España inicia su batalla legal contra el tabaco

Escribo estas líneas mientras enciendo un pitillo. Quien sabe si será el último: el Consejo de Ministros tiene previsto firmar hoy el Proyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo. Si antes me sentía incómodo, a partir de ahora me sentiré vigilado, casi un delincuente.

Ignoro si esta es la mejor forma de proceder para conseguir una reducción efectiva del hábito tabáquico. Si sé, y las estadísticas lo prueban, que en aquellos países donde se han iniciado campañas para frenar el consumo de cigarrillos a partir de la determinación de zonas libres de humo, ha habido éxitos importantes. Estados Unidos -para ser precisos, algunos de los estados de Estados Unidos- han rebajado de forma drástica el humo de los fumadores en lugares públicos, desde centros de trabajo hasta puntos de ocio, incluidos bares y restaurantes. No sólo eso: en determinadas ciudades se establecen «perímetros de seguridad» alrededor de empresas. En ellas no es posible fumar a menos de una distancia considerable de la puerta de entrada.

A estas prohibiciones las autoridades sanitarias estadounidenses han añadido una intensa campaña social en la que científicos, médicos y personajes públicos han participado de la promoción de los beneficios de una vida sin tabaco. Las sentencias judiciales contrarias a las grandes compañías tabaqueras y el aplauso público a quienes muestran su agresividad contra los fumadores, han hecho el resto. Basta darse un garbeo (quien tenga la posibilidad) por alguna de las grandes ciudades americanas para darse cuenta de hasta qué punto puede hablarse de éxito en esta particular cruzada: cinco años atrás era frecuente toparse con grupos de fumadores en plena calle ante ceniceros enormes; hoy las cifras se han reducido significativamente.

¿Va a pasar lo mismo en España? Quien sabe. El proyecto de ley prevé penalizaciones tanto para el fumador como para el administrador del local en el que se permita fumar (como local cabe entender desde un aeropuerto hasta un pub). Visto así, podría entenderse que se trata de criminalizar un acto respecto al que no hace tantos años no sólo era bien visto sino incluso fomentado por instrumentos pertenecientes al propio gobierno.

No soy partidario de criminalizar el tabaco. Sé perfectamente cuales son sus daños potenciales: enfermedad obstructiva crónica (EPOC), cáncer de pulmón, alteraciones cardiorespiratorias, riesgo cardiovascular elevado. Todas ellas son más que suficientes para que uno le coja miedo al primer cigarrillo. De hecho, el humo es responsable de gran número de patologías y riesgos evitables con una buena educación sanitaria. Pero también con una buena actitud política y valentía industrial, además de una adecuada atención médico-social. Ello implica investigación, medios y coherencia.

De entrada: hay que evitar que se entre en el hábito tabáquico. La tarea parece difícil si lo único que se restringe son los puntos donde se puede fumar. Hay que actuar decididamente contra la publicidad, mucho más presente de lo que sería razonable; y también contra las empresas productoras o comercializadoras de cigarrillos. Es un contrasentido luchar contra el tabaco con la mano izquierda y facilitar el desarrollo y la ganancia de beneficios de las empresas tabaqueras con la derecha.

Lo segundo: fumar es barato, al menos en España. Y si no, que se lo pregunten a los franceses, que organizan excursiones de fin de semana para traerse tabaco desde puntos cercanos a la frontera. Si hay que incrementar los costes para situarnos en la media europea, ¿quien va a beneficiarse del aumento? Si han de ser las propias empresas, mal negocio haremos.

Lo tercero: en la sanidad pública las unidades anti-tabaco asistidas por profesionales escasean. De todos es sabido que la nicotina y otros productos del abaco generan dependencia física (la menor) y psicológica (la mayor). En no pocos casos se requiere ayuda profesional para abandonar el hábito. Quiero pensar que el proyecto de ley va a potenciar esta asistencia la cual, todo sea dicho de paso, aunque cueste un dinero va a ser muy inferior a los costes asociados a las patologías asociadas al tabaco.

Y lo cuarto: Rafael Maldonado, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha conseguido que los Institutos de Salud de Estados Unidos (NIH) nviertan alrededor de un millón de dólares en un proyecto de investigación para determinar los genes implicados en la adicción a la nicotina. Nada que objetar a los NIH y al investigador español. La pregunta es: si vamos a erradicar el tabaco en España, ¿alguien de este país va a promocionar la investigación básica en este campo para conseguir este objetivo?

Ya ven: soy de los que creen que el humo es de todos. De los que fumamos porque el divertimento del primer cigarrillo se ha transformado en conducta compulsiva en forma de adicción (a eso se le llama enfermedad); de las instituciones sanitarias para ayudar a vencer el hábito; de las instituciones científicas para entender mejor sus bases bioquímicas y moleculares; y del gobierno para combatir a quienes facilitan la entrada en la enfermedad. Actuar sólo con medios policiales sería poco menos que convertirse en cómplice. O peor, en un cínico poco creíble.