Supongo que puede considerarse “socialmente correcto para un científico”, a la vez que un poco pedante, el dejar entrever que uno sólo ve en televisión los documentales de la segunda cadena de TVE. No es este mi caso, así que reconozco que el pasado sábado por la noche me encontré con el documental “Carga tóxica: Convivir con 100.000 sustancias químicas” por pura casualidad.

Para los que no lo vierais, podéis encontrar información sobre el mismo en la página web de TVE:

http://www.rtve.es/FRONT_PROGRAMAS?go=111b735a516af85ccdc4135d9df82c2e123009d61eb00f778b60af793b191c31b01d775c169a04bd500d95dc39d9b56851b8e7d5b099843d4f6162b5581d35148b8deb4f9ed77456

En el documental se combinaban una serie de aspectos positivos y negativos relacionados con las sustancias químicas, incluyendo los beneficios que se han obtenido gracias al espectacular avance de la tecnología química,  al mismo tiempo que se presentaban sus riesgos para la salud, con ejemplos de personas que sufren algunos de estos problemas.

Con independencia de que cada uno considere que el documental estaba o no equilibrado en cuanto a las opiniones de “las partes”, para mí está claro que presentaba de forma excepcional la confrontación beneficios/riegos; confrontación que constituye la piedra fundamental para la toma de decisiones, y por ello desde aquí me gustaría felicitar a los autores, auque, tal vez por pura deformación profesional, creo el documental hubiera quedado más completo si además de los riesgos para la salud se hubieran presentado los riesgos para el medio ambiente.

No obstante, lo que si que me preocupa, y mucho, como científico, es que no se mencionaran, ni siquiera de pasada, los avances científicos de esta última década en materia de evaluación de riesgo; avances sobre los que descansa la nueva política europea sobre sustancias químicas.

Creo que es fundamental que los ciudadanos sepan que en los últimos años el desarrollo de las metodologías para predecir los riesgos sanitarios y medioambientales de las sustancias químicas ha sido espectacular. Todavía queda mucho por hacer, pero desde luego, cuando se dispone de la información adecuada, podemos realizar estimaciones predictivas, antes de que las sustancias se comercialicen, y evaluar para cada uno de los usos propuestos, la probabilidad de que se produzcan efectos adversos, su magnitud, medidas de reducción de estos riesgos, posibles restricciones, y programas de vigilancia específicos.    

Evidentemente, las predicciones son mejores cuanto mayor es la información sobre las propiedades y características de la sustancia. Generar esta información supone unos costes económicos, y aquí entra una segunda decisión, que ya no es científica, sobre el coste económico para la industria y la incertidumbre en la evaluación de riesgos.

El equilibrio entre ambos factores requiere una decisión política, que es la que se está ultimando en esta última fase de discusiones sobre el Reglamento REACH. En breve sabremos la decisión final, pero mientras tanto, creo que en la divulgación de estas propuestas debería quedar claro que ya no estamos en los años 60, donde cuando se sintetizaba una nueva molécula había que esperar a comercializarla para comprobar si tenía o no consecuencias negativas para la salud o el medio ambiente. Hoy, cuando los desarrollos científicos permiten realizar evaluaciones predictivas, la comunidad científica tiene la obligación de presentar estos avances así como sus limitaciones e incertidumbres, y los ciudadanos tienen el derecho a conocerlos.