Sobre la Ley contra la piratería
LA LEY ANTIPIRATERÍA AGRADA LAS PRODUCTORAS Y OFENDE A LOS INTERNAUTAS
La ley promulgada recientemente por el Ministerio de Cultura contra la piratería no agrada por igual a todo el mundo. Mientras que autores y productores la aplauden, los sectores más progresistas de Internet la repudian.
Algo debe estar haciéndose mal cuando una ley, demandada largamente por unos como una medida de protección, acaba generando tantas y tan airadas respuestas de desaprobación como la promulgada recientemente por los responsables del Ministerio de Cultura en contra de la piratería. La ley, denominada «Plan Integral en Defensa de la Propiedad Intelectual», incorpora medidas específicas y urgentes contra el 'top manta' y las descargas ilegales en Internet.
Entre otros aspectos, la puesta en marcha del plan autorizará al fiscal general del Estado a actuar contra «delitos contra la propiedad intelectual». Asimismo, prevé la creación de un grupo policial especializado, la definición de «instrumentos» para combatir la piratería en Internet y el fomento de «la autorregulación». En opinión de la ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, el plan debe ayudar a revertir la situación de la industria musical y del cine, las cuales están «literalmente tirados por los suelos», según dijo. La ley había venido siendo reclamada con insistencia precisamente por estos sectores por el desamparo que entienden que padecen con la irrupción de nuevas tecnologías de la información.
Discrepancias
De unos años a esta parte la conflictividad entre los avances en telecomunicaciones e informática y la industria musical y cinematográfica no ha dejado de crecer. De todos son conocidas las denuncias que se han venido produciendo en estos últimos años por la descarga de música en Internet y por la venta cada vez mayor de copias ilegales de discos y películas.
No sin razón, autores y productores han reiterado su protesta al ver menoscabados sus derechos y, sobre todo, reducidos sus beneficios. La adopción de medidas policiales, sin embargo, no parece ser la mejor de las soluciones posibles al conflicto. Así lo entienden un buen número de profesionales de la información que ejercen su labor en la Red. Desde este sector se entiende que el problema deriva de un cambio de ciclo o, mejor, de un cambio de modelo que está afectando a la industria cultural.
Algunas de estas opiniones merecen ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, Juan Varela, autor de unos de los weblogs actualmente de culto en la red, Periodistas 21, escribe: «No somos piratas. Queremos y respetamos a la cultura. La hacemos todos los días. Componemos, escribimos, hablamos, citamos, fotografiamos, pintamos, reconocemos los derechos de los demás. Compartimos nuestros derechos con licencias de uso abierto. Probamos para elegir y compramos lo que nos gusta y nos parece de calidad. Vamos a conciertos y a museos, a pie o virtuales. Vemos cine a raudales, en butaca tradicional, en la tele, en vídeo, en DVD, en el ordenador. Leemos, leemos y escuchamos.» La cita está extraída de su post «Contra la piratería y el enredo» colgado el pasado viernes en su blog.
Cuando ya se conocían las intenciones del Gobierno y era inminente la aprobación del Plan, el propio Varela escribía: «Falta reflexión sobre esta sociedad y estos ciudadanos que consumen más música, cine e información y entretenimiento de todo tipo a través de los medios digitales y sociales. Sobra codicia».
Puertas al campo
Desde culturalibre.org se distribuye el «Manifiesto por la liberalización de la cultura». En absoluto puede tildarse este documento como anticultural o contracorriente. Las adhesiones que ha recibido hasta la fecha revelan que lo que se defiende va más allá de la protesta por la protesta. Entre otros aspectos, el manifiesto llama la atención sobre «la demonización» del libre acceso a la información desde la red, los «abusivos» derechos de autor y a la «degradación de la cultura» a un mero elemento de consumo.
Los detractores de la Ley, entre los que se cuenta el que suscribe, entienden que hay que avanzar hacia un nuevo modelo de relaciones económicas entre autores y acceso a los contenidos y no, por el contrario, instaurar medidas policiales y cargar contra el avance tecnológico.
Este, finalmente, es el punto central: la tecnología y sus usos, como de costumbre, han pillado por sorpresa a legisladores y a la industria. Incapaces de acomodarse a los nuevos tiempos, insisten en poner puertas al campo y en desoír lo que es ya una tendencia imparable. Algunos lo han visto ya y han empezado a desarrollar productos que racionalizan el acceso a contenidos. Bien estaría que el legislador español y el gobierno al que sirve se fijara en lo que demanda la sociedad y en las alternativas que ella misma plantea en lugar de perseguir policialmente a inmigrantes que se ganan la vida con el 'top manta'. Si no, a la postre se acabará haciendo el juego a las mafias de siempre y a los poderes económicos ya establecidos. Nada hay más anticultural que esto.