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viernes, 29 de junio de 2007

La identificación de compuestos con potenciales efectos nocivos para el organismo entra a menudo en contradicción con los usos a qué están destinados. La falta de información es lo que acaba desequilibrando la balanza en detrimento de investigaciones que avalen unos umbrales seguros.

JORDI MONTANER


Cuando a mediados del siglo pasado la bióloga marina estadounidense Rachel L. Carson alertó al mundo del peligro potencial del dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) sobre el medio ambiente y la salud, este insecticida organoclorado conoció el principio del fin de sus días.  En su libro Primavera silenciosa (1962), Carson sacó a la luz las primeras evidencias sobre los efectos de un pesticida y denunció que el sistema industrial carecía de información sobre cómo lo por él producido incide en la salud del consumidor.

La investigadora se basó en informes que demostraban que el DDT es liposoluble (se acumula en los tejidos grasos), persistente (tarda generaciones en desaparecer) y se “biomagnifica” a lo largo de la cadena alimentaria; es decir, a medida que se asciende en la cadena trófica sus concentraciones se acumulan y aumentan). A medida que los efectos para la salud empezaron a constatarse en la fauna salvaje, los investigadores en salud pública empezaron a estudiar cómo afectan los tóxicos reconocidos al ser humano.

Apareció una clara distinción entre los tóxicos con efecto inmediato y los capaces de acumularse en los tejidos y fraguar un efecto perverso a largo plazo. A finales del siglo pasado y a principios de éste los científicos suscitaron una serie de alertas de gran difusión mediática, como la crisis de los pollos belgas contaminados con dioxinas o la crisis de las vacas locas.

 CTP

Miquel Porta, catedrático de salud pública de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), culminó en el 2005 un informe titulado “Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes (CTP) en la población general española: información disponible y posibles estudios para un diagnóstico de la situación”; lo hizo en colaboración con un equipo pluridisciplinar y contando con el apoyo de distintas entidades públicas.  

En nuestro país, critica Porta, los datos relativos a CTP en personas son casi siempre fragmentarios, dispersos, poco accesibles, metodológicamente heterogéneos o débiles y, por tanto, a menudo de escasa validez externa y comprometido parangón, tanto los de diferentes periodos como los realizados en distintas zonas geográficas. “La vigilancia de salud pública acerca de las concentraciones de CTP debiera ser mucho más completa, representativa y regular en el tiempo”, sanciona el autor, quien apuesta decididamente por la colaboración entre universidades y administraciones públicas.

“Además de recabar información, los estudios debieran monitorizar de forma más regular y exhaustiva las concentraciones de CTP en personas, alimentos, aire y agua; asimismo, es prioritario ofrecer a la ciudadanía la información obtenida de forma comprensible, asequible y creíble.”

El informe de Porta advierte de muchos CTP que no están siendo valorados en su justa medida. Por ejemplo, subraya la necesidad de prestar mayor atención a la incorporación de nuevos compuestos como el metoxicloro, dicofol, endosulfan II, betahexaclorociclohexano (β-HCH) y vinclozolina. Por otro lado, tanto mirex como toxafeno, heptacloro y clordano “no deberían tener la consideración de prioritarios”, ya que actualmente sólo se cruzan en la cadena humana de forma muy accidental.

Respecto a los policlorobifenilos (PCB), el experto recomienda analizar siempre los más prevalentes tanto en personas como en el ambiente, y de las dioxinas y furanos tuvo en cuenta que su análisis es muy caro y conviene rentabilizar sus detecciones.  

En relación con los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), Porta destaca el papel del benzopireno, seguido de bisfenol A, éteres de polibromodifenil (PBDE), compuestos perfluorados u organoestánnicos y organomercuriados. Otros compuestos mencionados de forma tangencial son los ftalatos, organofosforados, carbamatos y residuos medicamentosos.

La tantas veces invisible toxicidad de estos compuestos, el número de personas potencialmente

expuestas a su contacto o ingestión, los efectos en la población general y su persistencia son, reclama Porta, razones de peso para encauzar una investigación formal.

Para Porta, las principales variables a incluir en un estudio de CTP son la edad, sexo, lugar y tiempo de residencia, índice de masa corporal (IMC), nivel educativo y ocupación. “Otras variables no imprescindibles, pero a menudo convenientes, son las relacionadas con los estilos de vida del individuo (dieta, hábitos tóxicos o actividad física).”

En España, el Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio de Estocolmo está liderado y coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente. Porta, sin embargo, considera imprescindible desarrollar más el diálogo entre las administraciones, la comunidad científica y el resto de la sociedad (asociaciones de consumidores, medios de comunicación). “Medir las concentraciones de los compuestos es imprescindible, pero no es suficiente; la concienciación y la acción necesitan este tipo de información, pero también necesitan diálogo social para encontrar soluciones que sean socialmente aceptables.”

 Controversia

La idea de Porta tiene en cuenta tanto la transparencia como la multidiciplinariedad. Los intereses medioambientales pueden chocar a menudo con los médicos, y las precauciones de determinados especialistas sobre el consumo de alimentos contaminados pueden chocar con el afán de consumirlos por que abogan otros, habida cuenta de su demostrado papel protector o disminuidor de riesgo para patologías harto extendidas.

Ejemplo de lo primero lo constituye el propio DDT. Médicos que trabajan en África en pleno contacto con la malaria y sus devastadoras consecuencias cuestionan el valor ético de prohibir una sustancia que, por más contaminante que haya demostrado ser, evita de forma eficaz la proliferación de mosquitos y permitiría una significativa reducción de muertes cada año.

Ejemplo de lo segundo son los atunes que cada vez acumulan más CTP potencialmente cancerígenos en sus tejidos y cuyos ácidos grasos omega-3, sin embargo, garantizan una prevención eficaz de la cardiopatía isquémica.

El DDT difícilmente volverá a resucitar de sus cenizas; el culto político a la sostenibilidad lo hace casi imposible. No obstante, los cardiólogos han ganado la partida a los oncólogos con el atún. El pescado puede acumular muchos tóxicos en sus carnes, pero tiene la virtud de evitar que las tasas de episodios cardiovasculares sigan al alza, acotando la primera causa de mortalidad que, por encima de los cánceres, abanderan los infartos.

 Reflexión

Han transcurrido 45 años desde que Carson y su Primavera silenciosa encendieran el fuego de la revolución medioambiental en nuestra cultura; pero científicos de aquí, como Porta, ponen en solfa una realidad acuciante: seguimos sin tener claro qué respiramos además de aire, qué bebemos además de agua o qué ingerimos además de comida. Lo que sea va consolidando en nuestro interior un poso del que bien pudieran esclarecerse los orígenes de mutaciones genéticas y enfermedades alérgicas, metabólicas o degenerativas.

Sabemos, lamentablemente, que a nuestras generaciones ya engendradas no hemos aportado solamente una información sintetizada en ADN, sino un cúmulo misterioso de venenos más o menos comprometedores que marcarán diferencias. Su identificación va siendo cada vez más necesaria, y así su estudio se hará imprescindible.     

9:25 | gestionado por Xavier Pujol Gebellí | Enviar comentario (1)