Enviado el jueves, 31 de mayo de 2007 10:36
¿Dónde acaba una
sedación terminal y dónde empieza una muerte clínicamente asistida (eutanasia)?
Jordi Montaner
En un editorial reciente del New England Journal of Medicine, Timothy E. Quill, director del Centro
de Ética, Humanidades y Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Rochester, NY, se formulaba esta misma pregunta a propósito de
un trabajo publicado por esa misma revista y que analizaba la evolución de la
eutanasia en Holanda durante los últimos cinco años.
Agnes
van der Heide
y colaboradores (Roterdam, Holanda) concluyen en su estudio que
la tasa de eutanasias ha experimentado un descenso en aquel país, debido,
afirman los autores, al uso creciente de sedantes más eficaces que los
empleados hasta ahora y que permiten paliar el sufrimiento de los pacientes sin
solución de continuidad.
Quill,
a su vez, hace hincapié en que ya no es necesario acelerar la muerte para
aliviar el sufrimiento y en que “estos hallazgos representan un cambio
importante de las tendencias de decidir poner fin a la vida fundadas en Holanda
entre 1990 y el 2001”
Aunque
la justicia holandesa no legalizó la eutanasia hasta el 2002, los médicos de
aquel país llevaban años asistiendo muertes sin ningún tipo de persecución
legal. Bélgica adoptó una ley similar a la holandesa cuando ésta entró en vigor,
siguió el ejemplo Suiza y, en Estados Unidos, sólo Oregón legalizó el suicidio
asistido en 1997. Se calcula, sin embargo, que únicamente una de cada mil
muertes producidas en aquel Estado guarda relación con la muerte ayudada.
La sedación terminal es legal en Estados
Unidos, pero sólo se usa como último recurso. En su editorial, Quill ve por
primera vez aplicable la experiencia holandesa en el contexto americano. Sin
embargo, los detractores de la eutanasia sostienen, precisamente, que la
posibilidad de usar sedantes mucho más potentes y eficaces permitirá a los
médicos inducir más muertes de forma explícita en lo que se ha dado en llamar la
“pendiente resbaladiza”. En cualquier caso, el estudio holandés halló que la
eutanasia estuvo detrás de sólo 17 de cada mil muertes en el 2005, la misma
tasa que en 1990. La tasa más alta dentro del periodo estudiado correspondió al
2001 (antes incluso de que la ley fuera aprobada), con 26 eutanasias por cada
mil muertes. La mayoría de los casos correspondió a un patrón de género
masculino, por debajo de los 80 años y con diagnóstico de cáncer.
En el 2001, la Administración del Reino Unido
decidió consultar la opinión de los geriatras al respecto. Sólo un 13% de los
galenos consultados dijo estar a favor de ayudar a morir activamente a los
pacientes terminales que solicitaran este recurso; por otro lado, un 68% se
negó a legalizar la eutanasia en los términos en que se ha legalizado en otros
países, contra un 24% a favor y un 8% indeciso.
La propia vida, un baluarte
“Negar la propiedad privada de nuestro propio
ser es la más grande de las mentiras culturales… Para una cultura que sacraliza
la propiedad privada de las cosas (…) es una aberración negar la propiedad más
privada de todas, nuestra patria y reino personal, nuestro cuerpo, vida y
conciencia, nuestro universo…” Desde su pequeño rincón gallego a la gran
pantalla, Ramón
Sampedro encendió en nuestro país el debate descarnado y desacralizado de
la eutanasia, reivindicando la autodeterminación del cuerpo “y lo que con él es”,
la vida y su conciencia.
Su testamento pilló a políticos y jueces un poco en
bolas. Años más tarde y mar adentro, algo se mueve. La Junta de Andalucía
atendió hace escasos meses el caso de la enfermera granadina Inmaculada
Echevarría con más decoro y, en Madrid, la asociación Jueces
para la Democracia (JpD) ha pedido abiertamente la despenalización de la
eutanasia. Subrayan los letrados de corte más progresista que se hace necesario
llevar a cabo las pertinentes reformas legislativas, dado que existe un “vacío
legal que no da respuesta a los numerosos interrogantes éticos y jurídicos que la
ciudadanía plantea” en este tema. Para ello,
abogan por reformar el Código Penal en lo relativo a la eutanasia, “dentro
de un marco de dignidad y libre voluntad de la persona, partiendo de que la
petición expresa y seria de morir de un ser humano debe ser atendida y su
consideración ha de sobreponerse a cualquier valoración positiva que pueda
merecer la continuidad de la vida”. JpD defiende asimismo que “la decisión de
poner término a la supervivencia artificial de un coma irreversible deberá
carecer de relevancia penal”; en otras palabras, quedar impune.
La posibilidad
de decidir cómo morir está contemplada en la Ley de Autonomía del Paciente del 2002,
amparando la discreta regulación del testamento vital que han llevado a cabo
algunas autonomías del país. Sin embargo, dicho testamento tiene más de lírico
que de épico, habida cuenta de que en él sólo se puede indicar si se quiere o
no ser sometido a determinados tratamientos, sin aludir a una ayuda clínica
para la eutanasia, que sigue estando penalizada en este país. El artículo 143 del Código Penal castiga con penas de hata cinco años de prisión a quien
"coopere con actos necesarios al suicidio de una persona" y de hasta
diez si la cooperación "llegara hasta el punto de ejecutar la
muerte". Pero incluso en la ley no cejan ambigüedades; el mismo artículo contempla
una rebaja de la pena en uno o dos grados para quien "causara o cooperara
activamente" con actos directos en la muerte de otro, a petición expresa e
inequívoca de éste y en caso de enfermedad incurable o que causa "graves
padecimientos permanentes y difíciles de soportar".
Más de la mitad de
las muertes registradas en España tiene lugar en un hospital o centro médico,
pero sólo una quinta parte lo hace en una UVI equipada con cuidados paliativos.
Dicho de otro modo, la mayoría de los españoles y españolas fallece en
circunstancias inhábiles para gestionar una agonía médicamente correcta. El
también reciente caso de Terri
Schiavo en Estados Unidos ilustra hasta qué punto la medicina puede mantener
vivo el cuerpo de una mujer muerta; no obstante, un estudio del Hospital General de Especialidades de Almería
publicado en la Revista Española de Geriatría y Gerontología arroja ciertas sombras a la comprensible testarudez
científica de ahorrar muertes: "La asistencia al moribundo es
claramente mejorable. En la mayoría de los casos la autonomía es usurpada por
un paternalismo bien intencionado. La información proporcionada al paciente fue
casi nula e imperó el secretismo. Los pacientes deseaban alivio y se les
ofreció tecnología invasiva. Detectamos una actitud neutral, abandono o cierta
indiferencia ante el último y mayor sufrimiento humano…”
Sin hacer ruido, no pocos médicos españoles
reconocen haber sido requeridos para administrar tratamientos capaces de
interrumpir la vida a pacientes terminales, y aseguran que, cuando los
pacientes tienen bien controlados los síntomas, las demandas de eutanasia son
mínimas.
En voz alta, reivindican una muerte digna para todos, en el sentido de
que los cuidados paliativos se hagan extensibles al total de los enfermos y no
sólo a una quinta parte. En voz baja, reconocen que acabar con una vida que
sufre de forma clínicamente correcta es siempre mejor que tirarse al tren,
abrirse las sienes con una bala o incluso sorber un mejunje casero con cianuro
ante una cámara de vídeo y dirigir al mundo entero un guiño de complicidad…
Todos nos morimos. Preferimos ignorar cómo ni por cuánto tiempo, pero la
medicina y la ley pueden y deben asistirnos tanto en la vida como en la muerte,
sin callar ni mirar a otro lado.
Medicina y ley están llamadas a lidiar con la
eutanasia en situaciones embarazosas, pero lidiarán mejor en la plaza que desde
el burladero. La muerte se negocia mejor a corta distancia, en el cuerpo a
cuerpo, en la mirada silenciosa y el abrazo. Su secreto es aún más viejo que la
vida.