En julio de 2007
se publicó un post en esta bitácora: Dietilen
Glicol del envenenamiento en humanos al fraude en el consumo denunciando
este hecho; ahora me encuentro que periódicos y televisiones, al menos en
España, se han hecho eco estos días de la noticia como si fuera una gran
novedad. Reviso lo que escribí hace 2 años y no ha variado el número de
fallecimientos que ya dimos en su momento, y me pregunto ¿Por qué ahora es
noticia de portada y hace dos años no?.
Como
explicamos hace dos años se produjo una cadena de negligencias desde su
origen en China, pasando por España, hasta llegar a Panamá. Que en todos estos
lugares debía realizarse la comprobación del producto y la determinación de su
inocuidad para la salud, sabiendo que iba a utilizarse para el consumo humano..
"Todos los
responsables de esta larga cadena de errores y negligencias son culpables.
La novedad ahora
es que los afectados han creado una asociación y a través de la justicia, tanto
española como panameña, exigen que se depuren las responsabilidades sobre lo
ocurrido.

Jarabe
Resumamos un poco la historia y luego daremos paso a las noticias
aparecidas en el periódico “El País”
Las
autoridades de la Seguridad
Social de Panamá en el año 2003 sacaron a concurso la
compra de 9.000 kilos de glicerina. Esta
glicerina, que fue comprada por una empresa española en China y posteriormente exportada
a la Seguridad Social de Panamá,
contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol,
con este producto se elaboró un jarabe antihistamínico
y expectorante que se distribuyó en 20.000 frascos por todo el país causando
una intoxicación masiva con el resultado de, al menos, 119 muertos entre 2006 y
2007. Se investiga la muerte de otras 400 personas, cuyos cadáveres se están
exhumando, que tomaron el jarabe y fallecieron a los pocos meses.
El dietilenglicol, producto anticoagulante, tóxico para el
consumo humano, provocó a las víctimas fallos renales agudos, oligoanuria,
alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, somnolencia, afectación de
pares craneales y nervios periféricos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edema
pulmonar, y otros síntomas con el resultado de muerte. Un envenenamiento masivo
que se definió como síndrome de insuficiencia renal aguda.
Información publicada en “el País”:
La
Audiencia Nacional investiga una intoxicación con 119 muertos
JOSÉ MARÍA IRUJO -
Madrid - 25/01/2009
El juez Ismael
Moreno, a petición de la fiscalía, ha acordado tomar declaración en calidad de
querellada a la representante de la empresa a las autoridades de la Seguridad Social de Panamá que en
el año 2003 sacaron a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina para
elaborar un jarabe expectorante que se distribuyó en 20.000 frascos por todo el
país y causó una intoxicación masiva con el resultado oficial de, al menos, 119
muertos entre 2006 y 2007. Se investiga la muerte de otras 400 personas, cuyos
cadáveres se están exhumando, que tomaron el jarabe y fallecieron a los pocos
meses. La fiscalía de Panamá ha recibido 500 denuncias de familiares y hay
miles de afectados.
La
glicerina comprada por la empresa española en China y exportada a la Seguridad Social de
Panamá contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol, tóxico para el consumo
humano, que provocó a las víctimas fallos renales agudos, oligoanuria,
alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, somnolencia, afectación de
pares craneales y nervios periféricos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edema
pulmonar, y otros síntomas con el resultado de muerte. Un envenenamiento masivo
que se definió como síndrome de insuficiencia renal aguda y que convulsionó al
país.
Alejandro
Sanvicente, el letrado español que representa a las víctimas panameñas,
describe en la querella una larga cadena de presuntas
negligencias de la empresa española Rasfer
Internacional, SA, con sede en Barcelona dedicada a la importación,
exportación, fabricación y transformación de productos químicos o
farmacéuticos. Y apunta, también, a la responsabilidad de las autoridades
sanitarias españolas por la ausencia de control en la exportación de estos
productos farmacéuticos. "La falta de
control por parte de las autoridades administrativas puede contribuir a que
determinadas empresas realicen la distribución de sustancias tóxicas sin
cumplir con su deber de diligencia y con absoluta impunidad, avocando el
resultado a un fatal desenlace".
La Caja de Seguro
Social panameña ofertó, en mayo de 2003, la compra de glicerina pura para la
elaboración de medicamentos de uso humano. La adjudicataria de la licitación
fue la empresa panameña Grupo Comercial Medicom que solicitó a la española
precios de glicerina pura, así como el nombre del posible proveedor.
Rasfer Internacional SA, facilitó un
precio por litro de 0,795 dólares USA (0,61 euros) y el nombre de la empresa
española Quimidroga, pero finalmente compró el
producto a la intermediaria china Cnsc Fortune Way Company a un precio superior
y, según dice la querella, lo suministró, en septiembre de 2003, a Medicom
"sin realizar previo análisis ni comprobación alguna del producto".
Quimidroga asegura que nunca fue contactada por Rasfer y esta última afirma que
no envió el citado escandallo a Panamá.
El producto llegó
por mar al puerto panameño de Colón en 46 tanques o bidones que Medicom vendió
como glicerina pura a la Caja de Seguro Social de Panamá. El grupo Medicom reetiquetó los bidones y modificó su fecha de
caducidad, aunque no alteró su contenido. La querella destaca que el
transcurso del tiempo no transforma este producto en tóxico y menos aún en
dietilenglicol.
La Caja
de Seguro Social panameña analizó el producto para determinar la calidad y
pureza de la glicerina, pero no si contenía sustancias tóxicas. Elaboró el jarabe
para la tos, expectorante sin azúcar antihistamínico, y distribuyó 20.000
frascos en el mercado farmacéutico. El producto envenenado se repartió gratis a
las familias más pobres del país.
La
avalancha de denuncias y fallecimientos provocó que la fiscalía hiciera un
nuevo análisis, esta vez con mejores medios, en bidones todavía precintados y
ahí apareció el veneno, la sustancia química dietilenglicol.
La querella
admitida a trámite por la Audiencia Nacional asegura que Rasfer, "en clara connivencia con el proveedor y el
fabricante chino, obtuvo un producto a un precio muy inferior al del mercado y
distinto al que oficialmente se recoge en la documentación de compra, falseando
la realidad de la factura de compraventa con el único fin de obtener un mayor
beneficio, sin importarle la calidad del producto a exportar y poniendo en
peligro la salud de los consumidores panameños". La empresa española lo
niega.
Las
víctimas acusan a Rasfer Internacional SA de no comprobar que el producto que
le suministraban desde Asia era el correcto, que no adolecía de impurezas y que
era apto para el consumo humano. "Ni siquiera procedió a analizar una
muestra del producto importado ni comprobó el certificado de análisis aportado
por la empresa china... Se limitó emitir un certificado con su logo y sello
dando por bueno el análisis del proveedor chino", dice la querella. El
perito de las víctimas afirma que el certificado de análisis de la empresa
española no es el que corresponde a un producto apto para la elaboración de
medicamentos.
La defensa de
Rasfer destaca que la legislación vigente en materia de exportación e
importación no obliga a reanalizar el producto El letrado de las víctimas
responde en la querella que el certificado de análisis del proveedor chino era
irregular y que la empresa farmacéutica española estaba obligada a comprobar si
la mercancía que recibió era la que había pedido. "Debió proceder a la
devolución del producto importado o en todo caso reanalizar la supuesta
glicerina... Exportó el producto venenoso dietilenglicol por una falta total de
diligencia".
Ismael
Moreno, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso, acuerda
que se tome declaración a los principales responsables de la Seguridad Social
de Panamá que tuvieron alguna relación con la compra de los 9.000 kilos de
glicerina con la que se fabricó el jarabe asesino.
Además de
interrogar a Ascensión Criado Martín, administradora de Rasfer Internacional,
SA, y a Joseph María Rovira, director de control de calidad de la empresa, la
justicia española tomará declaración a Magister Jessica Rodríguez, directora
Nacional de Compras y Abastos de Panamá; René Luciani, director de la Caja de
Seguridad Social; Narciso Solís, director Nacional de Farmacias; al director de
laboratorio de la Caja de Seguro Social de Panamá.
Se
buscan culpables por 142 muertes
JOSÉ MARÍA IRUJO -
Madrid - 22/03/2009
La
Audiencia Nacional investiga una intoxicación con 119 muertos
El medicamento
contenía un alcohol utilizado comorefrigerante y líquido para frenos que
condujo a la muerte a otras 400 personas que tomaron el jarabe y cuyos cuerpos
se están exhumando. "Nadie sabe cuánta gente ha muerto. Nosotros creemos
que hay miles de casos", asegura Gabriel Pascual, de 37 años, presidente
del Comité de Víctimas. Pascual ha perdido a su abuela, de 90 años, y a su
padre, de 70, fallecido hace varias semanas. "Es el último muerto de esta
tragedia", dice.
Asunción Criado, la
gerente de Rasfer Internacional, SA, declaró esta semana en calidad de
querellada ante el Juzgado número 24 de Barcelona. La Audiencia Nacional tramita una querella presentada por
las víctimas contra ella y la empresa española por el
presunto delito de imprudencia con resultado de muerte, pero la Corte de
Justicia de Panamá demanda que Criado declare en su país. "Todos los
culpables de esta cadena de errores deben declarar aquí. Se lo deben a las
víctimas", reclama Pascual.
La responsable de
Rasfer Internacional afirmó que su empresa no analizó el producto recibido
desde China porque lo debe hacer el fabricante del medicamento y el de la
materia prima. Y añadió que la comprobación del certificado de análisis
facilitado por el distribuidor chino fue "únicamente documental".
Criado señaló que los bidones con glicerina estuvieron en el puerto de Barcelona,
no en las dependencias de Rasfer, y que no pidieron muestras originales del
producto. "No debíamos ni podíamos reanalizar el producto", declaró
al juez.
Cuando Alejandro
Sanvicente, abogado de las víctimas, le preguntó la causa por la que Rasfer
había pedido al distribuidor chino glicerina CP para consumo humano, la
administradora respondió que decidieron poner CP "para exigir una calidad
mínima de la glicerina". Su alegato, según fuentes judiciales, se centró
en que su empresa, como comercializadora, "no conoce la composición de los
productos que exportan o importan porque no son químicos, sino
comerciales". El objeto social de la empresa es la importación,
exportación, fabricación y transformación de productos químicos o
farmacéuticos.
En 2007, Wei
Chuanzhong, viceministro chino de la Administración General de Supervisión de
Calidad, presentó los resultados de su investigación y aseguró que la empresa
española sabía lo que estaba comprando. Aseguró que en el correo electrónico
que intercambiaron Fortune Way, la empresa china exportadora, y Rasfer
Internacional "queda claro que el uso de la glicerina TD no está
autorizado en la farmacología china". El empaquetado no advertía la
composición de la glicerina.
Sanvicente, el
abogado español de las víctimas, destaca que una cosa es el reanálisis -la
legislación en materia de exportación e importación no obliga a hacerlo-, y
otra el hecho de que la empresa española estaba obligada a comprobar que la
empresa china le había enviado lo que había pedido. Estás obligado a entregar
al cliente lo que te ha pedido. Estás obligado a saber qué diablos te entregan,
y si además se trata de un producto farmacéutico, esa exigencia es todavía
mayor".
La ruta del jarabe
asesino se inició en la población china de Hengxiang, en el delta del Yangtsé,
donde se encuentra la sede de la compañía Taixing Glycerin Factory. De allí
partieron los 46 barriles de glicerina comprados por el intermediario chino CNS
Fortune Way, con sede en Pekín. Fueron embarcados en un puerto próximo a
Shanghai y viajaron hasta el puerto de Barcelona. Rasfer Internacional los
recibió y reenvió al puerto panameño de Colón. La empresa panameña Medicom lo
entregó a la Caja de Seguro Social de Panamá, que analizó el producto para
determinar la calidad y pureza de la glicerina, pero no comprobó si contenía
sustancias tóxicas. Tras ser elaborado el jarabe, fue distribuido por todo el
país. La marea de fallecimientos y denuncias provocó un nuevo análisis en el
que apareció el dietilenglicol.
Medicom ha cerrado,
y Ángel de la Cruz, su representante, está en prisión. René Luciani, director
de la Caja de Seguro Social, está imputado, y los familiares de las víctimas
aguardan una justicia que no llega. "Todos los responsables de esta larga
cadena de errores y negligencias son culpables.
Consuelo Ibáñez Martí
Médico salubrista