La desgracia de los 222 del FIS

Hace poco más de seis años, el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) (dependiente del Instituto de Salud Carlos III) publicó una convocatoria tan sorprendente como bienvenida. En esencia, venía a plantear la posibilidad de incorporar investigadores básicos bajo contrato en hospitales de la red pública. Aunque entonces no se denominaba así, subyacía la idea de promover la investigación traslacional e instaurar ciencia básica tan cerca como fuera posible de la aplicada.

Las convocatorias que desde entonces se han ido sucediendo han sido restringidas en número. Al fin y al cabo, se trataba de algo parecido a una «incorporación experimental». El compromiso adquirido por la Administración, que no consta en los contratos aunque sí en las hemerotecas, era que los centros de acogida iban a hacerse cargo, previa evaluación de resultados, de los investigadores y de las líneas científicas desarrolladas.

Ha pasado el tiempo y, por lo que parece, los hospitales que debían hacerse cargo de los proyectos iniciados han hecho suya esa expresión tan tópica que reza: «donde dije digo, digo Diego». No ocurre en todos los casos, pero sí en una mayoría escandalosa.

Transcurrido el tiempo del contrato, de seis años de duración, los primeros investigadores contratados por el FIS han visto lo que en absoluto deseaban: los hospitales a los que estaban adscritos no asumen su continuidad y la Administración todavía no ha propuesto nada específico para ellos. En estos momentos, a los primeros que les ha vencido el contrato andan de solución provisional hasta final de año. Para entonces se verá qué ocurre con ellos.

El problema es que no se trata tan sólo de casos individuales. Detrás de cada uno de estos investigadores cuelga un proyecto, becarios y relaciones internacionales, además de resultados que podrían ser de interés en biomedicina y en clínica. Los hay en células madre, en enfermedades neurodegenerativas, en infecciosas y en metabólicas, entre otras muchas. Si estos investigadores se van a la calle, lo mismo ocurrirá con sus proyectos. La Administración habrá perdido lastimosamente tiempo y dinero.

La solución provisional que se ha adoptado es prolongar los contratos de los primeros damnificados hasta finales de año. Para entonces se espera ener lista una propuesta para los científicos contratados en el programa Ramón y Cajal. De algún modo, se unificarían los criterios para los dos grupos. De ahí que a los contratados FIS se les llame, quien sabe si con cierta dosis de cinismo, «los pequeños cajalines».

Es obvio que hay similitudes entre ambos grupos. Las hay en el planteamiento y, por lo que parece, en la resolución del conflicto generado con respecto a su continuidad. Pero también hay agravios. Durante el tiempo en que los «cajalines» han estado trabajando, sus condiciones han rozado la precariedad. Y su posibilidad de crecimiento como grupo y de expansión de sus proyectos, se han visto enormemente limitadas. Salvo excepciones, a ninguno de los integrados en este progama se les ha dado la oportunidad de brillar adecuadamente.

Hay 222 investigadores en estas condiciones. Alguien debería preocuparse por ellos. Si tienen calidad y talento, debería ofrecérseles la posibilidad de desarrollar con garantías y medios sus propuestas científicas. Si de verdad importa la investigación traslacional, una de las modalidades de mayor expansión en biomedicina, la solución definitiva a este conflicto particular debería servir de modelo para el futuro.