamos. Aunque los fines manifiestos de nuestras instituciones son la prevención de las enfermedades y de las muertes evitables y la promoción de la salud, en la realidad seguimos recortando nuestra práctica profesional, excesivamente centrada en la prevención de las enfermedades y especialmente las infecciosas. Los esfuerzos y los recursos dedicados al estudio y la intervención sobre el campo de la salud y sus riesgos son todavía escasos.

Finalmente, otro problema (y no el último ni el menor) es la dificultad inherente a trabajar en la frontera entre lo técnico y lo político en el marco de la Administración Pública. Ello supone resolver el problema de dar continuidad y estabilidad en el tiempo a una estructura técnica en un esquema organizativo cambiante (cambios de direcciones  y proyectos políticos). También supone el encontrar un equilibrio entre la tendencia del político de abusar de la libre designación para constituir equipos profesionales de su confianza (con el consecuente riesgo de disminuir la capacidad crítica y la independencia profesional de la Administración) y la tendencia del profesional a constituir espacios de poder corporativo, impermeables a los cambios políticos democráticos y a la evaluación.

Asimismo, se relaciona con la necesidad de tener políticos valientes que sean capaces de explicar pública y sinceramente los elementos que se han barajado para tomar una decisión en Salud Pública. Es decir, discriminar el análisis técnico, de otros elementos ajenos a este pero muy legítimos (la opinión pública, la oportunidad política, el impacto socio-económico de las medidas alternativas, etc.). Cuando tengamos políticos que no escondan sus decisiones en supuestas evidencias científicas incontestables, cuando tengamos una administración de Salud Pública que discrimine los elementos inherentes a estas decisiones, separando los argumentos técnicos de los llamados argumentarios mediáticos, es decir la selección interesada de criterios técnicos para arropar una decisión tomada en algunos casos al margen de los argumentos disponibles, seremos capaces de evaluar nuestras intervenciones pasadas y futuras en las crisis, aprender de ellas  y  transmitir confianza a la población.

Javier Segura del Pozo. Médico Salubrista de la Comunidad de Madrid.