La prometida Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Actividad Científica, la base sobre la que el Gobierno pretende edificar el sistema español de I+D, se demorará al menos hasta 2007
La noticia viene fechada por la agencia de noticias EFE en un despacho del día 14 de septiembre. La nota recoge declaraciones de la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús Sansegundo, en relación con la puesta en marcha de un instrumento de financiación que dote mayor flexibilidad, agilidad y calidad al sistema español de ciencia y tecnología. Las declaraciones se producen casi siete meses después de su anuncio más o menos formal [la constitución de un instrumento de financiación en forma de agencia o en forma de oficina o en cualquier otro formato fue admitida como plausible por la ministra en febrero, aunque viene valorándose desde distintos estamentos del mismo ministerio al menos desde agosto de 2004].
La ministra recuerda a EFE que la puesta en marcha de la agencia, a la que cita con el nombre de 'Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Actividad Científica', forma parte de los compromisos electorales del PSOE y que se trata de una «institución nueva, para hacer las mejores cosas en el sistema de Ciencia y Tecnología». En especial, destaca Sansegundo, «convocatorias competitivas, incentivación a la formación de grupos potentes, relación entre distintos grupos de investigación y proyección internacional de éstos».
Del mismo modo, según recoge EFE, la agencia debe dotar de «mayor flexibilidad al sistema», así como identificar y potenciar las áreas de mayor fortaleza y, se intuye por las declaraciones, aquellas que puedan ser consideradas de interés estratégico para el país.
La Agencia, afirma Sansegundo, «se está definiendo» en estos momentos. La previsión de la ministra es que sea operativa en 2007. Mientras, se seguirá trabajando «con las instituciones conocidas y con los procedimientos establecidos». Es decir, que todo seguirá poco más o menos igual hasta que la Agencia entre en funcionamiento.
Una legislatura, una Agencia
Si se cumplen las previsiones, una de las grandes promesas electorales del PSOE, la de revitalizar el sistema español de ciencia y tecnología, tendrá listo uno de sus puntales al final de la presente legislatura. Habrán sido cuatro años que podrían transformarse en seis si su aprobación coincide con el periodo preelectoral y si, como suele suceder en estos casos, las prioridades sobre las que trabaje el gobierno, y los líos en los que se enzarcen los partidos políticos diversos, se orienten en otras direcciones.
Supongamos, no obstante, que no va a ser así y que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y Ciencia, mantiene sus previsiones. Entre que arranca la Agencia, se la dota económicamente y empieza a adquirir la inercia necesaria, es previsible que, como mínimo, transcurran un par de ejercicios. Por tanto, entre el momento en que se formuló la promesa electoral y el que la Agencia opere a pleno rendimiento podrían haber pasado la friolera de 2190 días. Por lo menos.
Olvidémonos de las cuentas, que siempre pueden fallar, y vayamos al concepto, que es lo que de verdad importa. Interesa, en primera instancia, analizar ese «se está definiendo» con el que Sansegundo explica el momento actual de la Agencia. Varias son las preguntas que podrían formularse al respecto. Por ejemplo: ¿Quién está definiendo la Agencia? ¿Con qué criterios? ¿Bajo qué formato? ¿Cuál es el modelo? ¿Sabe la comunidad científica -o alguno de sus interlocutores- qué es lo que se está cociendo? ¿A quien va a dar cobertura -va a financiar- la futura Agencia? ¿Van los pasos que se están dando encaminados a su constitución -en 2007 o cuando sea?
Es de suponer que todas estas preguntas, y muchas otras que puedan surgir, van a obtener respuesta a lo largo del tiempo en el que la Agencia se estará «definiendo». Mientras, el CSIC acaba de ser incorporado formalmente al paquete de instituciones que prevén adaptar las disposiciones de la nueva Ley de Agencias en trámite ahora mismo. En ese paquete nada consta de la futura agencia de financiación.
Incomodidad
Si a nivel formal nadie lo admite, entre pasillos y con la voz baja, como temiendo que alguien pudiera escuchar, se sabe, porque así ha trascendido, que la formulación del sistema de ciencia y tecnología en forma de agencias dotadas de mayor o menor independencia es algo que incomoda a la clase política. No sólo a la instalada ahora mismo en el gobierno, sino también a la que se encuentra en la oposición. De algún modo se teme perder el control sobre algo que, en un futuro, pudiera ser materia sensible y, por consiguiente, también arma arrojadiza en las declaraciones parlamentarias o mediáticas.
Sea ésta o cualquier otra la razón, el caso es que hablar de agencias que requieren de la coordinación interministerial y de la asignación de fondos específicos que escaparían del control habitual de los políticos no acaba de gustar. Tampoco parece que guste hablar demasiado sobre cómo organizar el sistema.
Recientemente, un grupo reducido de científicos fueron llamados a Moncloa para empezar presuntamente a debatir los puntos débiles y fuertes del sistema. Se les informó, por boca de miembros del Ministerio de Presidencia, que 2006 iba a ser el gran año de la ciencia en España y que, durante el próximo ejercicio, iba a redactarse una nueva Ley de la Ciencia. Así mismo se les comunicó la previsión de un incremento del 27% de los presupuestos destinados al sistema. De la Agencia, ni mu.
Por lo que ha podido saberse, el escepticismo fue la nota dominante entre los científicos. Sobre los presupuestos insistieron en la necesidad de invertir dinero fresco en la 'I' de investigación. Es decir, aportar ese 27% al Plan Nacional (si es que todavía se llama así). Si se destina a la 'i' de innovación se corre el riesgo que, como ha sucedido estas últimas convocatorias, un montón de dinero se quede guardado en la caja. No hay que olvidar que se trata de créditos. Y por más favorables que sean, algún día habrá que devolverlos. Un sistema que pretenda fundamentar su financiación con dinero reembolsable no es demasiado creíble.
En cuanto a la futura ley la pregunta fue inequívoca: ¿qué va a ocurrir mientras no se redacta, se debate en Cortes, se aprueba y finalmente se desarrolla el reglamento? ¿Va a significar dilatar el periodo de parón? Los científicos, a la espera de una respuesta más clara, respondieron con cierta contundencia (ya era hora). Según parece, señalaron a los representantes del gobierno que el periodo de gracia, o el tiempo de silencio o sin protestas manifiestas, se había agotado. Difícilmente podrán apaciguarse los ánimos y evitar que surjan conflictos si continúan dilatándose las acciones a tomar. Si esa fue la respuesta, la pelota está ahora mismo en el tejado del gobierno. Y, aunque no se lo crean, también en el del resto de partidos políticos.