El presupuesto destinado a I+D+i en 2009 se ha congelado. En términos corrientes, el incremento es "prácticamente nulo" con respecto al año anterior. En paralelo, la organización futura del sistema "se llena de claroscuros". Parecen malas perspectivas para afrontar una crisis.




Xavier Pujol Gebellí
Ha salido en todos los periódicos. De nuevo, la comunidad científica, esta vez encarnada en la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), se ha manifestado ante lo que cree un estancamiento de la I+D española. Un estancamiento que, según su presidente, Joan Guinovart, tiene que ver con el actual estado de los dos principales pilares sobre los que se asienta cualquier sistema en el mundo: el dinero y su organización. En España, y en el momento actual, nada menos que los Presupuestos Generales del Estado y el Anteproyecto de Ley de la Ciencia.

Como cada año desde hace prácticamente un lustro, Cosce ha evaluado el impacto de los PGE sobre el sistema español de I+D+i. Los resultados dados a conocer a la prensa han sido demoledores: en el año de la crisis, en el año en que todo el mundo insiste en la necesidad de invertir en innovación y en conocimiento, menor es el crecimiento de la inversión. Y es tan menor que, descontado el efecto de la inflación, se queda en casi nada. Las cifras hablan de un limitado 2,5%, muy alejado del objetivo del 16% que se había dado de forma sostenida en años precedentes, y a todas luces insuficiente para mantenerse en la carrera de la ciencia de elite internacional.

Oficialmente, se admiten las cifras. Pero se les añade un matiz: el Plan E. Formalmente, es el capítulo que el gobierno ha decidido emplear para el fomento del empleo y la actividad económica en tiempos de crisis. Para las actividades de I+D, según datos oficiales, hay un añadido nada despreciable de 490 millones de euros que deberían compensar la pérdida de 'valor adquisitivo' de científicos, tecnólogos, innovadores y emprendedores. La cuantía, sin embargo, está bajo sospecha. Voces oficiosas de los ministerios implicados en su reparto rebajan la cantidad hasta los 250 millones de euros (cifras apreciables pero ya no tan notables, pese al valor de la inyección) y hay quien admite, con gesto resignado, que podría quedarse en la mitad. La segunda duda, todavía no aclarada, es cómo se va a proceder para fijar destino a la suma, sea la que sea. Los más pesimistas temen que al final vaya a quedar en operaciones de maquillaje o, lo que sería un mal menor, de salvamento para ganar liquidez o paliar deuda.

Sea cual sea la suma, fuere el que fuere su destino, se adivina claramente que los presupuestos para el sistema español son de nuevo, tras un breve periodo de crecimiento, de nuevo restrictivos. Y que la ingeniería, en forma de créditos reembolsables, que crecen de forma significativa, ha posibilitado malabarismos para la cuadratura del círculo.

A la vista del análisis de Cosce, y con todas las reservas que uno pueda tomarse, sólo cabe una conclusión. Incluso siendo benevolentes con quien calculó qué se merece el sistema español en forma de inversión, queda sobradamente demostrado que los presupuestos son, en el mejor de los casos, de contención. Y si merecen este calificativo, las palabras repetidas una y otra vez por el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y sus ministros, con Cristina Garmendia a la cabeza, pero también con Miguel Sebastián, Pedro Solbes (antes de la crisis) y Elena Salgado (tras la crisis), suenan a brindis al Sol. Si la I+D tiene que sacarnos de las crisis del futuro, mal vamos con los que hoy manejan la calculadora y no mucho mejor con los que deciden cuanto hay que sumar y cuanto hay que restar.

Si los presupuestos son restrictivos, algo que desde la comunidad científica se valora "con preocupación", no parece que la segunda gran pata, la organización del sistema, se valore con mayor optimismo. El anteproyecto de la Ley de la Ciencia, ya comentado en anteriores posts en este mismo blog, también ha sido objeto de análisis por Cosce. Y el resultado es francamente crítico. Pese a que se destacan algunos puntos fuertes que solucionan problemas evidentes en la ley actualmente vigente, que data de 1986, hay carencias importantes. Especialmente, en lo que refiere a recursos humanos (llámese carrera profesional o de otro modo), coordinación (en particular, con las comunidades autónomas, que han ganado peso en el conjunto del sistema), instrumentos de gestión y mecanismos y estructuras de gobernanza.

La falta de concreción en estos capítulos, que contrasta con el nivel de detalle hasta el que se desciende en otros aspectos, sugiere, según se oye en según qué pasillos, precipitación en el redactado, parcialidad en su alcance y un excesivo carácter reglamentista que coarta la innovación en alternativas que han demostrado ser exitosas. Si a esas críticas se suma que existe poca concreción en los aspectos relativos al aseguramiento de los mecanismos de financiación, todo apunta a que el borrador deberá ser sometido a una profunda revisión si lo que se pretende es tener una ley de largo alcance y acorde con un país que quiere participar de la economía basada en el conocimiento.

El tiempo dará y quitará razones. Y las medidas que se están debatiendo e implementando (vaya, los resultados que den), nos dirán si tenemos que cantar eso del toro enamorado de la Luna o nos quedamos con esa otra que dice: ¡Un rayo de sol, uoh, uoh, uoh! Es lo que tiene este país…