La obesidad ha movilizado a numerosos investigadores, autoridades sanitarias de todo el mundo y organizaciones internacionales. Con al menos 400 millones de afectados en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, atajar su avance es el objetivo de los principales responsables sanitarios y políticos, ya sea a golpe de reglamento o en raciones de campañas de información.

MARTA CHAVARRÍAS

Nada fácil si se cumplen las expectativas avanzadas por un grupo de expertos de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EEUU) según las cuales para el año 2020 la cifra de obesos en el mundo podría llegar a las 2.000 millones de personas. En Nueva York, una de las ciudades con más afectados, los restaurantes deberán cumplir a partir de julio con la ley que prohíbe el uso de aceites o productos que contengan grasas hidrogenadas, las denominadas grasas trans, que los expertos llevan vinculando desde hace tiempo con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y para las que proponen desterrarlas de la alimentación.

Pero, ¿quién tiene realmente la culpa de este aumento? Más que las menospreciadas grasas trans, las patatas fritas, los bollos o las bebidas gaseosas, la alimentación es una opción personal, ¿o es que no elige cada uno lo que quiere o lo que da de comer? Otra cosa es que la elección sea la más sana, y que factores como el genético o el ambiental no se giren en contra de uno mismo. Pese a todo se han iniciado infinidad de acciones, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a facilitar el acceso a alimentos más “sanos”, a favorecer la comprensión de la información nutricional de los alimentos y a informar sobre cuál es la dieta más recomendable a seguir.

En España, por ejemplo, numerosas campañas e iniciativas favorecen unos hábitos alimentarios sanos, como la estrategia NAOS de prevención de la obesidad, iniciada en 2005 y dirigida sobre todo a la población infantil y adolescente. En sólo un año de funcionamiento, los responsables, no sólo las autoridades sanitarias sino también numerosas organizaciones, más de 80, aseguran haber mejorado los menús escolares (que sin quererlo han acabado siendo uno de los sectores en los que más se ha intervenido), reducido los niveles de grasas, azúcares y sal en alimentos. La duda es si el consumidor entiende lo que le están diciendo y contra lo que le están previniendo.

De cualquier manera, asumir los retos para acabar con la tendencia de la obesidad no es nada fácil. En ello está el Programa de acción en el ámbito de la salud pública de la Unión Europea (2003-2008), que incluye el Libro Verde, una iniciativa que adopta la forma de consulta destinada a obtener opiniones y fomentar el debate sobre las medidas más eficaces para impulsar una alimentación sana y la práctica de ejercicio físico. No se escapa de esta labor la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas inglesas), cuyo asesoramiento científico debe ayudar, por ejemplo, a conocer el consumo recomendado de nutrientes o los efectos de la alimentación en la salud. A petición de la OMS, la UE finalizaba el año 2006 con la aprobación de una carta en la que los países miembros se comprometen, en los próximos 4-5 años, reducir los casos de obesidad, especialmente entre la población infantil.

Y es que la obesidad ha pasado de ser responsabilidad de cada uno a ser responsabilidad de todos desde que, tras un intenso debate entre científicos, grupos de consumidores, organismos internacionales, farmacéuticas y un sinfín de “accionistas” más, se decidieran a declarar la obesidad como enfermedad, hace unos 50 años. Pero es que escaparse de esta epidemia parecía hasta hace poco relativamente fácil: una dieta adecuada en la que no faltaran sobre todo ni frutas, ni verduras, y hacer un poco de ejercicio diario bastaban (y bastan) para no alcanzar unos quilos de mucho más. La prevención, no sólo la socio-sanitaria, sino también la económica, juega un papel determinante en todo el elenco de acciones que se están llevando a cabo. Una acción que ayudaría a reducir el 7% del gasto sanitario global español que se destina a combatir la obesidad y del 2% al 8% en la Unión Europea . Una carga económica nada despreciable que los sistemas sanitarios quizás no puedan soportar si se mantiene la tendencia al alza de las enfermedades asociadas a la obesidad (diabetes tipo 2, hipertensión, patologías cardiovasculares y complicaciones hepáticas).