El Ministerio de Educación y Ciencia ha dado recientemente como cierta la intención de promover una «Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva de la Actividad Científica». ¿Será verdad del todo?

El anuncio tuvo lugar el pasado mes de Julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y el portavoz de la noticia, que pasó francamente desapercibida, fue Salvador Barberà, secretario general de Política Científica y Tecnológica. La constitución del nuevo organismo, según se dedujo de sus palabras, se enmarcaría en la futura Ley de Agencias y coincidiría en el tiempo con la transformación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El plazo previsto se situaría entre año y medio o dos, según declaró Barberà en Santander.

La puesta en marcha de una agencia de financiación de la investigación es un sueño largamente perseguido por la comunidad científica. La forma que debe adoptar es, sin embargo, todavía un misterio y es probable que sea fuente de controversias en un futuro próximo. No sólo por la forma: también el modelo y el alcance que debería tener son objeto de discusión. No en vano en el fondo del debate subyacen estructuras legales y organizativas que con el paso del tiempo se han vuelto obsoletas para la gestión de las ciencias emergentes y la ya consabida falta endémica de inversión suficiente, tanto pública como especialmente privada. A ello cabría añadir algún que otro fracaso y actitudes demasiado dubitativas por parte de todos los agentes.

Flexibilidad, agilidad y modelos

En opinión de una parte nada despreciable de la comunidad científica, la puesta en marcha de una agencia de financiación podría contribuir a solucionar una proporción considerable de los problemas estructurales que arrastra el sistema español de ciencia y tecnología. Aunque no todos, por supuesto. El éxito de una iniciativa de este calado depende, además de que la agencia demuestre su eficacia, de otras medidas de acompañamiento. Entre ellas, la definición de una carrera científica profesional acorde con la de los países más competitivos de nuestro entorno, un enganche real con las estructuras europeas, una promoción efectiva y convincente de la investigación privada y, ineludiblemente, de la creación de las estructuras e infraestructuras necesarias para desarrollar ciencia de calidad. Nada de eso, como es bien sabido, se hace sin dinero. Habrá que decirlo, no obstante, de otro modo: la agencia nacerá coja y con pocas o nulas posibilidades de éxito si no forma parte de una profunda revisión del sistema.

En años precedentes los científicos de este país han asistido, con ilusión primero y gran decepción después, al anuncio de grandes iniciativas que se han saldado con enormes fracasos. Tres casos recientes ilustran el estado del arte: la puesta en marcha de la Fundación Genoma, lastrada de saque por una pésima financiación y un interés gubernamental puramente mediático; la FECYT, anunciada a bombo y platillo por el anterior presidente del gobierno, José María Aznar, como el baluarte del sistema y hoy convertida en un centro más de estudios supuestamente estratégicos; y sobre todo el «casi-no-nacido» Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Sobre este último se habían depositado grandes esperanzas. Todas ellas frustradas. Con la perspectiva que da el tiempo, está claro que era el concepto lo que merecía la pena. Pero mal puede andar un concepto si arrastra consigo indefiniciones, problemas presupuestarios, objetivos demasiado difusos o incluso alejados de la filosofía que debiera impregnar sus acciones y, por encima de todo, el pesado lastre de estructuras ministeriales poco dadas a la labor de recomponer el sistema.

El paso siguiente, bien es sabido, ha sido un regreso estructural al pasado. Un pasado que sólo funcionó bien durante un ya lejano lustro y medio en la década de los ochenta y que reclama a gritos una actualización. La puesta al día, aunque sea con la mejor de las voluntades, difícilmente se va a conseguir metiendo parches al sistema y manteniendo la descoordinación ministerial, y por tanto de objetivos, como principal signo de identidad. Definitivamente, si la Agencia prometida nace como un parche más, sus posibilidades de éxito real se verán mermadas.

Discursos, dinero y voluntad

Los discursos que saludaron el nacimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y posteriormente de la FECYT, estaban cargados de buenas intenciones. Al menos teóricamente. De haber cumplido el Gobierno con sus promesas, hoy probablemente otro gallo cantaría. De hecho, es con lo único que se conformaban los científicos por aquel entonces.

La desmantelación del antiguo ministerio para dar paso a la nueva estructura también se ha acompañado de sabrosos discursos. Como en la etapa anterior, las promesas han abundado. Las realidades, sin embargo, están siendo más coyunturales que estructurales. Y no ceja el presidente en sus promesas. La más reciente es el «Compromiso Ingenio 2010», según el cual debería alcanzarse la cifra de inversión en I+D del 2% en 2010. Significarían entre 19.000 y 20.000 millones de euros de inversión anuales, a los que se llegaría con incrementos públicos del 25% anual, además de lo que añada el sector privado.

Como promesa no está mal. Pero debe recordársele al Gobierno que en su primer año de mandato sólo se alcanzó la cifra del 25% tras un hábil ejercicio de ingeniería financiera en la que se computaban como inversión cifras que corresponden a créditos reembolsables. De nuevo, la coyuntura. Veremos qué ocurre este año: los rumores no son positivos, de momento.

En cuanto a la prometida Agencia, habrá que decidir con qué fondos se la dota, qué mecanismos de evaluación incorpora, qué o a quien financia y cómo evita duplicidades innecesarias, es decir, cómo se coordina y con quien se coordina. Por otra parte si de lo que se trata es de suplir estructuras ya existentes, quizás no sea necesaria; si lo que se pretende es añadir una estructura más que compita con las ya actuales, igual habría que revisar el concepto; y si lo que se quiere es rebautizar (dar un baño de pintura) lo que hay (CSIC, Instituto de Salud Carlos III, gobiernos autónomos, ministerios diversos), tal vez haya más ruido que nueces.

Así, pues, digámoslo sin ambages: reúnanse, señores del gobierno. Creen una estructura profesional y con profesionales para que definan las mejores opciones; hagan un debate abierto y público de las ventajas e inconvenientes de cada modelo; y, por favor: sean ambiciosos. Si se creen de verdad que la ciencia y la tecnología, la sociedad y la economía del conocimiento, deben ser nuestros motores de futuro, háganlo. Lo demás son tonterías.