Ombudsman

SI RAMÓN Y CAJAL LEVANTARA LA CABEZA

Xavier Pujol Gebellí — Thu, 23 Feb 2006 13:23:00 GMT

En el año del centenario de nuestro primer, y casi único, Premio Nobel, los que han heredado su nombre como investigadores corren el riesgo de quedarse en el paro. Si nuestros inventos tienen que ser éstos, pues casi que no inventemos nada.

XAVIER PUJOL GEBELLÍ

SOBRE LEGANÉS

Xavier Pujol Gebellí — Wed, 04 May 2005 20:03:00 GMT

Desconozco Leganés. Ignoro cual es el estado del Hospital Severo Ochoa. Lo que sé de este centro sanitario es esencialmente lo publicado en prensa. Y he visto, con desgana e indignación, que mucho de lo escrito carece de sentido cuando no de fundamento.

Hace unos días, al relatar los últimos días de un amigo y el trato recibido en un centro hospitalario, cité Leganés. Tal vez mi comentario no fuera el más afortunado, pues dije, literalmente: «No quiero ni pensar qué habría ocurrido de darse este caso [el de mi amigo y su sedación final] en Leganés». El comentario no pretendía ser en absoluto despreciativo ni hacia el centro ni hacia sus profesionales. Al contrario: sé lo que es la sedación paliativa, entiendo por qué a veces es tan necesaria y útil, y comparto la desesperación de un profesional médico cuando una medida tan drástica y tan dramática no puede efectuarse en la mejor de las condiciones.

Diseñados para vivir

Lo queramos o no, el organismo humano está diseñado para vivir. Y para hacerlo en las mejores condiciones durante un tiempo determinado. Artificialmente estamos consiguiendo engañar a la evolución: vivimos hoy más años más gente de lo que la naturaleza nos había reservado. Y no pienso renunciar a ello. Ni yo ni nadie. El azaroso y bienvenido engaño se llama prevención y medicina. Y cuanto más se avance en estos campos, más y mejores años vamos a vivir todos. Y si no todos, sí al menos una mayoría creciente en nuestro cómodo y a veces cínico occidente.

Algunos médicos aseguran que morir es muy difícil. Nuestros abuelos tenían una frase para ello cuando se acercaba un final que nunca terminaba de llegar: «¡Cuanto cuesta morir!», decían. Lo fácil, dicen los mismos médicos con razón, es matarse.

Sea o no cierto, la verdad es que los oncólogos clínicos, entre otros especialistas médicos, tienen ante sí una difícil tarea. Conocen por experiencia qué ocurre cuando un tumor se detecta tarde o se disemina por el cuerpo. Las estadísticas, aunque frías y cuestionables, no dejan de ser la media de una realidad contra la que se lucha a diario. Y no siempre con éxito.

Para buena parte de los tumores identificados existen protocolos de actuación en forma de indicaciones terapéuticas. Algunos de ellos, los más frecuentes, están tan caracterizados que incluso se describen las fases clínicas con extraordinaria precisión. La experiencia, además, ha enseñado a reconocer los síntomas que llevan de una fase a otra. Entre estas fases está la última, la muerte. Aunque la decisión es difícil, entiendo que es humano recurrir a medios externos para que esta última cause el mínimo sufrimiento al paciente y a su entorno.

Medios

Lo que es inaceptable es que la falta de medios obligue a quemar etapas que podrían ser cruciales para remediar la enfermedad, o al menos tratar de cronificarla o de ganar tiempo para intenar nuevas estrategias terapéuticas.

Medios, en general, significa recursos humanos bien formados, tecnología disponible y espacios. Hay más cosas, por supuesto, pero estas son las esenciales. Sospecho que en Leganés dos de ellas son escasas. Y la escasez es la que lleva a tomar medidas poco adecuadas o difíciles de entender.

Hoy día se tiende a morir en el hospital. No analizaré las causas, pero es la realidad. Y todos, sin excepción, gritan en voz baja que hay que evitar el sufrimiento a toda costa cuando ya no queda nada más que esperar el desenlace. Lo razonable es hacerlo de forma digna, en un espacio donde quien agoniza y su entorno tengan la intimidad necesaria. Y si además se precisa de ayuda, que se disponga de ella. Lo que no lo es, es hacerlo en un pasillo de unas urgencias saturadas o en un rincón.

Los profesionales no tienen la culpa de ello. Los gestores se han inventado para algo. A ellos les corresponde pelearse con los políticos, nuestros representantes, para disponer de todo cuanto se necesita. En Leganés hay que echar la vista para arriba para encontrar respuestas.

TODOS SIN HUMOS

Xavier Pujol Gebellí — Fri, 22 Apr 2005 10:02:00 GMT

España inicia su batalla legal contra el tabaco

Escribo estas líneas mientras enciendo un pitillo. Quien sabe si será el último: el Consejo de Ministros tiene previsto firmar hoy el Proyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo. Si antes me sentía incómodo, a partir de ahora me sentiré vigilado, casi un delincuente.

Ignoro si esta es la mejor forma de proceder para conseguir una reducción efectiva del hábito tabáquico. Si sé, y las estadísticas lo prueban, que en aquellos países donde se han iniciado campañas para frenar el consumo de cigarrillos a partir de la determinación de zonas libres de humo, ha habido éxitos importantes. Estados Unidos -para ser precisos, algunos de los estados de Estados Unidos- han rebajado de forma drástica el humo de los fumadores en lugares públicos, desde centros de trabajo hasta puntos de ocio, incluidos bares y restaurantes. No sólo eso: en determinadas ciudades se establecen «perímetros de seguridad» alrededor de empresas. En ellas no es posible fumar a menos de una distancia considerable de la puerta de entrada.

A estas prohibiciones las autoridades sanitarias estadounidenses han añadido una intensa campaña social en la que científicos, médicos y personajes públicos han participado de la promoción de los beneficios de una vida sin tabaco. Las sentencias judiciales contrarias a las grandes compañías tabaqueras y el aplauso público a quienes muestran su agresividad contra los fumadores, han hecho el resto. Basta darse un garbeo (quien tenga la posibilidad) por alguna de las grandes ciudades americanas para darse cuenta de hasta qué punto puede hablarse de éxito en esta particular cruzada: cinco años atrás era frecuente toparse con grupos de fumadores en plena calle ante ceniceros enormes; hoy las cifras se han reducido significativamente.

¿Va a pasar lo mismo en España? Quien sabe. El proyecto de ley prevé penalizaciones tanto para el fumador como para el administrador del local en el que se permita fumar (como local cabe entender desde un aeropuerto hasta un pub). Visto así, podría entenderse que se trata de criminalizar un acto respecto al que no hace tantos años no sólo era bien visto sino incluso fomentado por instrumentos pertenecientes al propio gobierno.

No soy partidario de criminalizar el tabaco. Sé perfectamente cuales son sus daños potenciales: enfermedad obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón, alteraciones cardiorespiratorias, riesgo cardiovascular elevado. Todas ellas son más que suficientes para que uno le coja miedo al primer cigarrillo. De hecho, el humo es responsable de gran número de patologías y riesgos evitables con una buena educación sanitaria. Pero también con una buena actitud política y valentía industrial, además de una adecuada atención médico-social. Ello implica investigación, medios y coherencia.

De entrada: hay que evitar que se entre en el hábito tabáquico. La tarea parece difícil si lo único que se restringe son los puntos donde se puede fumar. Hay que actuar decididamente contra la publicidad, mucho más presente de lo que sería razonable; y también contra las empresas productoras o comercializadoras de cigarrillos. Es un contrasentido luchar contra el tabaco con la mano izquierda y facilitar el desarrollo y la ganancia de beneficios de las empresas tabaqueras con la derecha.

Lo segundo: fumar es barato, al menos en España. Y si no, que se lo pregunten a los franceses, que organizan excursiones de fin de semana para traerse tabaco desde puntos cercanos a la frontera. Si hay que incrementar los costes para situarnos en la media europea, ¿quien va a beneficiarse del aumento? Si han de ser las propias empresas, mal negocio haremos.

Lo tercero: en la sanidad pública las unidades anti-tabaco asistidas por profesionales escasean. De todos es sabido que la nicotina y otros productos del abaco generan dependencia física (la menor) y psicológica (la mayor). En no pocos casos se requiere ayuda profesional para abandonar el hábito. Quiero pensar que el proyecto de ley va a potenciar esta asistencia la cual, todo sea dicho de paso, aunque cueste un dinero va a ser muy inferior a los costes asociados a las patologías asociadas al tabaco.

Y lo cuarto: Rafael Maldonado, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha conseguido que los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH) nviertan alrededor de un millón de dólares en un proyecto de investigación para determinar los genes implicados en la adicción a la nicotina. Nada que objetar a los NIH y al investigador español. La pregunta es: si vamos a erradicar el tabaco en España, ¿alguien de este país va a promocionar la investigación básica en este campo para conseguir este objetivo?

Ya ven: soy de los que creen que el humo es de todos. De los que fumamos porque el divertimento del primer cigarrillo se ha transformado en conducta compulsiva en forma de adicción (a eso se le llama enfermedad); de las instituciones sanitarias para ayudar a vencer el hábito; de las instituciones científicas para entender mejor sus bases bioquímicas y moleculares; y del gobierno para combatir a quienes facilitan la entrada en la enfermedad. Actuar sólo con medios policiales sería poco menos que convertirse en cómplice. O peor, en un cínico poco creíble.

LES LLAMABAN CAJALINES

Xavier Pujol Gebellí — Thu, 07 Apr 2005 09:26:00 GMT

La desgracia de los 222 del FIS

Hace poco más de seis años, el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) (dependiente del Instituto de Salud Carlos III) publicó una convocatoria tan sorprendente como bienvenida. En esencia, venía a plantear la posibilidad de incorporar investigadores básicos bajo contrato en hospitales de la red pública. Aunque entonces no se denominaba así, subyacía la idea de promover la investigación traslacional e instaurar ciencia básica tan cerca como fuera posible de la aplicada.

Las convocatorias que desde entonces se han ido sucediendo han sido restringidas en número. Al fin y al cabo, se trataba de algo parecido a una «incorporación experimental». El compromiso adquirido por la Administración, que no consta en los contratos aunque sí en las hemerotecas, era que los centros de acogida iban a hacerse cargo, previa evaluación de resultados, de los investigadores y de las líneas científicas desarrolladas.

Ha pasado el tiempo y, por lo que parece, los hospitales que debían hacerse cargo de los proyectos iniciados han hecho suya esa expresión tan tópica que reza: «donde dije digo, digo Diego». No ocurre en todos los casos, pero sí en una mayoría escandalosa.

Transcurrido el tiempo del contrato, de seis años de duración, los primeros investigadores contratados por el FIS han visto lo que en absoluto deseaban: los hospitales a los que estaban adscritos no asumen su continuidad y la Administración todavía no ha propuesto nada específico para ellos. En estos momentos, a los primeros que les ha vencido el contrato andan de solución provisional hasta final de año. Para entonces se verá qué ocurre con ellos.

El problema es que no se trata tan sólo de casos individuales. Detrás de cada uno de estos investigadores cuelga un proyecto, becarios y relaciones internacionales, además de resultados que podrían ser de interés en biomedicina y en clínica. Los hay en células madre, en enfermedades neurodegenerativas, en infecciosas y en metabólicas, entre otras muchas. Si estos investigadores se van a la calle, lo mismo ocurrirá con sus proyectos. La Administración habrá perdido lastimosamente tiempo y dinero.

La solución provisional que se ha adoptado es prolongar los contratos de los primeros damnificados hasta finales de año. Para entonces se espera ener lista una propuesta para los científicos contratados en el programa Ramón y Cajal. De algún modo, se unificarían los criterios para los dos grupos. De ahí que a los contratados FIS se les llame, quien sabe si con cierta dosis de cinismo, «los pequeños cajalines».

Es obvio que hay similitudes entre ambos grupos. Las hay en el planteamiento y, por lo que parece, en la resolución del conflicto generado con respecto a su continuidad. Pero también hay agravios. Durante el tiempo en que los «cajalines» han estado trabajando, sus condiciones han rozado la precariedad. Y su posibilidad de crecimiento como grupo y de expansión de sus proyectos, se han visto enormemente limitadas. Salvo excepciones, a ninguno de los integrados en este progama se les ha dado la oportunidad de brillar adecuadamente.

Hay 222 investigadores en estas condiciones. Alguien debería preocuparse por ellos. Si tienen calidad y talento, debería ofrecérseles la posibilidad de desarrollar con garantías y medios sus propuestas científicas. Si de verdad importa la investigación traslacional, una de las modalidades de mayor expansión en biomedicina, la solución definitiva a este conflicto particular debería servir de modelo para el futuro.